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Interponen acción de inconstitucionalidad contra decreto que obliga a funcionarios a participar de cursos LGTBI

By Agosto 11, 2020

La Sala Constitucional acogió una Acción de inconstitucionalidad presentada por dos funcionarias del Ministerio de Hacienda, quienes señalan la violación de sus derechos humanos al obligar a todos los trabajadores a participar en “procesos de sensibilización” obligatorios en temas LGTBI.

Desde el 2015 el gobierno de la República, bajo la presidencia de Luis Guillermo Solís, emitió el Decreto Ejecutivo No. 38999 llamado “Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”.

Este, entre otras cosas, impone en el artículo segundo la obligación de los funcionarios del Poder Ejecutivo a participar y aprobar un curso sobre ideología de género.

Dicho curso se titula: “Caminando hacia la igualdad, por un servicio seguro e inclusivo para la población LGBTI”. Los trabajadores deben aprobar una serie de evaluaciones, luego las jefaturas de la institución deben remitir los comprobantes de aprobación del curso de cada uno de los funcionarios al Comisionado Presidencial para asuntos LGTBI.

Además, el citado Decreto establece en el artículo 4 que los empleados están obligados a utilizar el llamado “lenguaje inclusivo”, a pesar de que tanto lingüistas como la propia Real Academia de la Lengua Española (RAE) han explicado las razones por las cuales la gramática no puede considerarse machista o discriminatoria.

Las dos mujeres son abogadas y señalan que, según la investigación que realizaron, en el curso, por ejemplo, se imparten las teorías de la llamada ideología de género, en la cual, por ejemplo, se sataniza la naturaleza biológica del hombre y la mujer y se dice que la heterosexualidad es una cuestión meramente cultural impuesta por la sociedad patriarcal.

Según argumentan ambas, este tipo de ideología va en contra no solo de sus principios y valores como católicas practicantes sino también de la Biología, la Genética y la Neurociencia.

Además, consideran que se trata de imponer valores extraños a la idiosincrasia de la mayoría de los costarricenses "que creen en la complementariedad de los sexos, no sólo como un valor religioso sino como una realidad biológica”.

Sin derecho a disentir

Asimismo, denuncian que aquellos que apoyan este tipo de iniciativas “acusan a quienes disienten de los postulados de la ideología de género, abrigada por el Gobierno en el citado decreto, de homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia e intersexfobia”, según lo señalado en la Acción de Inconstitucionalidad.

El documento expone que en este tipo de acciones se actúa desde la imposición y persecución, y además se niega el derecho a disentir, con lo que se atenta contra la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de culto.

Las abogadas revelaron también que a los funcionarios del Ministerio de Hacienda se les indicó que es una obligación, establecida en el Reglamento Autónomo de Servicios, someterse a los cursos de capacitación que la administración disponga, y que de incumplir se puede incurrir en una falta que podría ameritar el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio”.

Sobre eso mismo, indican que el Decreto contiene todo un capítulo, en el cual se establece una serie de actuaciones que se consideran discriminatorias, entre ellas la no utilización del lenguaje inclusivo en documentos y al atender a los usuarios” -por ejemplo, mediante el uso del lenguaje no verbal- por razones de identidad de género y orientación sexual contra la población LGTBI”.

Previo a esta Acción de Inconstitucionalidad, se tramitó un Recurso de Amparo contra el Ministerio de Hacienda por la obligatoriedad del curso, reservándose la Sala Constitucional el dictado de la sentencia hasta tanto no se resuelva la Acción.

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Last modified on Jueves, 20 Agosto 2020 15:43
Danny Solano Gómez

Periodista, licenciado en Producción de Medios, especializado en temas de fe católica, trabaja en el Eco Católico desde el año 2009.

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