Como un golpe a la sociedad costarricense califican los obispos del país la aprobación, por parte del Ministerio de Salud, del Protocolo de Atención Clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del código penal: Interrupción Terapéutica del Embarazo, dada a conocer hoy viernes 4 de diciembre.

En su presentación, el Dr. Mario Ruiz, gerente médico de la Caja del Seguro Social, afirma que dicho protocolo asegura pretender alcanzar un escenario actualizado en la atención de los servicios de salud, en el que el ejercicio efectivo del Derecho a la Salud de la Mujer se configura como el factor protagonista: "Se procura comprender a la mujer en su diversidad, así como en su condición y contexto, para atender de manera integral sus necesidades en salud reales y auto percibidas".

El proceso para la aplicación del aborto llamado terapéutico comienza con la solicitud de toda mujer que considere que su vida o su salud está en peligro por su embarazo, lo cual activa la conformación de un equipo médico que analizará el caso y comunicará a la madre su valoración, que puede ser aprobar el aborto o rechazarlo. En este segundo caso la mujer puede pedir una nueva valoración que se asignará a un equipo médico diferente.

El documento describe los procedimientos y los químicos avalados (Misoprostol, Dinoprostona y Oxitocina) para la realización del aborto, antes de las 12 semanas de gestación, después de las 12 semanas y hasta las 24, e incluso en embarazos mayores a las 24 semanas. Los bebés abortados son denominados en el protocolo como el "producto de la concepción".

En vísperas de la Independencia se insiste en la necesidad de contar con una diócesis propia.

En España luego del proceso de “restauración” monárquica en el período 1814-1820, se instaura el así llamado “trienio constitucional” (1820-1823) en el cual, producto de los levantamientos populares y la presión general, el rey Fernando VII (1808/1813-1833) jura la Constitución liberal el 9 de marzo de 1820, creando una “Junta Consultiva” de Gobierno que será conocida como las Cortes de Madrid. El 10 de marzo de 1820 el Rey se dirige a las Provincias para que envíen diputados y solicitudes a las Cortes.

En este contexto los síndicos del Ayuntamiento de la “Muy noble y leal ciudad de Cartago”, y el Gobernador Juan Manuel de Cañas (1820-1821), entre octubre y diciembre de 1820, reiteran en sendos documentos dirigidos al monarca y a los representantes ante las Cortes, la solicitud de la erección del obispado de Costa Rica, con los argumentos de la distancia en relación la sede León, la necesidad de visita episcopal, la capacidad económica para el sostenimiento de la sede y la inclusión del Partido de Nicoya para tal fin.

El asunto se trató en las Cortes en mayo de 1821, en que fue remitido a Comisiones para su respectivo estudio. Pero los acontecimientos de esos años dejaron en el olvido la propuesta. Por tanto, habrá que esperar el período republicano para que se haga realidad el ansiado sueño colonial de que nuestra Provincia contara con Obispo propio.

Los obispos del país se manifestaron hoy acerca del proyecto de ley 21.012, sobre la libertad religiosa y de culto que se discute en la Asamblea Legislativa. A propósito del debate, piden que en esta temática prive el respeto, la tolerancia y la comprensión, pues, como afirman, "se trata de un derecho humano". A continuación su pronunciamiento:

Art. 36: Las misiones en Talamanca en el siglo XVII

Noviembre 23, 2020

Un capítulo fundamental en el proceso de configuración eclesiástica de Costa Rica lo constituyen las misiones de Talamanca. La tarea por conquistar, poblar y cristianizar esta zona del sur de la Provincia costó vidas, recursos materiales y grandes penurias, sin alcanzar resultados permanentes aún en el siglo XIX.

Editorial: Nadie puede pelear la vida aisladamente

Noviembre 13, 2020

En las últimas semanas, nuestro país ha sufrido las consecuencias de la polarización y la división social, que aunque en el pasado le han dado a algunos réditos políticos electorales, se devuelven ahora en manifestaciones de legítima indignación ciudadana, actos inaceptables de violencia y una complejidad suprema para alcanzar principios comunes que permitan enfrentar con unidad la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19.

De los escenarios de diálogo planteados, el del gobierno junto con el Estado de la Nación fracasó. Sobrevive la convocatoria de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que igualmente suma y resta apoyos con el paso de los días.

Qué difícil tarea la de conjuntar tantas visiones y tantos intereses en un mismo proyecto que apunte al bien común y a la solidaridad, y más cuando la carencia de liderazgo es la tónica en la vida pública nacional.