Imaginemos, por un momento, que un grupo de diputados propusiera intervenir en los planes de estudio de las universidades públicas, imponiendo qué carreras, contenidos o ideologías deben enseñarse y prohibiendo aquellas materias y profesores que no se alineen con su visión ideológica o política. Esto sería un flagrante atropello a la libertad de cátedra, un principio que garantiza a los académicos la independencia de enseñanza y de investigación.

En efecto, la libertad de cátedra es el pilar esencial que protege el derecho a enseñar sin ataduras ideológicas y a formar ciudadanos críticos, capaces de pensar por sí mismos y cuestionar el mundo que los rodea. En una sociedad democrática como la nuestra, sería inconcebible que algunos legisladores, por desinformación, incurrieran en semejante falta.

Si bien las instituciones universitarias, en virtud de su autonomía, tienen el derecho de definir su orientación académica y establecer sus propias normas internas, ¿por qué cuesta tanto entender que la Iglesia, como institución social que es, también posee una normativa propia, que, a la luz de libertad religiosa y el respeto a las creencias más profundas de cada persona, debe ser custodiada por el mismo Estado?

Al igual que ocurre en el ámbito académico, la autonomía de la Iglesia, obviamente dentro del marco de la ley, le permite actuar de acuerdo con su fe y doctrina, sin que éstas se vean comprometidas por imposiciones políticas que puedan alterar su identidad fundamental.

El sigilo sacramental, por ejemplo, es una práctica fundamental y específica dentro de la Iglesia Católica, que protege la privacidad y la libertad de conciencia de los fieles.

Por eso, cualquier intento de violarlo representa un grave atentado a la libertad religiosa, ya que implica una intervención inaceptable en los principios esenciales de la fe.

Es igualmente grave que para avanzar en semejante ataque se presente el noble argumento de la protección de los menores, un área en la que la Iglesia está profundamente comprometida y trabaja activamente para prevenir cualquier perjuicio.