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Jueves, 06 Febrero 2025
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En el contexto de la Asamblea del Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC, que tiene lugar en El Salvador esta semana, ha sido presentada la nueva Carta Pastoral conjunta de los obispos de frontera y responsables de Movilidad Humana de Norte, Centroamérica y el Caribe.

En la India. Fue secretario de la Nunciatura Apostólica en Costa Rica.

 

 El cardenal designado George Jacob Koovakad, arzobispo titular de Nisibi de los Caldeos y encargado de los viajes papales, recibió este 24 de noviembre la consagración episcopal. La celebración tuvo lugar en la catedral siro-malabar de Santa María en Changanacherry, en el estado indio de Kerala.

El rito fue presidido por el arzobispo mayor de los siro-malabares, Mar Raphael Thattil. Fueron co-consagradores el Arzobispo de Changanacherry, Mar Thomas Tharayil, y el Arzobispo Edgar Peña Parra, Sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. El Cardenal Cleemis Baselios, Arzobispo Mayor de los Siro-Malankaresianos, pronunció la homilía. También estuvieron presentes algunos colaboradores de la Oficina de la Secretaría de Estado que organiza los viajes del Papa.

Al final de la celebración, monseñor Peña Parra expresó, en nombre del cardenal Pietro Parolin y de todos los amigos de la Secretaría de Estado, su alegría y cercanía espiritual a monseñor Koovakad en esta feliz ocasión, recordando que durante casi veinte años ha servido fielmente a la Santa Sede, primero en diversas nunciaturas apostólicas de todo el mundo y después, desde 2021, en la Secretaría de Estado como organizador de los viajes papales.

El sustituto recordó que monseñor Koovakad será creado cardenal por el Papa en la basílica de San Pedro el próximo 7 de diciembre, un “claro reconocimiento de la fe y la bondad de toda la Iglesia en la India”.

La Parroquia San Rafael Arcángel de Desamparados informa sobre el robo del busto del Padre Armando Alfaro, el cual estaba instalado en la entrada principal del templo.

Imaginemos, por un momento, que un grupo de diputados propusiera intervenir en los planes de estudio de las universidades públicas, imponiendo qué carreras, contenidos o ideologías deben enseñarse y prohibiendo aquellas materias y profesores que no se alineen con su visión ideológica o política. Esto sería un flagrante atropello a la libertad de cátedra, un principio que garantiza a los académicos la independencia de enseñanza y de investigación.

En efecto, la libertad de cátedra es el pilar esencial que protege el derecho a enseñar sin ataduras ideológicas y a formar ciudadanos críticos, capaces de pensar por sí mismos y cuestionar el mundo que los rodea. En una sociedad democrática como la nuestra, sería inconcebible que algunos legisladores, por desinformación, incurrieran en semejante falta.

Si bien las instituciones universitarias, en virtud de su autonomía, tienen el derecho de definir su orientación académica y establecer sus propias normas internas, ¿por qué cuesta tanto entender que la Iglesia, como institución social que es, también posee una normativa propia, que, a la luz de libertad religiosa y el respeto a las creencias más profundas de cada persona, debe ser custodiada por el mismo Estado?

Al igual que ocurre en el ámbito académico, la autonomía de la Iglesia, obviamente dentro del marco de la ley, le permite actuar de acuerdo con su fe y doctrina, sin que éstas se vean comprometidas por imposiciones políticas que puedan alterar su identidad fundamental.

El sigilo sacramental, por ejemplo, es una práctica fundamental y específica dentro de la Iglesia Católica, que protege la privacidad y la libertad de conciencia de los fieles.

Por eso, cualquier intento de violarlo representa un grave atentado a la libertad religiosa, ya que implica una intervención inaceptable en los principios esenciales de la fe.

Es igualmente grave que para avanzar en semejante ataque se presente el noble argumento de la protección de los menores, un área en la que la Iglesia está profundamente comprometida y trabaja activamente para prevenir cualquier perjuicio.

Comunicado de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Desde el 1 de noviembre el país ha sufrido intensas y prolongadas lluvias producidas por la concatenación de varios fenómenos hidrometeorológicos, a saber, la Influencia indirecta del Huracán Rafael, inestabilidad Atmosférica por Zona de Convergencia Intertropical y paso de Onda Tropical N.º 45, lo cual, tras diversas alarmas amarillas, naranjas y rojas a lo largo y ancho del país a llevado al Gobierno de la República a declarar estado de emergencia nacional. Así consta en el decreto ejecutivo N. 44754-MP.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con las dos familias que han perdido seres queridos, las muchas que han estado en albergues temporales y las que continúan en ellos, las que han sufrido el daño en sus viviendas y enseres, así como los agricultores que han experimentado la pérdida de sus cultivos y la afectación a sus ganados. Sentimos dolor por los niños que no acurden a los comedores escolares mientras perdura el cierre provisional de los centros educativos. Lamentamos mucho el trastorno para las tareas productivas y comerciales, así como de urgencias domésticas por el cierre de caminos y carreteras.

Apreciamos y felicitamos por su servicio en la actual crisis al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Costa Rica y sus diversas instancias: la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), los comités municipales y locales de emergencias y todas las entidades que los conforman, los comités asesores y otras. Les animamos a mantener la mística y la generosidad en las diversas fases de la atención a la presente emergencia, prestando atención especial a las personas con mayores vulnerabilidades, como los niños; las mujeres, especialmente a las gestantes; las personas adultas mayores; las personas con discapacidad; las personas en situación migratoria tanto regular como irregular; las personas en situación de calle; las personas con afecciones de salud diversas.

Agradecemos profundamente la labor solidaria de la Pastoral Social Caritas en sus diversas instancias nacional, diocesanas y parroquiales que están sirviendo solidariamente en el apoyo a la atención de las personas en albergues temporales, así como a aquellas que no han abandonado sus casas, además de sus mascotas y otros animales. Especialmente agradecemos a los sacerdotes y agentes de pastoral que están brindando apoyo emocional a las personas afligidas por esta emergencia. Animamos a los grupos de pastoral social parroquial y equipos diocesanos a estar en contacto y al servicio de los comités cantonales y locales de emergencias. Le pedimos a la comunidad católica y a la población en general estar atentos a los llamados que se estarán haciendo en los próximos días acerca de las formas de cooperar en el proceso de respuesta y recuperación en esta emergencia.

Hacemos un llamado a las diversas entidades públicas que se abocarán en las siguientes semanas a la evaluación de daños y a la formulación de proyectos de recuperación, según lo ordena la legislación, a que presten toda la atención a las familias que tras esta emergencia verán agravada su situación de pobreza, así como a los pequeños y medianos productores agropecuarios, especialmente los muchos que carecen de seguros de cosecha. Ellos necesitarán asistencia financiera y técnica para su recuperación, así como para la alimentación de sus familias en el transcurso de su reactivación económica.

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