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Cuánta razón tenía la Iglesia sobre Crucitas

By Redacción Septiembre 11, 2020

Hace unos diez años, la polémica nacional giraba alrededor del tema de la minería de oro a cielo abierto, dadas las intenciones de una compañía canadiense de explotar el preciado metal en nuestro país, específicamente en Las Crucitas de Cutris, en San Carlos.

Dicha empresa contaba con el apoyo del gobierno de don Óscar Arias, e incluso recibió de su parte un decreto de interés público y conveniencia nacional para desarrollar la actividad.

La situación devino en todo un complejo conflicto social en el que salieron a relucir muchos intereses de por medio. El tema llegó al campo judicial y finalmente el proyecto de minería de oro a cielo abierto fue abandonado, por lo menos formalmente.

En medio de la creciente crispación social, los obispos de la época abogaban por una visión integral que antepusiera el bien colectivo, el cuido del ambiente y la protección de la vida a la voracidad económica y la expoliación de los recursos naturales a cambio de nada o muy poco para las personas y comunidades alrededor del proyecto y en general del país.

“No es justo que un proyecto como este, donde el interés particular está sobre el bien común, divida nuestras comunidades rurales, sin medir que se trata de una riesgosa actividad y sin mirar la responsabilidad que se tiene con las futuras generaciones”, orientaba la Conferencia Episcopal en uno de sus comunicados, recordando el magisterio del Papa Benedicto XVI: “Los costes que se derivan de la utilización de los recursos ambientales comunes no pueden dejarse a cargo de las generaciones futuras”.

En particular, la Oficina de Pastoral Social de la Diócesis de Ciudad Quesada jugó un papel determinante iluminando la coyuntura desde la Doctrina Social de la Iglesia.

En concreto, se ofrecieron criterios y se integraron grupos de reflexión para que los creyentes tuvieran otros elementos de análisis, aparte los datos técnicos y las supuestas proyecciones económicas, para valorar la pertinencia de proyectos como la minería a cielo abierto.

No se podría ignorar tampoco el papel que jugaron las organizaciones ambientalistas que hicieron de Crucitas su bandera de batalla ideológica, una visión tristemente desbalanceada y pasajera porque tampoco fueron capaces de impulsar soluciones de desarrollo integral a largo plazo, armónico con el ambiente como lo pregonaban, para los empobrecidos pueblos fronterizos alrededor de la mina.

La falta de un acuerdo nacional sobre el tema y de liderazgos más prudentes y más centrados en el bien del país llevaron al abandono total de Crucitas, una acción que significó la puerta para que bandas organizadas tomaran el control y comenzaran una actividad lucrativa de extracción ilegal de oro en el que se mezclaron delitos de todo tipo, contra el ambiente y contra las personas.

Ni los gobiernos sucesivos ni los ambientalistas volvieron de nuevo a interesarse realmente por Crucitas y su gente. Las contadas incursiones policiales solo sirvieron para demostrar que aquello era un completo desastre natural y humano, con túneles excavados bajo el suelo, tala indiscriminada, desvío de afluentes, tráfico y uso sin control de sustancias tóxicas y condiciones de vida infrahumanas de quienes ahí exponían su vida tras el dorado metal.

Ahora Crucitas es noticia de nuevo solo porque se destapó el multimillonario negocio que algunos tenían -o tienen- ahí, con complicidades del más alto nivel para lograr como según han revelado pesquisas oficiales, sacar oro del país obtenido aparentemente de forma ilegal de esa localidad y otras zonas protegidas.

Entre aquella época y hoy nada o muy poco ha cambiado para las comunidades fronterizas del país y quienes habitan en ellas. La pobreza y la exclusión son el pan de cada día de estos hermanos, alejados de los beneficios del desarrollo que se les prometió desde quienes estaban a ambos lados del conflicto. Un fruto más de la incapacidad nacional para llegar a acuerdos, de la corrupción y de la ausencia de un verdadero interés nacional.

Crucitas debería ser un espejo para los graves asuntos que enfrenta hoy el país, para la toma de decisiones que son urgentes y para orientar nuestra sociedad hacia nuevas formas de ejercer las actividades lucrativas, el activismo social y el servicio público en general.

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