Según reporta la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), durante el año 2022 se recibieron 633 llamadas a su línea de emergencias, de las cuales un 53% (335) correspondieron a situaciones de violencia contra adultos mayores en diversas expresiones, a saber: violencia física, psicológica y sexual (tema con más registros del periodo), violencia patrimonial, abuso institucional, violencia por abandono y negligencia y violencia de género. 

Es decir, de cada 10 llamadas de la línea, más de la mitad correspondió a situaciones de violencia en sus diversas manifestaciones, siendo esta una problemática que lesiona la dignidad, autovalía y la salud integral de quien es víctima de violencia.

Pensemos ahora el hecho de que hay muchos adultos mayores que, por su condición, estado de salud o incluso por temor, no denuncian los atropellos de los cuales son objeto. Claramente estamos frente a una situación de crisis que se debe atender como tal.

Ya antes hemos conocido lo que pasa especialmente en época de navidad y fin de año, cuando los asilos de ancianos y las salas de emergencias de los hospitales, especialmente las del Raúl Blanco Cervantes, especializado en la atención de adultos mayores, se llenan de casos de abandono de viejitos y viejitas por parte de personas y familias inescrupulosas que simplemente llegan y los dejan aportando datos falsos que hacen muy difícil un seguimiento posterior.

La ley que penaliza el abandono de las personas adultas mayores entró en vigencia en 2020. Establece penas de cárcel en casos de abandono y negligencia en detrimento de personas adultas mayores, que van de un mes hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, en el transcurso de dos años hubo 8.000 denuncias por abusos, maltratos, abandono y otras situaciones. De todos los procesos, apenas dos terminaron en condena, según denuncia el Conapam (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor).

Esta afirmación se realiza con base en un estudio solicitado al Poder Judicial, el cual analizó los 8.186 casos de abandono de adultos mayores y casos de agravación, abandono de incapaces y explotación de personas adultas mayores, ocurridos entre enero de 2019 y diciembre de 2022. Como se mencionó, tan solo un par de ellos terminaron con una condena.

La Ley 9.857 buscaba saldar una deuda histórica con la población adulta mayor, que ha sido tan vulnerable, como reconoció el presidente en ese momento, Carlos Alvarado. No obstante, en la práctica parece que no se ha aplicado y que existe una completa impunidad.

Las penas son de 6 a 10 años de cárcel cuando el abandono lleve a la muerte de la persona adulta mayor; entre 3 y 6 años, cuando el abandono cause daños graves en su salud; y entre 6 meses y 3 años, cuando se ponga en peligro la salud física o psicológica.

A pesar de esto, el Conapam sigue recibiendo denuncias que, como ya se mencionó, de seguir la tendencia no llegarán a ningún tipo de condena.

Los adultos mayores representan un 10% de la población total de Costa Rica (son 526 135 ciudadanos). Prácticamente duplica el porcentaje que había en 2003 (5,6%), pero lo más llamativo quizá es que alcanzará el 17,6% en el año 2043.