El gobierno dictatorial de Nicaragua no cesa sus ataques contra la Iglesia Católica. Según han informado medios internacionales, en las últimas horas tres sacerdotes fueron detenidos y se decretó el bloqueo de cuentas bancarias de diversas diócesis bajo acusaciones de lavado de dinero.
En un escueto comunicado, la Policía Nacional de ese país informó que se trata de cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria. Al respecto, cabe recordar que la dictadura condenó a Mons. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y a otros sacerdotes, quienes han mostrado su oposición al gobierno.
La policía nicaragüense expone que se hallaron centenares de miles de dólares escondidos en bolsas “ubicadas en instalaciones pertenecientes a Diócesis”. Como resultado de las supuestas investigaciones se determinó que se sustrajeron recursos de cuentas bancarias que estaban congeladas por la Ley Congelar y que hay una red de lavado de dinero en las diócesis (el texto no menciona cuáles diócesis en específico).
En las últimas horas también se conoció el encarcelamiento de tres sacerdotes. El más reciente, según otro comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua, corresponde al sacerdote Jaime Montesinos, investigado “por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación de la nación”.
De igual manera la Diócesis de Estelí confirmó a través de un comunicado que los sacerdotes Pastor Rodríguez y Leonardo Gutiérrez fueron requeridos por la Policía Nacional, y se encuentran bajo detención domiciliaria en una casa de formación de la Iglesia en Managua, “mientras transcurre un tiempo de investigación sobre asuntos administrativos de la extinta Cáritas Diocesana de Estelí”.
El cardenal y obispo de Managua, Mons. Leopoldo Brenes, dio declaraciones al medio nicaragüense, Despacho 505. Comentó que analizan la situación y que los obispos detallarán los movimientos de las cuentas. “(A pesar de todo) El trabajo de la Iglesia es la evangelización, nosotros seguimos trabajando”, aseguró el purpurado.
El gobierno quiere robarse el dinero
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) de Nicaragua con sede en Miami, condenó este nuevo ataque hacia la Iglesia y lo consideró como un intento para golpear la moral de la Iglesia, la cual se apega a los principios cristianos de respeto a la dignidad humana, la vida y la justicia.
“Al régimen Ortega Murillo no le ha bastado (con) encarcelar sacerdotes y obispos, ni expulsar a la delegación del Vaticano en Nicaragua, ni prohibir las procesiones, expulsar a monjas misioneras, cerrar emisoras católicas e invadir templos, para seguir aferrándose al poder. Ahora quieren robarse el dinero que el pueblo dona a la Iglesia”.
