El último escándalo financiero en nuestro país significa la desaparición de una de las cooperativas más antiguas y emblemáticas de Costa Rica.

Coopeservidores surgió en 1957 como un ente cooperativo enfocado especialmente en empleados públicos, de ahí su nombre, pero con el paso del tiempo se fue adecuando a las nuevas realidades económicas y sociales del país abriéndose con ello a segmentos más amplios de población. Al final fue conocida como CS Ahorro y Crédito.

Hasta el pasado 13 de mayo, cuando fue finalmente intervenida por la Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, Coopeservidores reunía el capital de más de 130 mil clientes, siendo la cuarta cooperativa de ahorro y crédito más grande del país.

Ese día, las justificaciones de las autoridades supervisoras dejaron perplejos a todos: pérdidas millonarias por un grave deterioro de la cartera crediticia, ocultamiento de información, estados financieros alterados… y un largo etcétera de irregularidades, abusos, excesos, negligencias, descuidos y, según se ha denunciado y está en investigación, hasta la posible comisión de delitos tipificados por parte de funcionarios, alta gerencia y el Consejo de Administración de la cooperativa.

Una verdadera bomba que le estalló en la cara a los miles de asociados, ahorrantes, inversionistas y acreedores de la entidad, quienes de la noche a la mañana vieron congelados sus recursos sin posibilidad de acceder a ellos por ninguna vía.

En un país donde ningún escándalo dura tres días, la debacle de Coopeservidores lleva eso y más, y con sobrada razón, porque hay mucho en juego en este caso, más incluso de lo que algunos suponen o logran ver a simple vista.

Según ha trascendido, las autoridades supervisoras tenían conocimiento de irregularidades y riesgos aumentados en la Cooperativa desde el año 2016, tiempo más que suficiente para haber tomado acciones para evitar el cierre y las consecuentes pérdidas que esto supone ahora para los miles de asociados e inversionistas.

De comprobarse, ello haría al Estado cómplice de la caída de Coopeservidores, por falta de una rigurosa fiscalización en el campo, día a día, no solo de papeles con números y datos falseados que van y vienen. Esto lo convierte en un caso de abierto interés público con consecuencias a todo nivel.

Para colmo de males, la misma persona que tenía que fiscalizar la Cooperativa desde la SUGEF es ahora quien lleva adelante el proceso de su resolución. Muchos ven en ello un evidente conflicto de interés.

El otro aspecto gravísimo son las consecuencias económicas, físicas, emocionales, sociales y espirituales que esta crisis está teniendo en miles de personas y familias de nuestro país, muchas de ellas formadas por adultos mayores, pensionados y enfermos quienes por décadas habían confiado en Coopeservidores los ahorros de su vida ganados de forma honesta y honrada.

No se trata de un tema marginal, como algunos han querido enfocar, diciendo son especuladores que deben cargar con sus riesgos, hay historias dramáticas de sufrimiento y carencia tras la intervención de la Cooperativa, realidades que ninguna autoridad ha querido escuchar ni mucho menos considerar para plantear soluciones.