En la pasada campaña electoral, y al parecer, para esta segunda ronda será igual, los grandes temas a considerar seguirán siendo la pobreza, la brecha social, el desempleo, la reactivación económica y la crisis en la educación, todo desde una perspectiva de desarrollo integral.
Sin embargo, es curioso que algunos sectores hagan hincapié en la cuestión del Estado Laico como si se tratara de un asunto de primer orden en la agenda nacional y trascendental para el progreso del país. En la Costa Rica moderna, “Progresismo” y Religión se han presentado como discursos confrontados, sustitutivos y excluyentes, y, en apariencia, inmersos en un “conflicto” de común intransigencia.
Los más férreos impulsores de una peculiar idea de “Estado Laico” que se acerca más a un laicismo intolerante, además de exponer sus reiteradas consideraciones ideológicas, citan al Papa Francisco quien ha manifestado: “Un Estado debe ser laico. Los Estados confesionales terminan mal.”[1] Lamentablemente, pasan por alto el contexto de sus palabras, dirigidas a la sociedad francesa en donde Francisco alude a las “exageraciones” de la laicidad en Francia que provienen, a su juicio, “de considerar las religiones como una «subcultura»” y el riesgo de no acompañar esa laicidad con una “solida ley que garantice la libertad religiosa”.[2]
Vamos, entonces, al núcleo del problema en nuestro contexto nacional. Es cierto que nuestra Constitución, en su artículo 75 señala: “La religión Católica, Apostólica y Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal y a las buenas costumbres.”
Los detractores del Estado Confesional apuntan a la supuesta presencia e injerencia de la Iglesia en la vida política y social, contraproducente para el progreso de la Nación. Para ellos, al declararse nuestro Estado Católico adquiere un compromiso jurídico con la Iglesia y termina privilegiándola en detrimento de la libertad de cultos. No faltará quién hable de poder fáctico, o de un disparador del gasto público.
Desde el punto de vista legal, por esta confesionalidad la Iglesia no goza de ninguna exclusividad, derecho o prerrogativa con relación a otros cultos; antes bien, hay leyes que inhiben a la Iglesia de la participación política que no son vinculantes a otras confesiones. Luego, nuestra Carta Magna consagra el derecho a ser libre de practicar o no cualquier religión como un derecho humano directamente relacionado con la dignidad de cada persona.
La Iglesia no está en contra del Estado Laico si hablamos de una “sana laicidad” y la debida autonomía Iglesia-Estado, sin embargo, en los proyectos que han desfilado por la Asamblea Legislativa en los últimos años, el Estado Laico en Costa Rica se concibe y promueve como laicista para todo efecto, como intolerancia religiosa, alentado una suerte de discriminación extrema que busca desmantelar el tema de la fe y las creencias en la sociedad costarricense, mayoritariamente católica y cristiana, negando toda manifestación pública de la expresión religiosa. Estas tesis dogmáticas, asimismo, ignoran el servicio más convencido, más generoso, más desinteresado a la sociedad costarricense por parte de la Iglesia como resultado del auténtico ejercicio y desarrollo de la libertad religiosa, a lo largo de toda su historia.
Por ello, debemos recordar que “la libertad religiosa no es sólo la de un pensamiento o de un culto privado. Es la libertad de vivir según los principios éticos consiguientes a la verdad encontrada, sea privada que públicamente”. [3]
En la práctica, a pesar de la “confesionalidad” del Estado, se han venido aprobando leyes contrarias a la moral cristiana, que hablan, claramente, del proceso de sometimiento a la dictadura ideológica dominante y como expresión de la conveniencia ideológica y política de los gobernantes de turno.
Exhorto a los católicos y creyentes en general, a profundizar en este tema para que no nos veamos inhibidos a expresar libremente el propio pensamiento o de profesar sin constricción la propia fe religiosa y, por ende, no ser objeto de discriminación. La defensa de la libertad religiosa garantiza el desarrollo de toda la comunidad, no defendemos privilegio alguno.
[1] Papa Francisco, entrevista en la revista católica francesa «La Croix», mayo 2016.
[2] Idem
[3] Papa Francisco, 20 de junio de 2014
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