“El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas”.

Así fue como San Juan Pablo II dio inicio a la Encíclica Evangelium Vitae, el 25 de marzo de 1995. Al mismo tiempo, advertía: “La aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho fundamental a la vida”, (numeral 58).

El Magisterio señala el aborto como un delito abominable. Lamentablemente, esta mentalidad y esta crisis moral llegó hace muchos años a Costa Rica, y ahora se materializa con la aprobación del “Protocolo de Atención Clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del código penal: Interrupción Terapéutica del Embarazo”.

Ya hace un año el Poder Ejecutivo había aprobado la Norma que facultaba lo que es el mal llamado “aborto terapéutico” en dirección contraria a lo que han sido los valores y la cultura de la vida por la cual abogó siempre nuestra nación.

En este espacio de Fermento, hace escasos días, les hablaba de que 32 países firmaron el pasado 22 de octubre la Declaración de Ginebra: Consenso sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.

Entonces indicaron estas naciones: “que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos, en consonancia con el consenso

internacional de larga data de que cada nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades coherentes con sus leyes y políticas”. Lamentablemente Costa Rica no figuró en esa lista de países signatarios, y más bien tomó la ruta contraria.

No como una novedad, sino como una insistencia en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia sobre la economía, el papa Francisco ha venido expresando, de diversas maneras esta idea que publicó en su exhortación sobre el Gozo del Evangelio: “Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es exclusión” (n.º 53). Por esto, él mismo nos explica que uno de los ejes que atraviesa toda su encíclica Laudato si’ es “la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso” (n.º 16). En definitiva, se trata, como expresa en su última encíclica, Fratelli tuti, de construir “una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede ‘abrir camino a oportunidades diferentes, que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos’ (LS 191)”.

El 1.º de mayo del año pasado, el Papa invitó a los “jóvenes economistas, emprendedores y emprendedoras de todo el mundo” “a una iniciativa que he deseado tanto: un evento que me permita encontrar a quienes hoy se están formando y están empezando a estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda. Un evento que nos ayude a estar juntos y conocernos, que nos lleve a hacer un ‘pacto’ para cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana” (Carta del Santo Padre Francisco para el encuentro “Economy of Franceso)”. El acontecimiento estaba previsto para celebrarse del 26 al 28 de marzo del presente año, en Asís, la ciudad natal de san Francisco, al cual el Papa quiso proponer como un referente para pensar en esa nueva forma de entender la economía. Por eso, quiso llamar a esta gran propuesta la “economía de Francisco”, de san Francisco. Debido a las limitaciones impuestas por la pandemia, el evento se retrasó hasta los pasados días 19, 20 y 21 de noviembre, de forma virtual.

La Pastoral Social Caritas y las “nuevas economías”

En su último congreso regional, en febrero del 2019, Caritas de América Latina y el Caribe retomó una de sus líneas estratégicas en favor de una economía centrada en el bien común, centrada en el ser humano, eje fundamental del desarrollo humano integral y solidario. Una economía solidaria. Ratificó esta línea reafirmando como uno de sus ejes de trabajo el de las “nuevas economías”, concepto que abriga diversas corrientes que responden a los anhelos de una humanidad que sueña con una economía afín a la que propone la Doctrina Social de la Iglesia: la economía social, la economía solidaria, la economía social solidaria, la economía de comunión, la economía para la vida, la economía del bien común, la economía humana, la economía circular, la economía participativa, la economía asociativa, la economía comunitaria, la economía verde, la economía azul, la economía popular y otras.

La expresión más común en el ámbito de la Iglesia en la región latinoamericana y caribeña ha sido el de la “economía solidaria” o “economía social y solidaria”. El fomento de la economía social solidaria en Caritas obedece a la correspondencia de esta manera de entender las relaciones económicas con los principios de la enseñanza social de la Iglesia. Por este motivo, la Pastoral Social Caritas de Costa Rica viene, desde hace más de una década, comprometida con el fomento y desarrollo de la economía social solidaria. Con gozo, vimos cómo el papa Benedicto XVI le dio carta de ciudadanía en la Doctrina Social de la Iglesia a este concepto, cuando, en su encíclica Caritas in veritate, afirmó: “El binomio exclusivo mercado-Estado corroe la sociabilidad, mientras que las formas de economía solidaria, que encuentran su mejor terreno en la sociedad civil aunque no se reducen a ella, crean sociabilidad. El mercado de la gratuidad no existe y las actitudes gratuitas no se pueden prescribir por ley. Sin embargo, tanto el mercado como la política tienen necesidad de personas abiertas al don recíproco” (n.º 39).

Pastoral Social y Política Nacional

Un eufemismo es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca.

Últimamente, alrededor de asuntos graves sobre la vida en sociedad, viene siendo común su uso como una forma de enmascarar realidades que, se sabe de antemano, podrían ser rechazadas si se presentan tal cual son.

Se trata, como explica Manuel Casado, catedrático de la Universidas de Navarra, de cuestiones de enorme trascendencia y que están profundamente implicadas en las vidas de las personas, pues afectan cómo gestionamos temas como la enfermedad, la vejez y la muerte, el comienzo de la vida, el respeto a ella debido, la libertad y la autonomía personales, los derechos y deberes ciudadanos, la identidad misma de la persona. 

El debate público de estos temas, presentados a través de eufemismos, es engañoso y superficial, pues normalmente apunta a las emociones para desviar el sentido de lo que es justo, ético, científico y verdadero.

Se trata de un verdadero secuestro del lenguaje con fines ideológicos, una ingeniería lingüística al servicio de intereses que buscan renombrar la realidad para resignificarla y finalmente, cambiarla.

Una vez erigida la diócesis por la Santa Sede y según su mandato, el 5 de setiembre de 1850 el Arzobispo de Guatemala, Francisco de Paula García Peláez (1846-1867), firmó el decreto de ejecución de la bula, nombrando Vicario Capitular al P. José Gabriel del Campo. El 2 de febrero de 1851, se publicó en San José la bula pontificia y el decreto arzobispal y tomó posesión el Vicario Capitular, cesando en sus funciones el último Vicario General, el P. José Rafael del Carmen Calvo Rosales (+1863).

El Obispo de Nicaragua, Jorge Viteri y Ungo (1849-1853), protestó por lo decidido, fundado en que el Gobierno de Nicaragua había rehusado dar el “exequatur” a la bula, por haber establecido límites perjudiciales para su sede. En el fondo está la disputa por el límite entre Nicaragua y Costa Rica, que los nicaragüenses querían colocar en el río Salto y los costarricenses en el río La Flor, estando en medio parte del territorio de Guanacaste.

El 12 de febrero de 1851, el Obispo nicaragüense, con respaldo de su Gobierno, pretende negarse a aceptar el decreto de ejecución de la bula y la toma de posesión del Vicario Capitular, considerándose aún Obispo de Costa Rica. El 3 de junio de 1851, el Cardenal Secretario de Estado, Giacomo Antonelli (1806-1876), rechaza formalmente sus pretensiones, concluyéndose así la disputa.

Estaba pendiente aún el nombramiento del primer Obispo. Luego de varias propuestas del Gobierno del Presidente Juan Rafael Mora Porras (1849-1853; 1853-1859) -siempre por concesión del “derecho de presentación”-, tuvo más eco la recomendación del Arzobispo de Guatemala, del sacerdote costarricense P. Anselmo Llorente y Lafuente (1800-1871), Rector del Seminario de Guatemala desde 1846.

El Pbro. Dr. Anselmo Llorente y Lafuente aceptó su elección el 5 de setiembre de 1850, fue confirmado por la Santa Sede como primer Obispo de Costa Rica en el Consistorio del 10 de abril de 1851 y el 7 de setiembre siguiente fue ordenado Obispo por el Arzobispo de Guatemala –primer costarricense en ser Obispo–. Llegó a Costa Rica el 18 de diciembre de 1851, concretamente a Puntarenas, el 28 del mismo mes llegó a San José, y tomó posesión del obispado el 2 de enero de 1852, prestando juramento al Gobierno civil al día siguiente. Con ello se consumaba ahora el anhelo costarricense por contar con un pastor propio.

Mons. Sanabria (1899-1952) comenta que, para 1851, la Provincia de San José, con 31.000 habitantes, contaba con 19 presbíteros, 11 iglesias, 1 ermita y 2 oratorios; la Provincia de Cartago, con 22.000 habitantes, tenía 17 presbíteros, 16 iglesias, 1 ermita y 1 oratorio; la Provincia de Heredia, con 17.000 habitantes, contaba con 9 presbíteros y 5 iglesias; la Provincia de Alajuela, con 18.000 habitantes, tenía 11 presbíteros y 5 iglesias; y la Provincia de Guanacaste, con 9.000 habitantes, contaba con 5 iglesias y 2 oratorios; y la Comarca de Puntarenas, con 3.000 habitantes, tenía 1 iglesia, y, entre ambas, 6 presbíteros. Por tanto, el total aproximado de la población de Costa Rica para 1851 era de poco más de 100.000 habitantes, y se contaba con 63 presbíteros –sin contar los religiosos franciscanos de las doctrinas–, 43 iglesias, 2 ermitas y 5 oratorios, para todo el país.

La erección de la Diócesis no inicia la labor de evangelización de la Iglesia costarricense, pero sí viene a darle un fuerte impulso, comenzándose en 1852 con la presencia de su primer Obispo, al proceso de su organización y desarrollo propios, con la estructuración de la Curia diocesana, el archivo eclesiástico, el Cabildo catedralicio, la erección de Vicarías Foráneas y nuevas Parroquias, los asuntos financieros, el Concordato del Gobierno con la Santa Sede, la reconstrucción de la Catedral y de numerosos templos, la creación, construcción y consolidación del Seminario, la formación del clero, la catequesis para los fieles, la preocupación por los más pobres y por las misiones.

Tres Obispos, un Vicario capitular y un Administrador Apostólico, pastorearon la Diócesis de San José de Costa Rica entre 1851 y 1920. Los tres Obispos de San José, Mons. Anselmo Llorente y Lafuente (1851-1871), Mons. Bernardo Augusto Thiel Hoffman C.M. (1880-1901) y Mons. Juan Gaspar Stork Werth C.M. (1904-1920). El Vicario Capitular M.I. Pbro. Dr. Domingo Rivas Salvatierra (1871-1877) -por la extensión de la vacancia de la sede, por razones que no podemos desarrollar aquí, fue incluso delegado por la Santa Sede para administrar el sacramento de la Confirmación- y, en ese mismo contexto, el Administrador Apostólico, el italiano procedente de Brasil, Mons. Luis Bruschetti (1877-1880).

Ellos cinco pastorearon la Diócesis de San José, por lo que hay que subrayar y comprender que, así como lo fueron los Obispos de León de Nicaragua hasta 1850, ahora entre 1851 y 1920 fueron ellos quienes pastorearon la Iglesia costarricense en la Diócesis única que cobijó toda la geografía nacional.

Con la noticia de la presencia de un Nuncio Apostólico en Bogotá, la Asamblea de Costa Rica decretó, el 22 de diciembre de 1837, la revocatoria de lo actuado con la erección civil de la Diócesis en 1825 y la autorización al Ejecutivo para que nombrara un Legado ante dicho Nuncio, para gestionar la creación de nuestra Diócesis. No tenemos noticias de que tal gestión se haya llevado a cabo.