Como obispos, no pretendemos intervenir en disputas técnicas ni económicas. Pero sí tenemos el deber pastoral de iluminar, desde la ética cristiana, aquellas decisiones públicas que pueden afectar el tejido social, la libertad de expresión y el acceso de los ciudadanos a una comunicación verdaderamente plural. La discusión actual sobre la subasta de las frecuencias de radio y televisión no es un asunto menor. No hablamos simplemente de un bien comercial, sino de un recurso público que sostiene la vida democrática del país.

La doctrina social de la Iglesia enseña que los bienes comunes deben administrarse de modo que beneficien al conjunto de la sociedad y no únicamente a quienes tienen mayor capacidad económica. Cuando un Estado decide asignar frecuencias solo bajo criterios de recaudación o competencia financiera, corre el riesgo de reducir la comunicación a un mercado, olvidando su dimensión social, cultural y espiritual. Un país no puede permitirse que las frecuencias queden determinadas exclusivamente por la lógica del capital.

Por eso creemos que es necesario repensar el criterio de subasta. No se trata de oponerse por principio a los mecanismos modernos de administración pública, sino de recordar que la comunicación tiene un valor que no cabe en una planilla contable. La asignación de frecuencias debería considerar también la trayectoria de servicio, la contribución al bien común, el impacto educativo, la promoción de valores, la representación de comunidades locales y minoritarias, y la preservación de espacios que no responden al lucro, sino a la misión.

Comunicado de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

Desde el 1 de noviembre el país ha sufrido intensas y prolongadas lluvias producidas por la concatenación de varios fenómenos hidrometeorológicos, a saber, la Influencia indirecta del Huracán Rafael, inestabilidad Atmosférica por Zona de Convergencia Intertropical y paso de Onda Tropical N.º 45, lo cual, tras diversas alarmas amarillas, naranjas y rojas a lo largo y ancho del país a llevado al Gobierno de la República a declarar estado de emergencia nacional. Así consta en el decreto ejecutivo N. 44754-MP.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con las dos familias que han perdido seres queridos, las muchas que han estado en albergues temporales y las que continúan en ellos, las que han sufrido el daño en sus viviendas y enseres, así como los agricultores que han experimentado la pérdida de sus cultivos y la afectación a sus ganados. Sentimos dolor por los niños que no acurden a los comedores escolares mientras perdura el cierre provisional de los centros educativos. Lamentamos mucho el trastorno para las tareas productivas y comerciales, así como de urgencias domésticas por el cierre de caminos y carreteras.

Apreciamos y felicitamos por su servicio en la actual crisis al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Costa Rica y sus diversas instancias: la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), los comités municipales y locales de emergencias y todas las entidades que los conforman, los comités asesores y otras. Les animamos a mantener la mística y la generosidad en las diversas fases de la atención a la presente emergencia, prestando atención especial a las personas con mayores vulnerabilidades, como los niños; las mujeres, especialmente a las gestantes; las personas adultas mayores; las personas con discapacidad; las personas en situación migratoria tanto regular como irregular; las personas en situación de calle; las personas con afecciones de salud diversas.

Agradecemos profundamente la labor solidaria de la Pastoral Social Caritas en sus diversas instancias nacional, diocesanas y parroquiales que están sirviendo solidariamente en el apoyo a la atención de las personas en albergues temporales, así como a aquellas que no han abandonado sus casas, además de sus mascotas y otros animales. Especialmente agradecemos a los sacerdotes y agentes de pastoral que están brindando apoyo emocional a las personas afligidas por esta emergencia. Animamos a los grupos de pastoral social parroquial y equipos diocesanos a estar en contacto y al servicio de los comités cantonales y locales de emergencias. Le pedimos a la comunidad católica y a la población en general estar atentos a los llamados que se estarán haciendo en los próximos días acerca de las formas de cooperar en el proceso de respuesta y recuperación en esta emergencia.

Hacemos un llamado a las diversas entidades públicas que se abocarán en las siguientes semanas a la evaluación de daños y a la formulación de proyectos de recuperación, según lo ordena la legislación, a que presten toda la atención a las familias que tras esta emergencia verán agravada su situación de pobreza, así como a los pequeños y medianos productores agropecuarios, especialmente los muchos que carecen de seguros de cosecha. Ellos necesitarán asistencia financiera y técnica para su recuperación, así como para la alimentación de sus familias en el transcurso de su reactivación económica.

Comunicado de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

En momentos de incertidumbre y conflictos que afligen a tantas regiones del mundo, el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha convocado a una Jornada de Oración y Ayuno por la Paz el próximo 7 de octubre. Esta invitación, nacida de su profunda preocupación por la violencia, la injusticia y el sufrimiento de tantos pueblos, es una oportunidad para unirnos en una súplica ferviente por la paz, esa paz que sólo puede provenir del Señor.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

ante el aumento de la violencia homicida en nuestro país

“¿Qué has hecho? ¡Escucha! La sangre de tu hermano grita hacia mi”

Gén 4,10

Hermanos y hermanas en Cristo Jesús

Hoy nuestra palabra brota entristecida por la gravísima situación que atraviesa nuestro país. Cerramos el 2023 con un aumento histórico de homicidios, llegando a contabilizar 907 asesinatos y, apenas en estos primeros días del 2024, somos testigos de horrendos nuevos crímenes que nos estremecen el corazón y nos motivan a asumir una posición firme y clara.

En particular, manifestamos nuestra cercanía con las comunidades que más sufren este flagelo, a saber, nuestras costas, tanto del Pacífico como del Caribe, así como de San José, nuestra ciudad capital, convertidas en escenarios casi cotidianos de balaceras y “ajustes de cuentas”.

Como es de conocimiento de muchos, la relatora de las Naciones Unidas, Tlaleng Mofokeng, que recientemente visitó nuestro país indicó: “Las libertades relacionadas con el derecho a la salud incluyen el derecho a controlar su cuerpo y la salud propia, incluyendo la libertad sexual y reproductiva...” Más adelante agregó que “Las restricciones penales y legales al aborto son de naturaleza discriminatoria, restringen la autonomía e interfieren con la relación médicopaciente, afectando el acceso a los servicios de salud y la información. Esta es una forma de discriminación basada en el género. La moralidad pública y las creencias religiosas no pueden servir de justificación para la promulgación o aplicación de leyes que den lugar a violaciones de derechos humanos.”

 Respetuosamente, como pastores y ciudadanos costarricenses, nos permitimos hacer las siguientes reflexiones dirigidas a todas las personas de buena voluntad:

1. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Costa Rica para el año 2021, de 54288 nacimientos lamentablemente se reportaron 22 muertes maternas.
2. Conviene hacer diferencias en las defunciones obstétricas directas y las indirectas. En virtud de lo cual, sería absurdo afirmar que las 22 muertes indicadas se hubieran evitado si en Costa Rica el aborto estuviera totalmente despenalizado. Hay que recordar que nuestro país tiene uno de los índices más bajo de América Latina en mortalidad materna.
3. La causa de esta baja mortalidad materna se debe a que en Costa Rica la mujer embarazada tiene acceso a buenos servicios de salud, aunque por supuesto siempre habrá muchas cosas por mejorar.
4. En cuanto a la afirmación de que supuestamente Costa Rica “discrimina”, debemos indicar que el aborto es la peor de las discriminaciones que un ser humano puede sufrir, pues al quitar la vida intencionalmente a un ser en gestación, se le quitan absolutamente todos sus derechos humanos.
5. En la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, de Naciones Unidas, se dispuso: “Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado espaciales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, lo cual unido al artículo 21 de la Constitución Política, hace incomprensible la afirmación de la relatora de que la penalización del aborto viola el artículo 21 dicho.
6. La inviolabilidad de la vida cubre a todos los niños en gestación por su interés superior. Ellos también forman parte de la familia humana. En todo caso la vida humana también está protegida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño, entre otros instrumentos internacionales.
7. Sobre la crítica a la moralidad pública y creencias religiosas, hemos de indicar que tanto en la Constitución Política de Costa Rica, cómo en la Declaración de los Derechos Humanos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos se defienden los conceptos de moral pública y libertad religiosa. Ahora bien, queremos hacer hincapié que nunca para penalizar el aborto en nuestro país se han hecho justificaciones religiosas sino científicas y de derechos constitucionales y humanos.
8. Por último, queremos llamar a la reflexión sobre el artículo 1 de la Constitución Política, según el cual, Costa Rica es una República “democrática, libre, independiente” además, “la potestad de legislar reside en el pueblo”, que delega dicha potestad en la Asamblea Legislativa, todo de conformidad con el artículo 105 de nuestra carta magna. Estos temas que “demanda” la relatora de las Naciones Unidas deben resolverse en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, no en organismos internacionales.