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Confianza desperdiciada

By Redacción Septiembre 08, 2020

Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el gobierno de la República ha malogrado un caudal de confianza enorme que tuvo al inicio de la crisis por la pandemia del Covid-19, regresando en este momento a las bajas calificaciones promedio que tenía antes de la coyuntura.

Según se detalla, en la anterior encuesta de abril de 2020 la mayoría de las personas consultadas tenían confianza en las decisiones que había tomado el gobierno para afrontar la crisis. Cuatro meses después de esa medición, la confianza de la ciudadanía hacia las decisiones del gobierno para afrontar la crisis actual ha disminuido al pasar de 75% en abril a un 46% en agosto.

En ese marco, mientras que en abril solamente un 7% señalaba que no confiaba en las decisiones del gobierno, en agosto un 27% de las personas expuso no confiar en las decisiones gubernamentales tomadas para afrontar la crisis del Coronavirus.

¿Qué pasó en este tiempo con relación a las decisiones del Ejecutivo que causan tal cambio de percepción entre los ciudadanos?, o, sería mejor preguntarse ¿qué fue lo que no pasó?

Las explicaciones pueden ser varias, sin embargo, una de las más importantes es sin duda la que tiene que ver con las consecuencias económicas del abordaje de la pandemia, principalmente reflejado en el nivel de desempleo, históricamente alto, de un 24%, y la desaceleración de la actividad económica en general, que causa un impacto directo en el ingreso y la calidad de vida de las familias.

No es que el Ministerio de Salud o la Caja Costarricense del Seguro Social lo estén haciendo mal, por el contrario, ha salido a relucir el valor del sistema de seguridad social y la importancia de cuidarlo como uno de los bienes más preciados de los costarricenses, sino que este trabajo no ha estado aparejado de decisiones políticas, económicas y comunicativas oportunas y certeras para evitar la otra pandemia, la de la crisis económica que ahora ya es un problema extremadamente serio que hay que enfrentar como país.

Las consecuencias políticas por su parte se han visto reflejadas en la altísima movilidad de funcionarios (principalmente ministros y viceministros) en el Poder Ejecutivo, que encuentran dificultades para avanzar en propuestas y visiones de largo plazo por falta de una conducción general asertiva, centrada y ubicada sobre el rumbo del país en esta crisis.

Para muestra un botón: hasta que fue clamor generalizado la necesidad de un diálogo nacional sobre las diferentes opciones y caminos para salir de la crisis, el gobierno lanzó lo que llama una plataforma de diálogo en la que los ciudadanos pueden mandar sugerencias e ideas.

Desconocemos el nivel de interacción con quienes hacen uso de esta posibilidad, o del impacto real de lo que propongan en las decisiones de Estado sobre la crisis, pero lo cierto es que el modelo dista mucho de lo que es un verdadero diálogo nacional, concertado, estructurado, con implicación directa en las políticas institucionales por medio de compromisos asumidos y verificados por instancias legitimadas social y técnicamente.

El pueblo no es tonto, sabe cuando se le toma en cuenta realmente y cuando lo que se le presenta no es otra cosa que un mecanismo para canalizar su descontento y su frustración.

Medidas como la danza y el martillo y la clasificación de las alertas sin contar con las legítimas necesidades de movilidad y trabajo de las personas están entre las medidas más cuestionadas por la población, que no ve disminuir los casos de contagios mientras la economía se derrumba y el hambre toca la puerta de los hogares.

Diversos sectores económicos presionan por más apertura, a lo que se suman las cámaras y hasta gobiernos locales. ¿Hay algún otro modo de enfrentar la pandemia que conjugue todas las necesidades en juego?

Mucho que reflexionar, mucho que repensar, mucho que enderezar y mucho que hacer por este país, que merece el mejor esfuerzo por el bien de todos.

 

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