Imaginemos, por un momento, que un grupo de diputados propusiera intervenir en los planes de estudio de las universidades públicas, imponiendo qué carreras, contenidos o ideologías deben enseñarse y prohibiendo aquellas materias y profesores que no se alineen con su visión ideológica o política. Esto sería un flagrante atropello a la libertad de cátedra, un principio que garantiza a los académicos la independencia de enseñanza y de investigación.

En efecto, la libertad de cátedra es el pilar esencial que protege el derecho a enseñar sin ataduras ideológicas y a formar ciudadanos críticos, capaces de pensar por sí mismos y cuestionar el mundo que los rodea. En una sociedad democrática como la nuestra, sería inconcebible que algunos legisladores, por desinformación, incurrieran en semejante falta.

Si bien las instituciones universitarias, en virtud de su autonomía, tienen el derecho de definir su orientación académica y establecer sus propias normas internas, ¿por qué cuesta tanto entender que la Iglesia, como institución social que es, también posee una normativa propia, que, a la luz de libertad religiosa y el respeto a las creencias más profundas de cada persona, debe ser custodiada por el mismo Estado?

Al igual que ocurre en el ámbito académico, la autonomía de la Iglesia, obviamente dentro del marco de la ley, le permite actuar de acuerdo con su fe y doctrina, sin que éstas se vean comprometidas por imposiciones políticas que puedan alterar su identidad fundamental.

El sigilo sacramental, por ejemplo, es una práctica fundamental y específica dentro de la Iglesia Católica, que protege la privacidad y la libertad de conciencia de los fieles.

Por eso, cualquier intento de violarlo representa un grave atentado a la libertad religiosa, ya que implica una intervención inaceptable en los principios esenciales de la fe.

Es igualmente grave que para avanzar en semejante ataque se presente el noble argumento de la protección de los menores, un área en la que la Iglesia está profundamente comprometida y trabaja activamente para prevenir cualquier perjuicio.

Comunicado de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Desde el 1 de noviembre el país ha sufrido intensas y prolongadas lluvias producidas por la concatenación de varios fenómenos hidrometeorológicos, a saber, la Influencia indirecta del Huracán Rafael, inestabilidad Atmosférica por Zona de Convergencia Intertropical y paso de Onda Tropical N.º 45, lo cual, tras diversas alarmas amarillas, naranjas y rojas a lo largo y ancho del país a llevado al Gobierno de la República a declarar estado de emergencia nacional. Así consta en el decreto ejecutivo N. 44754-MP.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con las dos familias que han perdido seres queridos, las muchas que han estado en albergues temporales y las que continúan en ellos, las que han sufrido el daño en sus viviendas y enseres, así como los agricultores que han experimentado la pérdida de sus cultivos y la afectación a sus ganados. Sentimos dolor por los niños que no acurden a los comedores escolares mientras perdura el cierre provisional de los centros educativos. Lamentamos mucho el trastorno para las tareas productivas y comerciales, así como de urgencias domésticas por el cierre de caminos y carreteras.

Apreciamos y felicitamos por su servicio en la actual crisis al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Costa Rica y sus diversas instancias: la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), los comités municipales y locales de emergencias y todas las entidades que los conforman, los comités asesores y otras. Les animamos a mantener la mística y la generosidad en las diversas fases de la atención a la presente emergencia, prestando atención especial a las personas con mayores vulnerabilidades, como los niños; las mujeres, especialmente a las gestantes; las personas adultas mayores; las personas con discapacidad; las personas en situación migratoria tanto regular como irregular; las personas en situación de calle; las personas con afecciones de salud diversas.

Agradecemos profundamente la labor solidaria de la Pastoral Social Caritas en sus diversas instancias nacional, diocesanas y parroquiales que están sirviendo solidariamente en el apoyo a la atención de las personas en albergues temporales, así como a aquellas que no han abandonado sus casas, además de sus mascotas y otros animales. Especialmente agradecemos a los sacerdotes y agentes de pastoral que están brindando apoyo emocional a las personas afligidas por esta emergencia. Animamos a los grupos de pastoral social parroquial y equipos diocesanos a estar en contacto y al servicio de los comités cantonales y locales de emergencias. Le pedimos a la comunidad católica y a la población en general estar atentos a los llamados que se estarán haciendo en los próximos días acerca de las formas de cooperar en el proceso de respuesta y recuperación en esta emergencia.

Hacemos un llamado a las diversas entidades públicas que se abocarán en las siguientes semanas a la evaluación de daños y a la formulación de proyectos de recuperación, según lo ordena la legislación, a que presten toda la atención a las familias que tras esta emergencia verán agravada su situación de pobreza, así como a los pequeños y medianos productores agropecuarios, especialmente los muchos que carecen de seguros de cosecha. Ellos necesitarán asistencia financiera y técnica para su recuperación, así como para la alimentación de sus familias en el transcurso de su reactivación económica.

En el contexto del Sínodo de la Sinodalidad, este domingo 20 de octubre, el Papa Francisco canonizará varios beatos que, en adelante, serán santos en la Iglesia Universal. Durante este día, la Iglesia se une en oración y colaboración por los misioneros del mundo.

Este evento resalta la diversidad y dedicación de los religiosos y laicos que han contribuido significativamente a la fe católica en distintos ámbitos de trabajo del quehacer de la Iglesia en el mundo.

En conferencia de prensa, el Padre José San José Prisco, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca y experto participante en el Sínodo, explicó las características del trabajo conjunto entre teólogos y canonistas durante la segunda sesión en marcha de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos.

“El trabajo que desempeñamos los canonistas es en conjunto con los teólogos. Puede parecer una cosa común, pero no ha sido tan normal hasta hace poco tiempo”, dijo.

“La experiencia de los canonistas en el Sínodo es muy enriquecedora porque nos dedicamos muy particularmente a los temas del Libro Segundo del Código de Derecho Canónico, el Libro del Pueblo de Dios y, evidentemente, todas las apreciaciones que recibimos de la eclesiología, la dogmatica y la bíblica nos ayudan a comprender mejor a profundidad la norma canónica y su posible aplicación o cambios para el momento presente”, agregó.

De ahí que fueran los propios padres conciliares quienes pidieran una comisión de canonistas para acompañar las peticiones del Sínodo sobre cambios posibles a la legislación vigente, tanto en el Código de Derecho Canónico Latino como en el de las Iglesias orientales.