Durante el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís se emitió un decreto, en el que, entre otras cosas, se obligaba a los trabajadores públicos a participar en formaciones denominadas “procesos de sensibilización” en temas LGTBI, los cuales fueron señalados como “ideologizantes” y hasta como “lavados de cerebro”.
Luego de cuatro años de espera, la Sala Constitucional al fin resolvió una Acción de Inconstitucionalidad en contra de dicho mandato. Si bien no declaró inconstitucional el decreto, sí eliminó la obligación de recibir los polémicos talleres.
Los funcionarios podrán entonces “ejercer el derecho a la objeción de conciencia, en caso de conflicto entre sus creencias éticas, morales y religiosas”.
Antecedentes
En 2020, dos funcionarias del Ministerio de Hacienda se rehusaron a participar de estas “formaciones” e interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad. En apoyo a estas mujeres, la Conferencia Episcopal presentó una coadyuvancia activa, para fundamentar, con base en los derechos humanos, las razones por las que esa obligación era inconstitucional.
También, ese año otras dos trabajadoras del Servicio Civil presentaron un Recurso de Amparo. La Sala Constitucional tardó cuatro años para resolver y darle la razón a estas personas, quienes se expusieron a sanciones y señalamientos por no participar en este tipo de “formaciones”.
En el 2015, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís se emitió el Decreto Ejecutivo No. 38999 llamado “Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”, en el cual, entre otras cosas, se imponía la obligación a los empleados del Poder Ejecutivo de participar y aprobar un curso sobre lo que se conoce como ideología de género.
