Imaginemos, por un momento, que un grupo de diputados propusiera intervenir en los planes de estudio de las universidades públicas, imponiendo qué carreras, contenidos o ideologías deben enseñarse y prohibiendo aquellas materias y profesores que no se alineen con su visión ideológica o política. Esto sería un flagrante atropello a la libertad de cátedra, un principio que garantiza a los académicos la independencia de enseñanza y de investigación.

En efecto, la libertad de cátedra es el pilar esencial que protege el derecho a enseñar sin ataduras ideológicas y a formar ciudadanos críticos, capaces de pensar por sí mismos y cuestionar el mundo que los rodea. En una sociedad democrática como la nuestra, sería inconcebible que algunos legisladores, por desinformación, incurrieran en semejante falta.

Si bien las instituciones universitarias, en virtud de su autonomía, tienen el derecho de definir su orientación académica y establecer sus propias normas internas, ¿por qué cuesta tanto entender que la Iglesia, como institución social que es, también posee una normativa propia, que, a la luz de libertad religiosa y el respeto a las creencias más profundas de cada persona, debe ser custodiada por el mismo Estado?

Al igual que ocurre en el ámbito académico, la autonomía de la Iglesia, obviamente dentro del marco de la ley, le permite actuar de acuerdo con su fe y doctrina, sin que éstas se vean comprometidas por imposiciones políticas que puedan alterar su identidad fundamental.

El sigilo sacramental, por ejemplo, es una práctica fundamental y específica dentro de la Iglesia Católica, que protege la privacidad y la libertad de conciencia de los fieles.

Por eso, cualquier intento de violarlo representa un grave atentado a la libertad religiosa, ya que implica una intervención inaceptable en los principios esenciales de la fe.

Es igualmente grave que para avanzar en semejante ataque se presente el noble argumento de la protección de los menores, un área en la que la Iglesia está profundamente comprometida y trabaja activamente para prevenir cualquier perjuicio.

La Pastoral Social Caritas, comisión de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, ha emitido un comunicado sobre el proyecto de ley 21.182, orientado a introducir algunas reformas al Código de Trabajo; entre ellas, las jornadas de trabajo de 12 horas durante cuatro días consecutivos, seguidos de tres días de descanso (jornadas 4-3; en algunos casos, 3-4), en ciertas labores y bajo ciertas condiciones.

La reflexión de la Comisión se fundamenta en la ética social, desde donde la Iglesia aborda temas como el trabajo y el desarrollo humano, que consiste en “el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (san Pablo VI, Populorum progressio 20).

Durante cuatro o tres días, las personas trabajadoras sujetas a estos horarios de trabajo estarían 12 horas fuera de su hogar, a las que habría que sumar las de desplazamiento entre sus lugares de habitación y sus centros de trabajo. Fácilmente, esto significaría 14 horas o más fuera del hogar. Explicando el comunicado, el vocero de la Pastoral Social, Pbro. Edwin Aguiluz Milla señaló que “este régimen de trabajo afectaría la convivencia familiar, debilitando los vínculos de la familia. Perjudicaría seriamente las tareas de cuido de las personas dependientes (menores de edad, adultos mayores y otras), lo que se comportaría, en muchos casos, la imposibilidad de incorporarse al mercado laboral de muchas personas. Dado que comúnmente las mujeres son quienes cargan con el mayor peso de las tareas de cuido, estas estarían seriamente afectadas y, en muchos casos, verían cerradas las posibilidades de acceder al trabajo remunerado formal. Las jornadas 4-3 serían incompatibles con los horarios de estudio de una gran parte de trabajadores que estudian fuera de su jornada laboral. Además, está documentado que jornadas laborales tan extensas tienen un impacto en la salud física y mental de las personas trabajadoras”.

No existen garantías de que, en las actuales condiciones de la inspectoría del trabajo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se respete para todas las personas el principio de voluntariedad en la incorporación en el régimen de las jornadas 4.3, explica el comunicado.

El Pbro. Aguiluz expresó que el documento advierte que se debe respetar la identidad cultural de una gran parte de la población costarricense que es confesionalmente cristiana, por lo que el domingo es parte importante de su espiritualidad, como día de alegría, descanso y solidaridad. Las jornadas de 12 horas en día domingo son incompatibles con esta práctica de una gran parte los costarricenses.