Las trabajadoras del Servicio Civil, Andrea Cecilia Brenes Rojas y Karina Diaz Chavarría, se identifican como cristianas y como tales aseguran que están en contra de cualquier tipo de discriminación e irrespeto de los derechos y el trato digno a las personas LGTBI, “a quienes amamos, respetamos y amamos profundamente como hijos de Dios”, exponen.
No obstante, denuncian que no están de acuerdo con la “imposición de un pensamiento que busca obligarnos a aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos de la realidad como “«el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender)”, que se pueden distinguir, pero no separar”.
Agregan que esas ideas “son contrarias a nuestras creencias, constituyendo esa imposición un acto de intolerancia y discriminación fundado en la Religión que violenta nuestros derechos humanos a la libertad de culto y de conciencia”.
Tanto Brenes como Díaz se amparan en los artículos 29 y 75 de la Constitución Política, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 1 y 3 de la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, entre otros.
Desde el 2015 el gobierno de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 38999 llamado: “Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”, el cual obliga a los empleados públicos a llevar y aprobar un curso de “sensibilización”, el cual ha sido considerado como adoctrinador, quienes no cumplan se exponen a sanciones.
El jueves 17 de setiembre la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) presentó una coadyuvancia activa, en apoyo de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por dos trabajadoras del Ministerio de Hacienda.
La Cecor argumentó la defensa de los derechos humanos como la Libertad de Conciencia, de Pensamiento y de Culto, para apoyar en su lucha a estas dos mujeres, ambas abogadas y católicas.
La Coadyuvancia señala que: “No es cierto que la fe cristiana, la libertad de conciencia asociada a la de culto promuevan discriminación, odio o conductas perturbadoras en la sociedad. Ni tampoco es cierto que mediante pretendidas imposiciones normativas se pueda cambiar la sociedad vulnerando los derechos básicos de otros”.
“Esa libertad de conciencia, de tener creencias y expresarlas, y de libertad de culto son pilares fundamentales del Estado de derecho y del Estado democrático, limitarlas ante una agenda de políticas públicas que promueve el gobierno de la República, que pueden ser bien intencionados, debe sopesarse de manera clara”, añade.
También expone que: “Al conculcarse la libertad del desarrollo de la conciencia, de objetar de conciencia no solamente con base en la fe, sino también en la ciencia y en creencias derivadas de la fe, es realmente un ataque a lo más íntimo y valioso del ser humano”.
El documento también menciona que: “No se trata de la educación y promoción de una política pública que tienda a no discriminar, sino que va más mucho más allá, y cede a la tentación de querer obligar a personas con el fin de coaccionarlas y así lograr cierto tipo de conductas en los ámbitos laborales que limiten el pensamiento, las creencias y el derecho de objetar de conciencia”.
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