La Región Pacífico Central es la más pobre del país, con una tasa del 34,7%, según las cifras por Línea de Pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). De hecho, sin ayudas estatales esos números podrían llegar al 37,2% y el 41.8%.

El deterioro de la calidad de vida de los porteños se observa con mayor dureza en la última década. Entre los puntarenenses se percibe un resentimiento hacia las decisiones que se toman a nivel gubernamental y señalan como una de las principales causas del detrimento social y económico la suspensión de licencias y la prohibición de la pesca de arrastre por parte de la Sala Constitucional en el año 2013.

Pasaron siete años en los que en reiteradas oportunidades los porteños clamaron por ayuda a los gobernantes, siete años en los que pidieron por actividades productivas y fuentes de empleo que nunca llegaron, incluso hubo recurrentes y fuertes llamados por parte de la Iglesia, desde la pastoral social local y en la persona de su obispo Mons. Óscar Fernández.

Sumado a esto, tras un largo proceso, una parte de la población alimentaba sus esperanzas en la aprobación de la Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Arrastre de Camarón (expediente 21.478). Esta Ley finalmente fue vetada por el presidente Carlos Alvarado, en medio del fuerte rechazo a la propuesta y las críticas de diversos sectores, especialmente a la confiabilidad de los estudios presentados.

Con este panorama, ¿qué otras alternativas de desarrollo sostenible pueden llevarse a cabo en la Región Pacífico Central y específicamente en la Provincia de Puntarenas?

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