A partir de este 1 de junio, la Iglesia Católica en nuestro país cuenta con una nueva guía que establece el protocolo a seguir cuando se presentan denuncias de abuso sexual. Las medidas son vinculantes para las ocho diócesis, que a lo interno han conformado sus respectivas comisiones interdisciplinarias para darles seguimiento y aplicación.
Los obispos responden por un lado al clamor de los creyentes de contar con mecanismos claros que garanticen la aplicación de la justicia ante los crímenes de abuso sexual, como al deseo del Papa Francisco de proveer a la Iglesia universal de instrumentos que ayuden a erradicar, de modo determinante, de la vida de las comunidades eclesiales este flagelo.
Particularmente, el Santo Padre en su Carta Apostólica, en forma de motu proprio Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo), promulgada el 7 de mayo 2019, estableció la obligación de todas las diócesis del mundo de tener y dar a conocer a los fieles y a la sociedad en general uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar informes o denuncias fundadas sobre situaciones de abuso contra personas menores de edad o en estado de vulnerabilidad, que se pudieran haber dado o estar sucediendo por parte de sacerdotes, religiosos o consagrados.
El pasado 1 de junio se cumplió el plazo establecido por el Papa Francisco para la entrada en vigor de dichas medidas, por eso en esa fecha se publicó el Protocolo o las Líneas Guía aprobadas por la Conferencia Episcopal desde diciembre del 2019.
El trabajo de su elaboración recayó en la Comisión Nacional de Protección de Menores, CONAPROME, presidida por el Obispo de Ciudad Quesada Mons. José Manuel Garita, quien dijo que no solo se puede considerar un paso histórico, sino necesario en consonancia con lo que ha venido disponiendo la Iglesia universal. “Es expresión del compromiso irrestricto de la Iglesia costarricense con este tema que afecta a toda la sociedad y que lamentablemente también afecta a la Iglesia”, dijo.
En este sentido, manifestó el deseo de trabajar no solo con los casos ya lamentablemente presentados, sino también en prevención, un campo que según dijo, es fundamental y pritoritario. “El protocolo parte del principio de la dignidad de la persona humana y sobre todo de la vulnerabilidad de los más pequeños e indefensos que son los menores de edad y las personas por cualquier otra causa. Queremos que la víctima sea el centro, para que la Iglesia de una respuesta contendente y creíble como tiene que ser”, agregó.
Este nuevo instrumento, explicó Monseñor, permite marcar diferencia en el tratamiento de los casos que se ha venido haciendo hasta ahora, pues se cuenta con un protocolo sólido, detallado y común para trabajar en orden a la transparencia, la justicia, en el tiempo debido. “No es solo una obligación humana, cristiana y evangélica de la Iglesia, sino una obligación de justicia ante la que se debe de actuar y responder”, agregó.
El obispo destacó el énfasis diocesano del protocolo, pues casa Iglesia particular tiene la responsabilidad de recibir y tramitar las denuncias con sus respectivas comisiones y tribunales eclesiásticos, así como su enfoque en evitar situaciones de encubrimiento a nivel eclesial y los obstáculos a la accion de las autoridades civiles en la persecución de los delitos.
Responsabilidad de toda la Iglesia
De acuerdo con la CONAPROME, el principal objetivo del protocolo con relación a las personas ofendidas es brindarles la protección necesaria y el acompañamiento debido. Por su parte, con relación al sacerdote o persona consagrada acusada, se le debe orientar para que asuma responsablemente las consecuencias de su pecado y delito, a fin de enfrentar tanto la ley civil como canónica, según sea el caso, y emprender un proceso de sanación, perdón y conversión como lo pide el Papa Francisco: “erradicar de la Iglesia el flagelo del abuso sexual de menores y abrir un camino de reconciliación y curación para quien ha sufrido abusos, garantizar la protección de los menores y adultos vulnerables y dar respuesta de justicia y misericordia” (Homilía, 2 de febrero de 2015).
Sin embargo, no puede perderse de vista que la instauración de ambientes sanos y seguros es una responsabilidad compartida por toda la Iglesia. Así lo enfatiza el sacerdote Mauricio Solano, miembro del CONAPROME, quien explica que el proceso ha pasado por una serie de fases, la primera de ellas es el establecimiento propiamente del protocolo, la segunda la conformación de las comisiones diocesanas, y estamos en la tercera etapa, que consiste en dar a conocer la guía a nivel diocesano y parroquial para el establecimiento de protocolos específicos y códigos de conducta en ambientes como la catequesis, la pastoral juvenil, los monaguillos y la celebración de la Santa Misa, entre otros.
Para el sacerdote, es necesario entender que el protocolo es un primer paso, más de carácter canónico, pero que la formación a todo nivel en las diócesis y parroquias es fundamental para fomentar la prevención.
“Con este protocolo se da un paso importante hacia la prevención de abusos de todo tipo en la Iglesia local, de tal forma que será en adelante un trabajo conjunto de todos: laicos, religiosos, sacerdotes, comunidades y obispos. Todos comprometidos con este mismo fin, solo así lograremos realmente proteger a nuestros menores y adultos en vulnerabilidad” manifiestó por su parte Juan Carlos Oviedo, psicólogo de la Comisión Nacional.
Para el especialista, la integración de laicos a las comisiones diocesanas es una fortaleza que refleja la misma conformación de la Iglesia, su apertura a los laicos y en particular a profesionales en psicología, pues se está frente a situaciones que pueden causar profundas heridas emocionales.
“La psicología juega un papel fundamental también en la prevención, por ejemplo en el campo de la formación de los seminaristas y el acompañamiento al clero, por la relevancia de la dimensión humana y psicológica”, dijo.
Destacó además el soporte que se puede recibir en campos como el Derecho, la Comunicación, las Ciencias Médicas y el Trabajo Social, todo con miras a la adecuada aplicación de la justicia y a la credibilidad de la Iglesia.
La necesaria conversión
En su Carta Apostólica Vos estis lux mundi, el Papa recuerda la gravedad del crimen de los abusos sexuales: “ Ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles”.
Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, puntualiza el Pontífice, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, “de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia”.
Esto, asegura, sólo será posible con la gracia del Espíritu Santo derramado en los corazones, porque debemos tener siempre presentes las palabras de Jesús: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). “Aunque ya se ha hecho mucho, debemos seguir aprendiendo de las amargas lecciones del pasado, para mirar hacia el futuro con esperanza”, motiva el Santo Padre, quien coloca en primera línea de responsabilidad a los obispos.
Precisamente, en la presentación de las líneas guía, Monseñor José Rafael Quirós, Arzobispo de San José y Presidente de la Conferencia Episcopal retoma las palabras del Papa para recordar que “en los abusos, nosotros vemos la mano del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los niños”.
“No hay explicaciones suficientes para estos abusos en contra de los niños. Debemos ser claros: la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su gravedad en nuestras sociedades, no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia...”, menciona.
La promulgación de este protocolo, explica Monseñor Quirós, “es un paso más en el decidido camino de nuestra misión de ser Luz en medio de la oscuridad, esperanza ante todo sufrimiento y con la ayuda de Dios erradicar todo aquello que se oponga a la misión de los bautizados en medio de nuestra sociedad”. En forma decidida, asegura, “queremos luchar contra este mal que afecta todas las estructuras de la sociedad y que debe ser corregido sin mayor dilación también en la Iglesia”.
Hoy más que nunca, concluye, “nuestra Iglesia en Costa Rica es consciente y se compromete a ser según su vocación, la primera en dar la batalla por superar y arrancar de su estructura, todo aquello que ponga en riesgo la seguridad y dignidad de los menores y personas en estado de vulnerabilidad”.
Compromisos asumidos
El protocolo o líneas guía establece una serie de compromisos para evitar “por todos los medios a nuestro alcance”, que hechos tan dolorosos vuelvan a repetirse en la Iglesia:
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Programas educativos de prevención y protección para la creación de ambientes seguros en todas las instituciones de la Iglesia.
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Un adecuado proceso de selección de formadores, directores espirituales y profesores para los Seminario.
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Estrictos procesos de selección para los candidatos al Seminario, llevados a cabo por la Pastoral Vocacional de cada diócesis.
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Formación humana-afectiva y espiritual, requerida para un aspirante al sacerdocio, por medio de cursos académicos específicos.
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Intercambio completo de información por medio de la Curia Diocesana cuando un clérigo busca el traslado de una diócesis a otra, temporal o permanentemente.
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Formación permanente del clero.
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Aplicación de procesos de reclutamiento seguros para las personas empleadas por la Iglesia o quienes se ofrezcan como voluntarios
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Creación de directrices y límites apropiados de comportamiento en las relaciones pastorales de todos los que tienen acceso a niños y/o adultos vulnerables.
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Atención prioritaria y respuesta inmediata a las víctimas por medio de la integración de un comité diocesano interdisciplinar.
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Cada diócesis deberá contar con un equipo de profesionales entre ellos, psicólogos, trabajadores sociales y médicos para brindar la atención necesaria.
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Soporte a los sacerdotes acusados con la ayuda de atención psicológica y espiritual.
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Aplicación atenta y rigurosa de la normativa canónica más actualizada.
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En todos estos principios se seguirá la legislación del Estado.
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Aplicación a toda la Iglesia en el territorio cubierto por la Conferencia Episcopal.
