El tribunal resolvió el ayer, miércoles 19 de agosto, que no encontró vicios de inconstitucionalidad ante la consulta promovida por la diputada Paola Vega, quien en otras ocasiones ya ha lanzado acusaciones contra la OES, esto a pesar de las diversas auditorias periódicas hechas a la Asociación por parte de instituciones como PANI y Ministerio de Hacienda no han encontrado irregularidad alguna.
La petición también fue firmada por sus compañeros del Partido Acción Ciudadana (PAC) Nielsen Pérez, Carolina Hidalgo, Laura Guido, Catalina Montero y Enrique Sánchez; así como los de Liberación Nacional (PLN), Paola Valladares y Yorleny León; José María Villalta del Frente Amplio y la independiente Zoila Volio.
Según estos diputados “no había fundamento técnico” que justifique “regalarle” esa cantidad de fondos públicos a una asociación católica, afirmaban que el Congreso no tenía competencia legal para destinar recursos públicos a la OES, sino que debía ser la Administración Pública que decidiera.
Asimismo, alegaban que la tarea de protección a los menores ya recaía en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y que la Asociación no la podía sustituir.
El monto destinado a la Asociación serviría para el cuido y atención de menores en el albergue permanente, la guardería y el Centro Educativo de la Alegría. De igual forma, ayudará a sufragar gastos de alimentación, servicios públicos, planta física, vestido y textiles, salud, recreación, capacitaciones, gastos administrativos y salarios.
Debido a la situación de pandemia la Asociación Obras del Espíritu Santo ha ampliado la atención a más de 100 mil beneficiados, de los cuales 72 mil son niños. Solo en el comedor de las instalaciones en Barrio Cristo Rey se atiende a más de 1500 hermanos.
Las personas también pueden ayudar a esta obra social a través de Sinpe móvil, al 8367-7000.
