En el siglo XIX se retoman las súplicas por una Diócesis y un Obispo propios; destaca la solicitud del P. Florencio Castillo en las Cortes de Cádiz.
Entre 1565 y 1850, período en que estuvo vigente la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, de sus treinta y cuatro Obispos sólo once visitaron esta parte de su jurisdicción y muchas veces con mucha dilación entre una visita episcopal y otra –de 1782 a 1815 pasaron treinta y tres años–.
Durante los siglos XVII y XVIII no tenemos noticias de que se haya hecho algo por obtener el obispado, lo cual se entiende por la situación de penuria en la que vivió Costa Rica durante esos años.
A inicios del siglo XIX se manifiesta de nuevo la necesidad de tener en Costa Rica un obispado propio. En medio de los violentos levantamientos independentistas de León en 1811, en que el Obispo de Nicaragua y Costa Rica, Fray Nicolás García Jerez O.P. (1806-1825), se vio forzado primero a constituir una junta para asumir el gobierno temporal, y luego a constituirse él mismo en Gobernador interino de Nicaragua, el Gobernador de Costa Rica Juan de Dios de Ayala y Toledo (1810-1819) y el Ayuntamiento de Cartago, aún respaldando la posición del Obispo, el 29 de mayo de 1811 solicitan al Rey que provea de un obispado a la Provincia, recomendando al Deán del Cabildo de León, Doctor don Juan Francisco de Vílchez y Cabrera.
Argumentan para ello la gran distancia de la sede de León, los veintinueve años transcurridos desde la última visita episcopal y el retraso que por estas circunstancias tiene la “conquista de infieles” en Talamanca.
En ese mismo momento se están desarrollando en España las Cortes de Cádiz (1808-1813), que tienen lugar en la difícil coyuntura posterior a la invasión napoleónica en España, en que se instauran dos gobiernos paralelos, uno con José Bonaparte (1808-1813) al frente y, el otro, con Carlos IV (1788-1808) al inicio, y luego, con su hijo Fernando VII (1808/1813-1833).
Las Cortes se reunieron con la pretensión de definir el marco político de España y en ellas participaron representantes o diputados de todas las Provincias, incluidas las americanas. Emanaron la Constitución de 1812, la cual fue anulada por Fernando VII en 1814, lo mismo que todas las decisiones asumidas por las Cortes, en el contexto de la “restauración” europea.
Costa Rica estuvo representada en dichas Cortes por el P. Florencio Castillo (1778-1834), sacerdote originario de Ujarrás, elegido democráticamente entre una terna propuesta para ello –figura eclesial extraordinaria, cuyos valiosos aportes no podemos desarrollar aquí, en las Cortes defendió la libertad completa de los indígenas y la concesión del derecho de ciudadanía a los afrodescendientes nacidos en América, es benemérito de la Patria desde 1972–.
En las Cortes de Cádiz el P. Florencio, según el encargo que recibió de la Provincia presenta, entre otros asuntos, en la sesión del 31 de mayo de 1813 –siendo en ese momento su Presidente–, la solicitud de la erección del obispado de Costa Rica, con sede en la ciudad de Cartago, sin especificar ningún candidato para ser presentado.
En su ponencia alude a la súplica presentada por al Ayuntamiento de Cartago en 1811 y renueva la petición “para que aquella grey pueda ser gobernada y apacentada en lo espiritual como corresponde”, con tres argumentos que desarrolla luego de enunciarlos: “la extensión del territorio de Costa Rica, su población, y la larga distancia que media de su capital a la de León de Nicaragua”.
Expresa que Costa Rica está separada en lo militar y en lo político, manteniéndose sólo en lo eclesiástico ligada a Nicaragua, añadiendo el hecho de que en ese momento hace treinta y tres años –en realidad son treinta y uno– la Provincia no es visitada por el Obispo y, finalmente, advierte que la solución no puede ser agregarla a Panamá, porque la distancia que media entre estas dos Provincias es mayor que la que hay entre Nicaragua y Costa Rica. Concluyendo que no queda otro recurso que el de la separación y la creación del obispado en Costa Rica.
Dicha solicitud fue remitida a estudio, pero la pronta disolución de las Cortes, por las circunstancias políticas propias de la realidad española, en la que este mismo año de 1813 se vio libre de la invasión napoleónica, iniciándose el período de “restauración” de la monarquía, no dio tiempo para más.
Disueltas las Cortes y declarados nulos todos sus actos por el Rey Fernando VII, por mandato real que pedía a los antiguos diputados presentar los asuntos pendientes, el 12 de julio de 1814 el P. Florencio Castillo plantea, entre otros asuntos, la solicitud de erección del obispado, reiterando los argumentos de su ponencia anterior.
Fruto de esa presentación, el 26 de mayo de 1818 el Rey envió una Real Cédula al Capitán General de Guatemala para que informara sobre la conveniencia de erigir el obispado de Costa Rica, con sede en la ciudad de Cartago. El Rey cita la presentación del P. Florencio Castillo e igualmente informa que va a consultar sobre el asunto al Gobernador interino y Obispo de Nicaragua, Fray Nicolás García Jerez O.P.
Pero, hasta ahí llegó el asunto en ese momento; un nuevo intento, que no tuvo resultado positivo.
Lo invitamos a compartir nuestro contenido
