El gobierno de todos… ¿será también para los católicos?

 

La Iglesia no pretende privilegios ni puestos políticos, sino oportunidades para servir al país y, como opción preferencial, a sus habitantes en condición de exclusión y vulnerabilidad social.

 

Laura Ávila Chacón

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El anuncio del Presidente electo Carlos Alvarado de convocar a un gabinete de unidad nacional desde el cual se gobierne para todos, coincide con el ofrecimiento hecho por los obispos del país en su comunicado tras la segunda ronda de elecciones, en el cual reiteraron su “total disponibilidad en la construcción del Bien Común, en la integralidad de lo que este concepto contiene”.

Basado en ello, quisimos saber si efectivamente el gobierno de unidad nacional lo será también para los católicos, pregunta que fue hecha a la primera vicepresidenta electa Epsy Campbell y al diputado electo del Partido Acción Ciudadana Víctor Morales, quien acompañó a Carlos Alvarado a su reunión con la Conferencia Episcopal el pasado 8 de febrero en el Seminario Nacional en Paso Ancho.

En concreto Eco Católico quiso conocer su criterio sobre: ¿Cuál considera que debe ser el papel de la Iglesia Católica frente al gobierno de unidad nacional que propone don Carlos Alvarado? Sin embargo, a pesar de las gestiones hechas, al cierre de esta edición el lunes 9 de abril ninguno de los dos había respondido.

 

Hacia una comisión de enlace

El sacerdote Edwin Aguiluz, responsable de la Pastoral Social Caritas de la Conferencia Episcopal, estima al respecto que la Iglesia no puede quedarse al margen de la lucha por la justicia, “pues está llamada a apoyar todo lo que redunde en el bien común impulsado por el próximo gobierno o por cualquiera”. 

A su criterio, es tarea de la Iglesia con creatividad pastoral, diseñar acciones concretas que tengan incidencia en los Estados “para la aprobación de políticas sociales y económicas que atiendan las variadas necesidades de la población y que conduzcan hacia un desarrollo sostenible”.

Aguiluz recordó también que en reiteradas ocasiones el Papa Benedicto XVI ha dicho a los obispos que “la Iglesia debe ser abogada de la justicia y defensora de los pobres” en todo momento.

Por eso, un gobierno nacional o de unidad nacional como el anunciado por el Presidente electo, y como espera el pueblo costarricense, no puede limitarse según su criterio, a una agenda llamada a impulsarse desde acuerdos entre partidos políticos solamente.

“El gobierno debe descubrir, conocer e incentivar a los sectores de la sociedad civil que pueden colaborar en la respuesta a los grandes desafíos, y saber articularse con ellos. Y, en esta, ocupa un lugar de primerísimo orden la Iglesia costarricense, como lo ha hecho a lo largo de toda la historia nacional. En esta línea, yo desearía una comisión de enlace y coordinación entre el gobierno y la Iglesia, para facilitar la contribución de la Iglesia en diversos campos”, aseguró el encargado de la Pastoral Social.

 

Papel activo y determinante

Para el politólogo Claudio Alpízar, la Iglesia debe de tener un papel activo y determinante. “Creo que la Iglesia Católica no puede quedarse afuera como grupo de interés que representa a muchos costarricenses, y que además de eso comparte valores y principios fundamentales de la sociedad costarricense. La Iglesia Católica debe ser un faro que haga ver al Presidente de turno la importancia de que la política económica debe estar muy orientada hacia todos los sectores sociales, principalmente a los más desvalidos”, dijo.

Por eso, a su juicio, el Presidente electo Carlos Alvarado debe revisar el estilo del gobierno de Luis Guillermo Solís, que “en mucho se distanció de valores de la comunidad católica”.

“El Presidente electo debe retomar la importación de la orientación que da la Iglesia en cuanto a valores y soluciones a los más necesitados”, insistió.

En este sentido será fundamental a su juicio que Carlos Alvarado demuestre que la cercanía por los principios cristianos expresada en segunda ronda electoral no fue un oportunismo político sino que realmente hay una sensibilidad por el cristianismo.

El también analista político Gustavo Araya estima igualmente que ante el panorama político, la Iglesia debe de mantener su defensa de los más pobres y desposeídos, asumiendo ese papel de garante de que el camino que se tome beneficie a los sectores vulnerables de la sociedad.

Esa garantía, a su criterio, tiene un correlato, porque si bien es cierto es una especie de vigilancia, la Iglesia debe mostrarse también colaborativa, es decir, reconocer aquellos elementos positivos que se generan de las políticas públicas. “Hace falta el pronunciamiento de la Iglesia cuando considera que una política pública no va bien, pero también para aplaudir cuando una política pública va por buen camino”, aseguró. 

Frente a la crisis actual del modelo de desarrollo, Araya cree que la Iglesia debe de advertir que hay comunidades que están quedando por fuera, casi de forma absoluta. 

Ejemplificó con las poblaciones costeras, pero también del Valle Central que están quedando rezagadas del desarrollo. “Hay grandes ganadores, pero también perdedores y eso no se vale”, dijo.

Araya cree que de un nuevo gobierno del PAC la Iglesia puede esperar que sea progresista y que se encamine hacia un Estado laico, frente al cual es necesario garantizar que no sea sinónimo de ateísmo ni de prejuicios.

 

No desconocer servicio social 

Para el sacerdote Edwin Aguiluz, es necesario recordar que la Iglesia en Costa Rica ya presta un enorme servicio a la sociedad.

Citó por ejemplo la educación en valores y, por ende, la buena ciudadanía, de miles de niños y jóvenes en los ámbitos de la catequesis y la pastoral juvenil, así como la educación religiosa académica; la promoción de la paz, la armonía y la no violencia en las familias. 

Igualmente, la asistencia solidaria a miles de familias hundidas en la pobreza extrema; la respuesta a las emergencias, tanto inmediatamente como en los procesos de recuperación; el acompañamiento y el fomento de la economía social y solidaria; la defensa y esfuerzo por la integración de la población migrante; la cooperación, mediante la pastoral penitenciaria, los procesos de reinserción social de las personas privadas de libertad y la atención de una parte importante de las personas en situación de calle.

Presencia que también se verifica en la recuperación de personas adictas a las drogas, en la atención alimentaria y psicopedagógica de niños en situación de alta vulnerabilidad; en la defensa de los derechos laborales; en los espacios propicios para la salud mental de una gran parte de la población generados en la confesión, la consejería y el acompañamiento personal en las 300 parroquias del país. 

“En casi todos estos campos se podría lograr una mayor eficacia mediante acuerdos de cooperación con la institucionalidad pública. Entiéndase que se trata de multiplicar el impacto en favor de las poblaciones más desfavorecidas”, aseguró el sacerdote. 

Con ello, concluyó, “no pretende la Iglesia costarricense privilegios, sino oportunidades para servir al país y, como opción preferencial, a sus habitantes en condición de exclusión y vulnerabilidad social”.

 

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“La Iglesia debe ser garante de los grandes acuerdos nacionales”

El politólogo Sergio Araya visualiza a la Iglesia Católica como gran garante en los acuerdos nacionales que se ejecuten en el Gobierno de Unidad Nacional que propone el Presidente electo. 

 

¿Qué papel considera que debe de tener la Iglesia Católica  frente a la propuesta de un gobierno nacional que plantea el Presidente electo?

Me parece que debe ser la misma que en otras ocasiones. Mantenerse siempre dispuesta a cooperar en lo que al gobierno de turno le parezca pueda ser un rol de la Iglesia, procurar ser siempre un garante de acuerdos nacionales que vayan orientados en la búsqueda del bien común, de la justicia social, de establecer condiciones de mayor dignidad a la población costarricense y expresar su voluntad de apoyar, cuando sea requerida su presencia si así lo demanda el gobierno.

 

¿Qué puede esperar la Iglesia Católica y los católicos en general de un nuevo gobierno del PAC teniendo como antecedente la administración Solís Rivera?

Recordemos que es un gobierno de unidad nacional a como lo ha planteado el Presidente electo. Ya hay un acuerdo previo suscrito por él y el excandidato del PUSC donde algunos de los temas que más polémica generaron en la presente administración, que tienen que ver con asuntos que podrían preocupar o afectar ciertas posiciones de la comunidad católica, han sido de alguna forma esclarecidos o delimitamos. Uno podría imaginarse que este gobierno, a diferencia del actual, será un gobierno que si efectivamente lleva a la práctica el propósito de conseguir ese esquema de unidad nacional, va a tener que ser un gobierno multiforme, no solamente con la conformación del gabinete, sino también en cuanto contenido programático, sin delimitar que los temas católicos no solo van circunscritos a la agenda de vida, sino que tienen que ver con asuntos de justicia social, promoción del bien común, disminución de la inequidad social, etc. Me parece que por el acuerdo nacional y por la manera en que el Presidente electo ha exteriorizado que quiere llevar adelante el compromiso y como ha interpretado el mandato popular que recibió, habrán ciertos temas que posiblemente recibirán otro trato o pasarán a lugares no tan preponderantes en la agenda del gobierno. 

 

¿Ve sostenible en el tiempo un gobierno de unidad nacional aglutinando personas, corrientes ideológicas y posiciones políticas tan discímiles en tantos temas?

Uno podría imaginar que es una primera experiencia en este tema de crear un gobierno usando un poco el formato de los regímenes parlamentarios o semiparlamentarios siendo este un régimen presidencialista por excelencia, yo pienso que es todo un desafío, es algo nuevo así que como nuevo bien podría servir o bien  no podría servir.  La clave va a ser cuáles son esos temas que logren amarrar alianzas, si son suficientemente fuertes como para que opaquen los temas que producen diferencias pueden tener más probabilidad de éxito, si es lo contrario, es decir,  si son  temas muy coyunturales que rápidamente son resueltos, sí podría dar pie a que afloren las diferencias y terminen rompiendo el proyecto.