El lobby político de las armas en un país como Estados Unidos mueve millones de dólares pagando activistas, moviendo estrategias políticas, diseñando campañas de comunicación y comprando conciencias a todo nivel. En ese país, un día después de cumplir los 18 años, cualquier adolescente puede comprar libremente un arma de guerra, municiones y todo tipo de pertrechos.
Fue precisamente lo que sucedió con la masacre que tiene horrorizado al mundo, en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, la semana pasada, cuando Salvador Ramos, un joven de 18 años con raíces latinas, armado hasta los dientes, asesinó a sangre fría primero a su propia abuela y después a 19 niños y dos maestras inocentes del modo más vil que la mente más perversa se pueda imaginar.
Es el asesinato en masa más grave en las últimas décadas en ese país, pero es uno más en la lista de ataques similares, que se suceden allá semana tras semana, sin que las muertes que causan sean suficientes para mover un ápice las permisivas políticas locales alrededor de las armas.
No se puede desconocer, desde luego, el perfil sicológico, familiar y la historia personal del atacante de Uvalde, un joven que creció en una familia disfuncional, en conflicto con su madre, rechazado por sus compañeros, víctima de acoso escolar, excluido, en condición de pobreza y cargando mucho odio en su corazón desde hace mucho tiempo. Sin quitar un milímetro a la gravedad de sus actos, evidentemente él mismo es una víctima más en toda esta tragedia.
El dolor que embarga al mundo debería hacernos reflexionar sobre las acciones que debemos tomar para evitar, desde ahora, que tragedias así se repitan en Costa Rica. Desgraciadamente, las nuevas tecnologías de la comunicación, junto a los beneficios y ventajas que ofrece, tiene el problema de hacer que situaciones como estas sean fácilmente conocidas y replicadas.
Solo en las últimas semanas hemos conocido de amenazas de ataques proferidas en redes sociales que han terminado en sendas detenciones de jóvenes por parte de las autoridades policiales de nuestro país. Este trabajo de análisis y acción preventiva es fundamental, pero debemos ir más allá. Es necesario un control mucho más estricto para evitar el tráfico y el mismo comercio de armas, con reglas y controles más rigurosos sobre su uso y tenencia.
A la par de ello, no podríamos obviar el hecho de que la desintegración familiar y la exclusión social son factores determinante en a descomposición síquica y espiritual de los niños y los jóvenes que la sufren.
Nuevamente, fortalecer la familia y beneficiarla de políticas que promuevan su unidad y su desarrollo representa una inversión social determinante si se desea luchar contra la violencia en todas sus expresiones.
Generar espacios de inclusión educativa, deportiva, cultural y recreativa para todos los niños y jóvenes también debe ser una política de Estado, luchando permanentemente contra el acoso y las condiciones de pobreza.
Un detalle más que ha trascendido en las últimas horas: el atacante de Uvalde era un jugador empedernido de videojuegos de violencia. Se sabe que pasaba horas y horas frente a consolas de juego manipulando armas y asesinando enemigos de forma indiscriminada.
Llega la hora de preguntarnos si es necesario restringir el acceso a videojuegos de este tipo, especialmente entre los niños y los jóvenes, para quienes, pruebas a la vista, no hay diferencia entre realidad y ficción.
Nos unimos al dolor de las familias que han perdido seres queridos en este ataque y en todos los demás que suceden en Estados Unidos y en el mundo entero. Su dolor sube al cielo y se convierte en un clamor a Dios por paz para nuestro mundo, una paz de la cual debemos ser, al mismo tiempo, artífices y protagonistas.
