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Debilitar el matrimonio perjudica toda la sociedad

Escrito por Eco Católico el . Publicado en Gran Tema

Martín Rodríguez González
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Debilitar la familia fundada sobre el matrimonio de un hombre y una mujer equiparándola con las uniones de personas del mismo sexo perjudica a toda la sociedad, porque vulnera la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y de los pueblos. 

Con esta idea, expresada por el Papa Francisco en su exhortación Amoris Laetitia, sustentan los obispos del país su posición sobre la sentencia de la Sala Constitucional dada a conocer el pasado miércoles 8 de agosto, en la cual resolvió una acción de inconstitucionalidad planteada contra el inciso 6 del numeral 14 de Código de Familia, que establece la imposibilidad de que el matrimonio se celebre entre personas del mismo sexo.

Los magistrados declararon con lugar las acciones planteadas, y se adhirieron al criterio de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos OC 24/17 que sobre la materia recomendó al país, en respuesta a una consulta hecha por las propias autoridades del anterior gobierno de Luis Guillermo Solís, permitir el llamado matrimonio homosexual en Costa Rica.

En concreto, instan a la Asamblea Legislativa, que en el plazo de 18 meses, contado a partir de la publicación íntegra del dicho pronunciamiento en el Boletín Judicial, “adecue el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo”, manteniendo durante este plazo, la vigencia del mencionado inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia.

Una vez finalizado este plazo, si los diputados no ha legislado al respecto, dicha prohibición para realizar matrimonios entre personas del mismo sexo quedaría sin efecto en la legislación costarricense.

Para los obispos costarricenses, con su decisión, la Sala Constitucional pone en entredicho el origen y la función natural de la familia. “Reconocemos que en una sociedad democrática y pluralista, como la nuestra puede darse un reconocimiento jurídico a las personas del mismo sexo que conviven pero sería injusto si tal reconocimiento pretendiera igualar la unión de personas del mismo sexo con la del matrimonio. El no querer discriminar a las personas homosexuales no autoriza al Estado a confundir el orden natural del matrimonio y familia”, advierten.

Ante ello, los pastores de la Iglesia ven sensato esperar que se publique el texto íntegro de la sentencia de la Sala Constitucional y una vez que se conozca y se estudie el mismo, se suscite un diálogo reflexivo y sereno a nivel nacional, que permita en el contexto legislativo tomar la mejor decisión, respetando el orden constitucional y el sentir de los costarricenses. (Ver su mensaje íntegro en la página 11)

Diputados reaccionan 

El anuncio de la sentencia de la Sala Constitucional hizo surgir reacciones de todo tipo entre los diputados, que coinciden en que la Sala debió zanjar de una vez el tema y no devolverlo al Congreso, que en este momento tiene otras prioridades.

El diputado Carlos Ricardo Benavides, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional dijo que el fallo es poco claro, mientras que el legislador de Restauración Nacional Jonathan Prendas fue más enfático, al afirmar que con esta resolución, la Sala Cuarta “le dio un duro golpe a la familia, piedra angular de la sociedad, y a los valores costarricenses, todo para ir en la misma dirección de una moda internacional”.

Prendas cree que la Sala se extralimitó en sus competencias, pues el concepto de matrimonio entre hombre y mujer fue definido por el constituyente y solo éste podía modificarlo, pero además porque según su juicio, se violenta el principio de separación de poderes al ordenarle a la Asamblea Legislativa, “no solo cómo tiene que legislar arrogándose la soberanía del pueblo que la delegó en sus representantes electos, sino también fijándole un plazo arbitrario y desproporcionado”. 

“Arbitrario porque no existe ningún criterio técnico jurídico para establecer que en 18 meses, y no en 24 o 36 se debe regular la figura creada, sino que además desconoce la realidad que enfrenta que la Asamblea, enfrascada en una discusión muy compleja para buscar soluciones a la crisis fiscal más seria de nuestra historia”, manifestó.

El diputado reiteró la posición de su bancada en contra del matrimonio igualitario “y esa es la lucha que vamos a dar en la Asamblea Legislativa”, concluyó.

Por el contrario, el diputado del Partido Acción Ciudadana Enrique Sánchez, criticó en su red social de Facebook el plazo dado por la Sala Cuarta. “No estuvo a la altura de este histórico momento, ni de los derechos humanos que quedan postergados por 18 meses más”, escribió.

Erwen Masís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, expresó que previendo el traslado del tema a la Asamblea Legislativa, la fracción puso en corriente legislativa un proyecto de ley sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo, con el fin de proteger sus derechos civiles y patrimoniales, ya que “el matrimonio es entre hombre y mujer”.

Soberanía mancillada

La abogada experta en derecho de familia, Alexandra Loría, expresó por su parte la necesidad de estudiar la sentencia a profundidad una vez que sea publicada íntegramente, sin embargo, con base en lo que ha trascendido, lamentó que la Sala Constitucional no reconociera la soberanía nacional de Costa Rica: “Verdaderamente Costa Rica ha dejado de ser un estado independiente, lo cual viola gravemente el artículo 1 de la Constitución y el principio de la autodeterminación de los pueblos”.

Afirmó además que el matrimonio consagrado por el constituyente originario en Costa Rica es el matrimonio monogámico entre un hombre y una mujer, y que por eso según su criterio, no debió la Sala Constitucional ordenar aprobar un matrimonio en contra de ese criterio.

Llama la atención -agregó la abogada- que se declararan con lugar las acciones de inconstitucionalidad contra las normas del Código de Familia, a saber el artículo 14 inciso 6 (prohibición de matrimonio entre personas del mismo sexo) y 242 del Código de Familia (unión de hecho entre un hombre y una mujer), pero que no se anularan, lo que a su juicio resulta absurdo, dado que la propia Sala tiene facultades para anularlas. “¿Por qué lo envían a la Asamblea si ellos tienen facultades para hacerlo? Tendremos que leer el texto completo de la sentencia para responder esa pregunta”, dijo.

Finalmente, opinó que es tiempo de que en Costa Rica se debata “si debemos salirnos o no de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo personal creo que sí”.

El politólogo Claudio Alpízar por su parte, catalogó de salomónica y acertada la decisión de los magistrados, pues “este es un asunto que debe discutirse en la Asamblea Legislativa, en el parlamento costarricense, de donde debe salir la legislación correspondiente respetando lo que las mayorías consideren prudente. Es en esta instancia donde se dicta y modifica la Constitución Política y también la que establece las leyes que la abrigan, no hay otra”.

En una publicación suya del 4 de agosto, Alpízar recordó que el matrimonio es una institución milenaria establecida para la unión de un hombre y una mujer, “y se sustenta en la heterosexualidad de sus dos miembros y la posibilidad de la reproducción de la raza humana, son estas sus características más determinantes. Características ausentes en las relaciones homosexuales”.

La convivencia homosexual, explicó, es una realidad y la unión de dos personas del mismo sexo requiere ser regulada en la legislación costarricense para evitar la discriminación y establecer sus derechos patrimoniales.

Sin embargo, por ser ambas relaciones totalmente diferentes en su integración, y por ser una de larga data en relación con la otra, Alpízar concluye que no se pueden tratar como iguales. “Se debe crear una figura legal para regular los derechos de las uniones homosexuales, la cual no se puede concebir ni llamar matrimonio (figura heterosexual) para que no se venga a confundir lo establecido para las relaciones heterosexuales y sus leyes conexas en casi 200 años de República”, concluyó.

Presidente comprometido con matrimonio para homosexuales

Al conocerse el pronunciamiento de la Sala IV, el Presidente Carlos Alvarado aseguró el respeto del Poder Ejecutivo por lo resuelto por los magistrados, pero dijo también tener confianza “en que el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de derecho prevalecerá, ya sea que la Asamblea Legislativa reconozca el matrimonio igualitario en el término de 18 meses, o en su defecto, una vez que la norma actual pierda vigencia finalizado el plazo”.

De hecho, un día después del fallo, el propio mandatario colocó en la agenda del Congreso el proyecto de ley que permite las bodas entre personas del mismo sexo, derogando la prohibición que fija el Código de Familia. La acción fue duramente criticada por varios legisladores.

“De nuestra parte seguiremos impulsando acciones que garanticen la no discriminación de ninguna persona por su orientación sexual o identidad de género, y la protección del Estado a todas las familias en condiciones de igualdad”, agregó el Presidente.

Alvarado nombró al inicio de su gestión un comisionado para el colectivo gay en Casa Presidencial, que encabeza las gestiones públicas a nombre de estos colectivos e impulsa reformas institucionales a su favor. 

Expresidente Miguel Ángel Rodríguez: “Preocupa que sin tratados internacionales se creen derechos”

Hace varias semanas, por iniciativa de Luis Salazar, Comisionado de Casa Presidencial para la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual e Intersexual (LGBTI), personalidades de la política y la vida pública del país firmaron un manifiesto de presión a favor del llamado matrimonio igualitario. La respuesta del ex presidente Miguel Ángel Rodríguez es esclarecedora:

“Con relación al documento en circulación de apoyo al carácter vinculante de las opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos me contactó hace unos días para pedirme la firma don Luis Salazar Comisionado LGBTI de la Presidencia. Y le contesté:

Don Luis no firmo porque no estoy de acuerdo con el carácter vinculante de las opiniones consultivas de la CIDH. Gracias por consultarme.

Mi motivo fundamental para no aceptar la obligatoriedad de las opiniones consultivas es que creo que debe ser cada cultura la que debe descubrir las consecuencias de la dignidad humana en la determinación de los derechos humanos y claro que corresponde a toda la humanidad proteger los que se consagran en los convenios y declaraciones de derechos internacionales. Pero además a mi me preocupa que sin tratados internacionales se “creen” derechos. La Corte Europea no lo acepta y muchos jueces de la CIDH tampoco y hacerlo des-legitima la lucha por los Derechos Humanos aceptados y favorece a sus violadores. Eso es especialmente importante ante las denuncias contra los tratados Interamericanos y su sistema de protección de los DDHH que han efectuado en los 90 el Perú de Fujimori y en este siglo los países del Alba.

Además, recuerdo lo que dice la Carta Socialcristiana a Costa Rica en su numeral 63:

Creemos en la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas por sus diversas preferencias.

Consideramos que los derechos personales y patrimoniales de las parejas deben ser protegidos por la Ley, sin que ello implique la alteración del concepto de matrimonio entre hombre y mujer establecido en el Código de Familia”.