Las informaciones en torno al COVID-19 se han caracterizado por su volatilidad, desde el inicio hasta la actualidad, lo cual ha generado mucha confusión en torno al distanciamiento físico adecuado, el uso de mascarillas, las actividades deportivas al aire libre, la permanencia de partículas virales en el aire, en superficies, en un organismo muerto, los modos de transmisión, uso de medicamentos, la capacidad de contagio de pacientes asintomáticos e incluso las manifestaciones clínicas.
Lo único que se tiene certeza es que no hay una vacuna disponible, que elaborar una vacuna lleva procesos de hasta diez y seis meses y que el manejo del cuadro clínico es netamente sintomático con terapias de sostén para los casos más serios.
Nadie puede asegurar tener la verdad acerca del uso de algún tipo de medicamento.
Hasta hoy, en nuestro país se han reportado 2058 casos de pacientes positivos por COVID-19( al momento de escribir este artículo), esto corresponde al 0,0375 % de la población nacional.
Nos faltarían 3 850 000 ( tres millones ochocientos cincuenta mil) personas infectadas para llegar al 70%, que permitiría la inmunidad de rebaño.
La cantidad total de pacientes que han requerido hospitalización en estos tres meses han sido sesenta y uno (61), según lo dijo la presidencia de la CCSS, lo que corresponde a un porcentaje del 3% del total de infectados y lamentablemente doce (12) personas han perdido la vida, lo que deja un porcentaje de letalidad de 0,58%.
Como lo muestran estos números, hemos estado lejos del escenario de saturación de servicios de salud y mucho más de un escenario de calamidad pública que amerite la emisión de un Decreto de Emergencia Nacional.
Para tener una idea comparativa es importante señalar que durante la pandemia por la H1N1 del año 2009, se reportó en nuestro país un total de 3774 personas contagiadas y 71 fallecidos. También, que entre el año 2014 y el 2017 murieron 294 personas por enfermedades relacionadas a virus respiratorios ( según el Estado de la Salud del MINSA del 2018) o que según el INEC, en el año 2017 murieron 594 costarricenses debido a bronconeumonías.
No hay que pasar por alto que anualmente el virus de la Influenza deja alrededor de medio millón de personas fallecidas en el mundo.
Por supuesto que la vida de las personas está por encima de cualquier otro interés, pero si nuestras decisiones no se basan en nuestra realidad, se podría afectar mucho, precisamente, la vida de muchas personas.
Por lo anterior considero que es necesario detenerse y pensar un momento: ¿Cómo van el resto de cosas?
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló este jueves la situación del empleo de Costa Rica en medio de la pandemia de COVID-19, encontrando que la tasa de desempleo llegó al mes de abril a 15.7%, la cifra más alta de la historia (en lo personal considero que debe estar todavía más alta).
Un concepto básico del manejo de los desastres es que se debe dar una pronta recuperación de los procesos socioeconómicos, de lo contrario el desastre se va a profundizar.
En el caso del COVID-19 en Costa Rica, ya se reciente dramáticamente un impacto a la economía sin que se haya manifestado una situación real de desastre.
¿Qué se debe hacer?
Hay que virar a la adaptabilidad, que consiste en crear condiciones de convivencia ante una amenaza sin interferir con los procesos de vida de las personas.
Ya las medidas restrictivas lograron su cometido, el aumento de casos no se ha reflejado en altas tasas de hospitalización, el Sistema de Salud y la población están más preparados.
Por ello es que el abordaje del COVID-19 va más allá del punto de vista epidemiológico.
Acá deben intervenir aspectos sociológicos, económicos, psicológicos, salud pública, entre otros, debido a las problemáticas colaterales que pueden crecer en magnitud como: la descompensación de enfermedades crónicas, violencia doméstica, violaciones, delincuencia, suicidios, prostitución, tráfico de drogas, entre otras situaciones relacionadas a la crisis económica.
Es necesario analizar por qué el comportamiento del virus en el país ha sido distinto al de otros países de América.
Una de las posibles respuestas está en los determinantes socio-económicos de la salud que se encuentran en otras latitudes.
Creemos que todos los países de América tienen agua potable al alcance de toda la población, sin embargo la realidad indica que solo dos países de todo el continente Americano lo pueden cumplir (Chile que tiene el agua privatizada y Costa Rica en donde es un derecho humano).
Conozco de comunidades de grandes ciudades del continente en donde solo les llega agua una vez por semana u otras que recurren a la recolección de agua de lluvia para su consumo, en ellas se han visto los escenarios más lamentables en cuanto a la cantidad de víctimas por el COVID-19.
Las tasas de hacinamiento en hogares de otros países son muy altas también.
¿Cuánta población sabe leer o escribir, cuantos tienen al alcance luz eléctrica, acceso a la tecnología, un centro de atención médica en su comunidad, a cuantos les llega un ATAP a sus casas para preguntar si ya se vacunaron o si tienen los medicamentos?
Estas realidades tan cotidianas para nosotros son un PRIVILEGIO en otras naciones (lo digo con todo respeto y sin pretender ser jactancioso o poco humilde) y por supuesto que influyen en el comportamiento en las cifras de mortalidad del virus.
Por ello es que debemos agradecer a esos verdaderos políticos que hace 80 años centraron las bases de la Seguridad Social y de un Estado que permite llevar bienestar a la gran mayoría de la población y que hoy hace la gran diferencia.
Por otra parte, mientras el país hace grandes esfuerzos para salir adelante de esta difícil situación y los costarricenses están en sus casa distraídos, con miedo y sin posibilidad de reacción, durante los últimos tres meses nos hemos olvido de otros temas relevantes o se han aprovechado de la coyuntura, para avanzar en otras agendas dirigidas a empobrecer a la población y desestabilizar la institucionalidad.
Algunos ejemplos que podemos citar son: el estado financiero de Caja Costarricense del Seguro Social, el caso de espionaje de la UPAD, las iniciativas para la venta de activos del Estado, los préstamos con Organismos Internacionales que aumentan la deuda al 74,5% del PIB para el año 2024, el proyecto de empleo público, el congelamiento de salarios para el sector público por cuatro años, la factibilidad económica del tren eléctrico, el protocolo del aborto, las condiciones laborales de empresas de producción agrícola en la zona norte, las continuas propuestas de impuestos incluso para la ropa usada y hasta se habla de reformar el Estado costarricense.
Un amigo escribió: “La mortalidad del COVID-19 es alta, en poco tiempo ha matado casi todos nuestros derechos”.
Estamos en tiempos de la Post Verdad, en donde lo evidente no es necesariamente real y lleva un alto componente de influencia en las creencias, emociones y las actitudes sociales.
Por ello es que mi llamado es a despertar, un buen médico siempre duda, siempre pregunta, siempre indaga, no cree en verdades absolutas y analiza las opciones.
Así como yo he sacado tiempo para revisar y construir estas ideas, creo que cada persona tiene la inteligencia y la capacidad de ver más allá de lo aparente.
Quiero despedirme reiterando que lo expuesto obedece a una serie de inquietudes de un humilde costarricense, de orígenes campesinos, que le gusta desayunar gallo pinto, creyente en Dios, Médico de profesión, a quién sus pensamientos no los dirige teorías de conspiración y que ama profundamente a su familia y a este país.
El Dr. Iván Brenes es Cirujano General, ex presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica.
