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Sala IV acoge otro recurso en contra de cursos considerados adoctrinadores

By Septiembre 23, 2020

Dos funcionarias de la Dirección General de Servicio Civil interpusieron un Recurso de Amparo en contra de la obligación impuesta a los empleados públicos de recibir una formación obligatoria, en la que se ideologiza, de manera contraria a sus creencias, según señalan.

El Recurso fue acogido por la Sala Constitucional el pasado miércoles 22 de setiembre para su estudio. Se suma a la Acción de Inconstitucionalidad, tramitada por otras dos funcionarias del Ministerio de Hacienda, en contra de estos cursos considerados adoctrinadores.

Las trabajadoras del Servicio Civil, Andrea Cecilia Brenes Rojas y Karina Diaz Chavarría, se identifican como cristianas y como tales aseguran que están en contra de cualquier tipo de discriminación e irrespeto de los derechos y el trato digno a las personas LGTBI, “a quienes amamos, respetamos y amamos profundamente como hijos de Dios”, exponen.

No obstante, no están de acuerdo con la “imposición de un pensamiento que busca obligarnos a aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos de la realidad como “«el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender)”, que se pueden distinguir, pero no separar”.

Esas ideas, denuncian, “son contrarias a nuestras creencias, constituyendo esa imposición un acto de intolerancia y discriminación fundado en la Religión que violenta nuestros derechos humanos a la libertad de culto y de conciencia”.

Tanto Brenes como Díaz se amparan en los artículos 29 y 75 de la Constitución Política, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1 y 3 de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, entre otros.

Desde el 2015 el gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 38999 llamado: “Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”, el cual obliga a los empleados públicos a llevar y aprobar un curso de “sensibilización”, el cual ha sido considerado como adoctrinador, quienes no cumplan se exponen a sanciones.

El jueves 17 de setiembre la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) presentó una coadyuvancia activa, en apoyo de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por dos trabajadoras del Ministerio de Hacienda.

Más detalles en la edición digital de Eco Católico.  Si aun no está suscrito puede hacerlo aquí.

Last modified on Domingo, 27 Septiembre 2020 19:16
Danny Solano Gómez

Periodista, licenciado en Producción de Medios, especializado en temas de fe católica, trabaja en el Eco Católico desde el año 2009.

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