Recién en agosto anterior, al término de su CXXII Asamblea Ordinaria, los obispos del país constataban con dolor las secuelas que está dejando la pandemia provocada por el COVID-19, tales como las grandes brechas sociales y económicas que dividen a nuestro país. Denunciaban entonces “las dramáticas y vergonzosas cifras actuales de pobreza y desempleo”, que a su juicio “han de llevar a responder con acciones concretas que conduzcan a una mayor justicia y equidad”.

La Costa Rica solidaria -manifestaron los obispos- que apostó por la educación, las garantías sociales y la paz, en la década de los cuarenta del siglo anterior, “se ha venido debilitando grandemente, razón por la cual necesitamos retomar el camino que garantice el verdadero y auténtico bien común”. Manteniendo intactas estas y otras preocupaciones, el país encara este domingo el proceso electoral para elegir nuevas autoridades en la Presidencia de la República como en la Asamblea Legislativa. Al respecto conversamos con Monseñor José Manuel Garita, Obispo de Ciudad Quesada y Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

Monseñor, los costarricenses estamos convocados una vez más a un nuevo proceso electoral el próximo 6 de febrero, pero los estudios muestran que el llamado pasa de lejos para muchos, previendo un alto abstencionismo. ¿Qué consecuencias le preocupan de esta actitud apática y hasta de rechazo frente a la política?

“El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas”.

Así fue como San Juan Pablo II dio inicio a la Encíclica Evangelium Vitae, el 25 de marzo de 1995. Al mismo tiempo, advertía: “La aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal, incluso cuando está en juego el derecho fundamental a la vida”, (numeral 58).

El Magisterio señala el aborto como un delito abominable. Lamentablemente, esta mentalidad y esta crisis moral llegó hace muchos años a Costa Rica, y ahora se materializa con la aprobación del “Protocolo de Atención Clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del código penal: Interrupción Terapéutica del Embarazo”.

Ya hace un año el Poder Ejecutivo había aprobado la Norma que facultaba lo que es el mal llamado “aborto terapéutico” en dirección contraria a lo que han sido los valores y la cultura de la vida por la cual abogó siempre nuestra nación.

En este espacio de Fermento, hace escasos días, les hablaba de que 32 países firmaron el pasado 22 de octubre la Declaración de Ginebra: Consenso sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.

Entonces indicaron estas naciones: “que no existe un derecho internacional al aborto, ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos, en consonancia con el consenso

internacional de larga data de que cada nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades coherentes con sus leyes y políticas”. Lamentablemente Costa Rica no figuró en esa lista de países signatarios, y más bien tomó la ruta contraria.