Mediante una carta dirigida al presidente de la República, Carlos Alvarado, la Pastoral Social Cáritas pide no se ejecute la orden de desalojo para los asentamientos de La Bendición I y la Bendición II, ubicados en el distrito de Pavas, San José, donde viven más de 200 familias.
En la misiva, la iglesia apela a la defensa de los derechos humanos como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y los derechos de los menores. “Esta medida, de carácter jurídico, plantea serios problemas vitales para la población afectada, de modo especial para los niños y niñas que viven con sus familias en este asentamiento”, dice el texto.
El documento está firmado por el secretario nacional de Cáritas Nacional, Pbro. Edwin Aguiluz, y el encargado de Pastoral Social Arquidiocesana, Pbro. David Solano.
De acuerdo con lo argumentado en la carta, al llevarse a cabo el desalojo en medio del curso lectivo, los niños y niñas sufrirían un trastorno en sus estudios, pues sus padres tendrían que buscar un nuevo domicilio, asimismo, tendrían dificultades para matricular en un nuevo centro educativo.
También, se recuerda que estos pequeños se quedarían sin vivienda y sin garantía de poder residir en una casa, lo que los colocaría en un gran riesgo social. “Sin bien las condiciones en los precarios mencionados no son las idóneas, lo cierto es que la condición de pobreza que enfrentan el total de familias de la localidad, no les ha permitido acceder a casas dignas”, cita el mensaje.
Y agrega: “El desalojo privaría a los niños y niñas del derecho del resguardo mínimo que les ofrece la única opción habitacional a la que sus familias pueden aspirar”.
Asimismo, se recuerda que la situación de pandemia por Covid 19 “ha generado el incremento del desempleo formal, que hace imposible para miles de familias obtener el ingreso suficiente para cubrir la canasta alimentaria, la canasta básica y el pago de alquiler de una vivienda digna”.
Para la Iglesia, un desalojo en la comunidad, sin una propuesta de reubicación, pone en gran riesgo el efectivo cumplimiento del derecho fundamental a una vida integralmente sana, que se consigna en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Otro aspecto que preocupa, es el temor a la separación de los niños y adolescentes de sus padres que la intervención de las autoridades podría provocar, teniendo en cuenta, además, que algunos de ellos son personas migrantes.
La Iglesia se ampara en el Código de la Niñez y en convenios internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos del Niño.
En sus visitas oficiales a las parroquias, lo que incluye el contacto con los asentamientos en situación de precario y tugurio, el arzobispo de San José y obispo responsable de la Pastoral Social-Caritas de la Conferencia Episcopal, Mons. José Rafael Quirós, ha constatado la gravedad del déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, que está en la raíz del doloroso fenómeno de cientos de miles de personas viviendo en condiciones infrahumanas, menciona la carta.
