La idea de legislar sobre el secreto de confesión no es una ocurrencia reciente, en realidad desde hace siglos ha habido reyes y presidentes que han querido obligar a los sacerdotes a revelar aquello que oyeron en secreto de confesión.
Incluso, algunos presbíteros fueron martirizados por negarse a romper su promesa, tales como San Juan Nepomuceno, San Mateo Correa Magallanes y otros.
En Costa Rica ya hubo una intención en la anterior Asamblea Legislativa que no contó con apoyo. Sin embargo, la idea fue retomada por el diputado Antonio Ortega del Frente Amplio.
De inicio, la intención parece ser loable, pues según la justificación del proyecto de ley, se busca fortalecer la legislación en materia de delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad y cerrar vacíos legales que beneficien a grupos particulares.
Por otro lado, el texto, de manera sutil, no nombra directamente a los sacerdotes católicos, pero habla de “liberar del deber de abstención a ministros religiosos, cuando la persona interesada les exima del deber de guardar secreto, tal y como ya ocurre con otras profesiones donde existe ese deber”.
El proyecto (Expediente 23.928) nunca explica cómo la regulación estatal de un sacramento religioso, como el de la Reconciliación, puede contribuir al respecto en un proceso civil penal. En todo caso, la propuesta busca reformar una serie de artículos del Código Procesal Penal, Código Penal y Código Civil.
El diputado Ortega cuenta con el apoyo de todos sus compañeros de bancada del Frente Amplio, así como diputados de Liberal Progresista (PLP), Progreso Social Democrático (PSD) y Liberación Nacional (PLN).
Sacerdotes solo son intermediarios
En este contexto, en la Universidad Católica de Costa Rica se desarrolló un Webinar, el pasado martes 31 de octubre, titulado: El Sigilo Sacramental: Una aproximación canónica, jurídica y preventiva, el cual usted puede ver completo aquí.
Mons. Daniel Blanco, obispo auxiliar de San José y especialista en Derecho Canónico, fue uno de los expositores. Recordó, justamente, la nota publicada por la Penitenciaría Apostólica en 2019 sobre este tema en particular.
El documento dice: “La Reconciliación, en sí misma, es un bien que la sabiduría de la Iglesia ha salvaguardado siempre con toda su fuerza moral y jurídica con el sello sacramental. Aunque este hecho no sea siempre entendido por la mentalidad moderna, es indispensable para la santidad del sacramento y para la libertad de conciencia del penitente”.
Y añade: “(El penitente) debe estar seguro, en cualquier momento, de que el coloquio sacramental permanecerá en el secreto del confesionario, entre su conciencia que se abre a la gracia y Dios, con la mediación necesaria del sacerdote. El sello sacramental es indispensable y ningún poder humano tiene jurisdicción, ni puede reclamarla, sobre él.
Precisamente, hay personas que desconocen por qué se guarda el secreto de confesión y, por lo tanto, no comprenden de qué se trata. En todo caso, el sigilo sacramental busca que el creyente pueda confesar sus pecados con toda libertad y sin temor a que la información sea revelada.
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Monseñor también hizo referencia al hecho de que el penitente busca el sacramento consciente de que el sacerdote conoce sus pecados “no como hombre sino como Dios”.
Esa última frase merece ser explicada para evitar confusiones, pero básicamente el sacerdote actúa en nombre de Dios. “No es el sacerdote quien perdona, sino que es Dios”, detalló por su parte el Pbro. Alejandro Jiménez Ramírez, especialista en Derecho Canónico y vicario judicial del Tribunal Eclesiástico.
Se entra entonces al ámbito espiritual y de las creencias religiosas. No se trata del ejercicio de una profesión, como lo haría un abogado o un psicólogo. “Cualquier acción política o iniciativa legislativa encaminada a “forzar” la inviolabilidad del sigilo sacramental constituiría un delito inaceptable contra las libertas Ecclesiae, que no reciben la legitimidad de los Estados individuales, sino de Dios”, señala la nota de la Penitenciaría Apostólica.
“También -añade- constituiría una violación de la libertad religiosa, que es jurídicamente fundamental para cualquier otra libertad, incluida la libertad de conciencia de los ciudadanos individuales, ya sean penitentes o confesores. Violar el sigilo equivaldría a violar al pobre hombre que hay en el pecador”.
El Código de Derecho Canónico establece la estricta inviolabilidad del sigilo sacramental en los Cánones 983-984 y 1386. El Catecismo también es claro al respecto en los cánones 1467 y 2490.
Es tan riguroso que los sacerdotes están llamados a guardar silencio, aunque para ello tengan que pagar con el martirio, como mencionó el sacerdote Jiménez.
Un dato llamativo es que, si en el momento de la confesión se necesita de un intérprete, este también está obligado de la misma manera a guardar el secreto de confesión.
La prohibición es tal que, de acuerdo con el Derecho Canónico, el sacerdote ni siquiera puede hablar del contenido de la confesión con el propio penitente fuera del momento del Sacramento, salvo que este otorgue su consentimiento.
Es más, al sacerdote se le prohíbe recordar la confesión voluntariamente y se le exige que suprima cualquier recuerdo involuntario de la misma.
El padre Jiménez también expuso que la inviolabilidad absoluta del secreto de confesión garantiza al penitente un principio jurídico universal, según el cual nadie está obligado a reconocer civilmente su culpabilidad. “El ámbito de la confesión sacramental está destinado a la conversión y a la reconciliación entre Dios y el penitente”, señaló.
La actividad también tuvo como expositores a Msc. Juan Carlos Oviedo, psicólogo y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Protección al Menor y al Adulto Vulnerable; el abogado José Fernández Quesada; el rector de la Universidad Católica, Fernando Felipe Sánchez.
