La Encuesta Nacional de Hogares presentada el pasado jueves 21 de octubre revela que el porcentaje de pobreza en el país alcanza un 23%, lo que significa que 383.500 hogares se encuentran en esta condición, sin lo necesario para solventar sus necesidades básicas.

Por su parte, el porcentaje de hogares en pobreza extrema, que pasan hambre en este país, es de 6,3 %, lo que equivale a una disminución de 0,7 p.p. respecto a la estimación del año 2020, cuando se ubicó en 7,0 %.

Ambos índices son menores que los del año pasado (26.2% y 6.3% respectivamente), sin embargo, en el contexto de pandemia es todavía muy alto en relación con periodos anteriores, que ya de por sí alcanzaban cifras preocupantes.

Desde luego que la mejoría corresponde a una incipiente recuperación del empleo y la reactivación económica, sin que todavía sean lo suficientemente importantes para revertir las cifras negativas.

Ya de por sí estos hallazgos señalan que la ruta correcta para la reducción de la pobreza tras la pandemia es la creación de empleo, una prioridad que pasa por el estímulo de los sectores que lo generan, aparejado por una apertura responsable, un mejor acceso al financiamiento del capital de trabajo y la mesura fiscal necesaria que le permita a las empresas y a las personas salir de la crisis sin la amenaza de cierres o multas fuera de toda proporción.

La lucha contra la pobreza, como ha repetido en estos días el Papa recordando la Doctrina Social de la Iglesia, no se resuelve con transferencias estatales, sino con trabajo digno. Por eso el empleo debe de ser la prioridad número uno en este momento, y debe de serlo en la próxima administración, a propósito de la campaña electoral en la que estamos sumidos. Por cierto, ya los partidos tienen al escrutinio público sus planes de gobierno, ¿usted ya se preocupó por buscarlos y leerlos?

La Encuesta también refleja una realidad decepcionante en cuanto a la distancia que separa a los ricos de los pobres en nuestro país.

En cuanto a la distribución del ingreso, el 20% de los hogares del quintil cinco (los más ricos), acumulan el 51,0 % del ingreso total en el ámbito nacional, prácticamente el mismo que el año anterior (51,1 %), con un ingreso promedio por hogar de ₡2 538 758 y de ₡1 094 753 en la medición per cápita. En el otro extremo, el 20% de los hogares con menor ingreso, acumula solamente el 4,1 % del total, con una estimación promedio por hogar de ₡203 037 y de ₡59 319 per cápita.

Esto significa que el ingreso promedio por hogar es 12,5 veces mayor entre los hogares del quintil cinco respecto al promedio en los hogares del quintil uno, relación que corresponde a 18,5 veces a nivel per cápita.

En otras palabras, en Costa Rica, cada persona adinerada recibe el ingreso promedio de lo que ganan 18 personas pobres. Una diferencia abismal que no sirve ni a la economía, ni a la democracia, ni a la paz social y paradójicamente, ni a las propias clases altas del país.