Leyendo con detenimiento algunos de los principales aportes del último Informe sobre el Estado de La Nación, presentado el pasado martes 17 de noviembre, llama la atención la claridad y la crudeza con la que se exponen y fundamentan los impactos económicos, sociales y sanitarios de la pandemia de Covid-19.
Lo primero es la constatación de que Costa Rica recibió la irrupción del virus en marzo de este año en un mal estado de sus indicadores más importantes, como son el desempleo, la pobreza, la producción y la situación fiscal.
Ya teníamos una amplia cantidad de habitantes afectados por la vulnerabilidad social como consecuencia de un mercado de trabajo que no generaba las suficientes oportunidades de empleo e ingresos.
En los años inmediatamente anteriores al shock, el país lograba contener el empobrecimiento de la población mediante la inversión social pública, cuyo impacto venía en aumento.
La pandemia agrava esta situación y genera, en pocos meses, una precariedad extrema entre cientos de miles de hogares, como consecuencia del abrupto crecimiento del desempleo, la amplia suspensión temporal de los contratos laborales, la reducción de las jornadas y la paralización de diversos sectores económicos; lo que implicó una pérdida importante de muchos empleos formales e informales.
Preocupa en particular esta afirmación del estudio: “Aunque se desconozca el tiempo que le resta a la pandemia, es seguro asumir que el impacto en materia de equidad e integración social será devastador y generalizado”. Habrá, según se prevee, un retroceso en el desarrollo humano sostenible del país, cuya magnitud y duración es difícil de predecir.
Con base en la información de quienes solicitaron el “Bono Proteger”, se evidencia que -hasta el mes de agosto del 2020- las personas perjudicadas por los efectos de la pandemia podían acercarse al millón de personas; es decir, aproximadamente uno de cada dos individuos de los que integran la fuerza laboral.
Además, los resultados de un análisis de simulaciones realizado por el Informe confirma que, frente al shock que supone que los hogares “pierden una persona ocupada”, la pobreza podría aumentar hasta dieciséis puntos porcentuales.
Esta situación pone el riesgo las fuentes de financiamiento de los programas sociales, exactamente cuando el país necesita de recursos para aplicar políticas contracíclicas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable que será la que sufra el mayor impacto.
Esto coincide además con la finalización del primer bono demográfico, es decir, esa relación favorable de tener más personas en edad laboral versus las personas dependientes, lo que demanda un rápido y simultáneo incremento en la productividad y la inclusión social para enfrentar positivamente el envejecimiento de la población.
Estamos pues, ante la tormenta perfecta, una mezcla de condiciones como nunca antes las habíamos tenido que ya están degradando la calidad de vida de miles de hermanos.
De frente a esta realidad el país urge de un liderazgo político claro, decisiones que apunten, sin miedo, al bien común y a la eliminación de todo aquello que profundice la desigualdad, no más tácticas distractoras de la realidad ni más sembrar el odio y la división en la familia costarricense.
Sin embargo, con indignación y dolor, es exactamente lo contrario que vemos a hacer a algunos actores políticos, especialmente desde la Asamblea Legislativa. ¿Hasta cuándo entenderán que ese no es el camino?
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