Las emisoras de radio y los canales de televisión utilizan frecuencias de lo que se conoce como el espectro radiofónico, para hacer sus transmisiones, así por ejemplo, alguien puede sintonizar Radio Fides en los 93.1 FM del dial.
Dicho espectro pertenece al Estado costarricense, el cual otorga frecuencias en concesión para que estas sean explotadas por terceros. El año pasado estos permisos se vencieron y lo que procedía era una prórroga automática del contrato (20 años más), pero en vez de esto, el gobierno de la República optó por dar prórrogas de meses.
Básicamente, la Administración del presidente Rodrigo Chaves tiene la intención de modificar los contratos de estas concesiones y actualizar sus tarifas. Los contratos se vencieron, no se dio la prórroga automática y se optó por dar permisos provisionales, mientras se hacían las modificaciones. Desde entonces, existe el riesgo periódico de un “apagón” de emisoras y televisoras, incluidos los medios de la Iglesia, cuyos fines son la evangelización.
Una subasta de frecuencias
Recientemente, el Ejecutivo anunció que planeaba realizar una “subasta” de frecuencias para otorgar concesiones por 15 años, con precios base que parten de 800 millones de colones para canales de televisión y ¢193,9 millones para frecuencias de Radio FM (ver detalles en el recuadro).
Si bien en nuestro país hay empresas y medios de comunicación que generan millones de colones en ganancias, este no es el caso de emisoras pequeñas, especialmente aquellas cuyo enfoque no es necesariamente comercial sino social, cultural o religioso. Tal es el caso de emisoras católicas como Radio Fides (93.1 FM), Radio Sinaí (103.9 FM) y Radio Santa Clara (550 AM).
De acuerdo con la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, el objetivo es “fomentar la competencia y asegurar la participación de todos los interesados de forma justa y transparente”. También, ha dicho que quieren un sistema equitativo, que considere tanto a pequeñas y medianas como a grandes compañías.
No obstante, tanto dueños como directores de radioemisoras señalan todo lo contrario y más bien ven esto como una forma para que solo unos cuantos grupos con poder económico manejen el espectro radiofónico.
En general, las empresas radiofónicas coinciden en la necesidad de actualizar las tarifas y en el deber del gobierno de otorgar las concesiones, pero consideran que tanto los procesos como los montos deben ser justos, proporcionales y legales, pues de lo contrario, más bien dicha intención iría en detrimento de la democracia, la pluralidad de voces y el derecho a la información de los ciudadanos.
El espectro radioeléctrico es un bien público del Estado, el cual otorga concesiones para su uso. Es decir, permite que terceros puedan utilizar las frecuencias a cambio de un pago.
Actualizar montos del canon
Aparte de la subasta de las frecuencias, el Ejecutivo también quiere que se actualicen los montos anuales que se cobran por estas concesiones, ya que actualmente las radioemisoras pagan por año 6.000 colones y las televisoras 120.000 colones, cifras consideradas muy bajas por el gobierno. Por el momento, los cambios a la Ley se discuten en la Asamblea Legislativa.
Precisamente, el presidente Rodrigo Chaves ha criticado fuertemente esto y, de manera particular, ha señalado de forma directa a un canal de televisión por explotar esa frecuencia y pagar un canon tan bajo, a pesar de ser una empresa que genera grandes utilidades.
Frecuencias y apagón
Como ya se mencionó, el espectro radioeléctrico es un bien público del Estado, el cual otorga concesiones para su uso. Es decir, permite que terceros puedan utilizar las frecuencias a cambio de un pago.
Probablemente usted ha escuchado la alerta sobre un “apagón”, o sea, que los canales de televisión y radioemisoras costarricenses dejen de transmitir por falta de permisos. Para evitar eso, durante más de un año el Ejecutivo ha dado prórrogas, mientras se define el otorgamiento de frecuencias y la actualización de los montos.
Las concesiones se vencieron el pasado 28 de junio de 2024, entonces no se logró una modificación de una Ley que actualice el marco de operación y pago de los servicios. De esta forma, las concesiones se prorrogaron temporalmente hasta setiembre de 2025. Nuevamente se vencieron y no se alcanzó a hacer los cambios correspondientes.
Sumado a esto, con miras a la Campaña Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Micitt abstenerse de implementar variaciones en el modelo de adjudicación de frecuencias de televisión hasta después de las elecciones presidenciales, específicamente “hasta el día hábil siguiente a que se declaren las nuevas autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.
Esto porque, entre otras cosas, si hubiera un apagón, los ciudadanos podrían ver vulnerado su derecho a la información justamente en época electoral. Así las cosas, la subasta anunciada por el gobierno no podrá llevarse a cabo aun.
En resumen, las radioemisoras y los canales de televisión actuales pueden funcionar con “normalidad” hasta después de las elecciones, pero una vez que se conozcan los resultados puede haber un apagón si el Estado costarricense no define cómo proceder.
Por su parte, la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara) considera que se debió hacer la prórroga automática por 20 años, antes de que se vencieran las concesiones, tal como lo estipula el reglamento.
Sin embargo, la Administración Chaves Robles no aceptó esa posibilidad y optó por dar plazos de meses, mientras encontraba una vía, algo considerado ilegal por los responsables de los medios y que actualmente está siendo analizado en los Tribunales de Justicia.
Justamente, el Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo aprobó una medida cautelar que garantiza la continuidad de la radiodifusión abierta, sonora y televisiva en el país, en el tanto se resuelven en sede judicial los procesos relacionados con la negativa del Estado de aprobar prórrogas automáticas en las concesiones.
De esta forma, las emisoras y canales de televisión podrían seguir funcionando hasta mayo del próximo año. Mientras tanto, se espera que los tribunales resuelvan.
El Tribunal Contencioso recordó además que la radiodifusión es una actividad privada de interés público y advierte que la forma en que actualmente se administran las extensiones de concesión es incierta, insegura y poco clara.
Nuevos montos
En Costa Rica, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) es el ente regulador encargado del uso correcto del espectro radioeléctrico y del otorgamiento de frecuencias.
Recientemente, el gobierno propuso llevar a cabo una subasta y anunció los montos (ver recuadros). Por lo tanto, pidió a la SUTEL proceder con la apertura del concurso público para la asignación de espectro radioeléctrico en señal abierta de Radio AM y FM, así como en Televisión.
Sería la primera vez que se haga una subasta de este tipo, algo que el Ejecutivo califica como un hito en la democratización del uso del espectro radioeléctrico. El Micitt anunció los montos base para concursar, estos podrían subir según la puja que hagan los posibles compradores.
Cabe precisar que la subasta de frecuencias no modifica los montos anuales por el uso de las frecuencias, las cuales seguirían siendo de 6 mil colones para radios y 120 mil colones para televisoras hasta que no se modifique la Ley.
“Se corre el riesgo de que solo los grupos con mayor poder adquisitivo accedan al espectro, lo que limita la pluralidad de voces y empobrece el debate público”. Gerardo Mora - Director, Radio Santa Clara
“Absolutamente irreal”
Gustavo Piedra, presidente de Canara, reconoce que es importante que el gobierno cumpla con su obligación respecto a las concesiones del espectro radiofónico, sin embargo considera que los montos establecidos están pésimamente calculados y no corresponden con la realidad de la gran mayoría de emisoras y canales de televisión.
Para Piedra, el cartel es “total y absolutamente irreal”, lamenta que no se tomara en cuenta el parecer del sector y advierte que esto podría conducir a que los medios de comunicación, como la Radio y la Televisión, queden concentrados en manos de capitales de dudosa procedencia.
Asimismo, el también dueño de Radio Victoria (1180 AM) valora que es muy arriesgado pagar montos tan altos como los que aparecen en la subasta y pretender recuperar la inversión en 15 años. “Sería una inversión ruinosa”, asegura y agrega que: “Es un cartel que lejos de visibilizar borra a estos medios (emisoras de interés cultural, social o religioso)”.
Piedra explica que en el contrato de 2004 (la última vez que se renovaron las concesiones de las radioemisoras) hay una cláusula donde se establecen una serie de condiciones, si estas se cumplían tenían derecho a una prórroga automática.
Así, el año pasado, cuando se vencieron los contratos y no se hizo ninguna modificación en la Ley, estos debieron renovarse automáticamente, según defiende el presidente de Canara. No obstante, no se hizo la renovación y tampoco se modificó la Ley antes de que vencieran las concesiones.
“Sabemos que esto implica silenciar una serie de medios que lo que hacen es darle voz a voces de nuestros pueblos. Silenciar de esta manera es muy peligroso”. Pbro. Elí Quirós López - Director, Radio Sinaí
Preocupación en emisoras católicas
En este sentido, el director de Radio Santa Clara 550 AM, Gerardo Mora Pana, reitera que la radio es un bien al servicio de la sociedad. Por eso, señala que si se privilegia únicamente el criterio comercial, “se corre el riesgo de que solo los grupos con mayor poder adquisitivo accedan al espectro, lo que limita la pluralidad de voces y empobrece el debate público”.
Por eso -continuó-, “en un país democrático como Costa Rica, resulta fundamental que la libertad de expresión y la libertad de prensa se fortalezcan, garantizando que convivan diferentes tipos de medios: comerciales, comunitarios, culturales, educativos y religiosos. La variedad de emisoras asegura que todos los sectores de la sociedad estén representados y que se mantenga un espacio de comunicación abierto, plural y respetuoso de la identidad nacional”.
Mora agregó que están atentos al proceso y a las aclaraciones que hagan las instituciones encargadas, además, señaló que están abiertos al diálogo en función de la actividad radial en beneficio de la sociedad.
El Tribunal de Apelaciones Contencioso Administrativo aprobó una medida cautelar que garantiza la continuidad de la radiodifusión abierta, sonora y televisiva en el país, en el tanto se resuelven en sede judicial los procesos relacionados con la negativa del Estado de aprobar prórrogas automáticas en las concesiones.
Radio Sinaí, por su parte, es la emisora de la Diócesis de San Isidro. Funciona en la frecuencia modulada (103.9 FM) y tiene alcance nacional. En la subasta el precio base para funcionar con sistema analógico sería de casi 97 millones de colones, y si quisiera un sistema híbrido (analógico/digital) necesitaría pagar casi 194 millones de colones, como mínimo.
Su director, el Pbro. Elí Quirós afirma que la subasta propuesta es “insostenible desde cualquier punto que se analice”, pues “no permite mecanismos de participación real porque la base es exorbitante” y deja de lado la labor religiosa y social de un medio como el que dirige.
“Sin duda, solo un cerrado círculo con poder adquisitivo tendrá acceso a las frecuencias. Peligroso, pues ya sabemos que esto implica silenciar una serie de medios que lo que hacen es darle voz a voces de nuestros pueblos. Silenciar de esta manera es muy peligroso, la libertad y la democracia no pueden ponerse en peligro”, apuntó el Padre Elí.
Eco Católico consultó a Sutel y a Micitt sobre cómo se hizo el cálculo de los precios base para participar en la subasta y por qué todas las emisoras, aun las más pequeñas y que no tienen un enfoque comercial, deben pagar esas sumas. Sin embargo, al cierre de edición no hubo una respuesta para aclarar este punto en particular.
Montos base de la subasta
Costos para radio AM:
-Emisoras con alcance nacional
AM analógico: $9.653 (¢4,8 millones).
AM híbrido: $28.959 (¢14,6 millones).
Costos para radio FM
-Alcance regional
Chorotega: desde $24.545 (¢12,3 millones).
Pacífico Central: desde $18.945 (¢9,5 millones).
Huetar Norte: desde ¢26.711 (¢13,4 millones).
Brunca: desde $22.295 (¢11,2 millones)
Huetar Caribe: desde $28.320 (¢14,2 millones).
Costos para radio FM
-Alcance nacional
FM analógico: $193.051 (¢96,9 millones).
FM híbrido: $386.102 (¢193,9 millones).
Costos para televisión abierta
-Alcance regional
Chorotega: $157.629 (¢79,2 millones).
Pacífico Central: $205.506 (¢103,3 millones).
Huetar Norte: $325.044 (¢163,3 millones).
Brunca: $256.482 (¢128,9 millones).
Huetar Caribe: $271.349 (¢136,3 millones).
-Alcance nacional
TV digital
ISDB-Tb: $ 1.601.786 (¢805,3 millones).
****Actualización*****
Radio FM (banda de 200 kHz)
• Nacional: $313.867 → C159.130.569
•Chorotega: $24.545 → c12.444.315
• Central: $193.051 → c97.876.857
Pacífico Central: $18.945 → c9.605.115
• Huetar Norte: $26.711 → c13.542.477
• Brunca: $22.295 → c11.303.565
• Huetar Caribe: $28.320 → c14.358.240
Televisión (banda de 6 MHz)
• Nacional: $2.810.691 → c1.425.020.337
• Chorotega: $157.629 → c79.917.903
• Central: $1.601.786 → c812.105.502
• Pacífico Central: $205.506 → c104.191.542
• Huetar Norte: $325.044 → C164.797.308
• Brunca: $256.482 → c130.036.374
Huetar Caribe: $271.349 → c137.573.943
