El tema fiscal ha sido prioridad en esta Administración

El tema fiscal ha sido prioridad en esta Administración

 

Helio Fallas Venegas

Vicepresidente de la República

 

Lograr que entre tantos temas, la situación fiscal de un país y las opciones para atenderlo motiven un editorial, denota la importancia que revierte tanto para el medio como para la opinión pública. Por eso inicio este artículo agradeciendo al Eco Católico su editorial de la semana anterior, porque me abre el espacio para compartir con ustedes información relevante y aclaraciones necesarias sobre nuestras finanzas públicas y los esfuerzos realizados desde el Gobierno.

El deterioro de la situación fiscal, que hoy enciende alarmas, viene gestandose desde el 2009 debido a causas estructurales en las áreas de ingresos y egresos.

Por el lado de los ingresos, el problema se origina en el desfase del diseño de las principales leyes que sustentan el sistema tributario: la del impuesto de renta y la del impuesto general sobre las ventas; ambos se sustentan en leyes de los años 80. Además, en esa época los servicios no tenían la importancia económica que hoy tienen. Es el caso de los servicios tales como: salud, educación, ingeniería, entre otros, que hoy no pagan impuesto de ventas. Además, no se gravaba la totalidad de la riqueza, como por ejemplo las ganancias de capital. Este desfase legal genera un conjunto de vacios que abren portillos para la evasión y la elusión fiscal.

Sumado a los factores estructurales descritos, el Ministerio de Hacienda contaba con un rezago enorme en su plataforma tecnológica. 

Como soluación a los problemas antes planteados, las autoridades iniciaron acciones en materia legal y administrativa. Entre las legales se destaca la presentación de los proyectos de ley para modernizar el impuesto de renta y la transformación de Ventas a un Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, se aprobaron las leyes de lucha contra el contrabando y contra el fraude fiscal. Entre las administrativas, está la digitalización de los procesos para cobrar los impuestos mediante la puesta en marcha de la Administración Tributaria Virtual (ATV) y la Factura Electrónica, que marcan un hito en la gestión tributaria. 

En materia de gasto, se tienen esencialmente tres preocupaciones: 

1. La forma en que se abordó la crisis mundial mediante el Plan Escudo, que incluyó políticas anticrisis, que elevaron el nivel de gasto que se volvieron permanentes. En solo dos años el gasto total se elevó de 15,3% a 19,0% del PIB del 2008 al 2010, como resultado, principalmente, del aumento de las remuneraciones (5,3% a 6,9%) y las transferencias (5,2% a 7,2%) en el mismo periodo. 

2. La aprobación de nuevas obligaciones para el Estado, conocidas como destinos específicos, sin que se crearan nuevas fuentes de financiamiento. Entre ellas, el mando constitucional de aumentar el presupuesto en educación de un 6% a un 8% del PIB y el 7% renta para PANI. 

3. Crecimiento de intereses como resultado de postergar decisiones en materia fiscal, desde hace una década. 

 

Estos elementos povocaron que el presupuesto de la República se volviera inflexible, más de un 95% está predeterminado. Por ello, el Gobierno, responsablemente, ha generado un conjunto de medidas para contener el crecimiento del gasto público, tales como, directrices y decretos para controlar plazas nuevas y vacantes, propuestas legales para controlar pensiones con cargo al presupuesto, que finalmente se aprobaron en la Asamblea Legislativa, y una propuesta para contener los destinos especificos. También se aprobó la ley para fortalecer la caja única del Estado y se ha hecho más eficiente la gestión de la deuda.

El conjunto de estas acciones ha permitido elevar los ingresos del Gobierno de un 14,2% a un 14,5% del PIB, entre el 2013 y el 2017, destacándose el impuesto sobre la renta que pasa de un 4,1% a un 4,8% (más de ¢547 mil millones) en ese mismo periodo. Por el lado del gasto total, se contuvo el crecimiento, que pasó de 19,6% a 20,7%, a pesar de que los intereses aumentaron de 2,5% a 3,1% del PIB y las transferencias de 7,5% a 7,9%, resultado de los mandatos constitucionales y legales.

Todas estas mejoras van el la dirección correcta, pero no son sufientes ante el tamaño del problema fiscal. Con el fin de avanzar en lo fiscal, el año pasado se presentó el proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que dará un alivio a la situación fiscal y cuyo procedimiento de aprobación, mediante vía rápida, fue votado positivamente por la Asamblea Legislativa la semana pasada, acción que Hacienda considera un avance significativo para solucionar el déficit fiscal. Este proyecto incluye: 

1. La transformación del impuesto sobre las ventas a un IVA, manteniendo la tasa actual del 13%, con tarifas reducidas en algunos servicios.

2. La unificación de las tasas de ganancias de capital.

3. Una regla fiscal que establece un límite al crecimiento del presupuesto.

4. Un conjunto de reformas en materia de empleo público, que incluyen la normas para regular la dedicación exclusiva, la prohibición, el salario máximo y las anualidades. 

 

En resumen, el Gobierno ha sido responsable desde el primer día y ha logrado importantes avances en cuanto a recaudación de impuestos y contención del gasto. También ha insistido en la necesidad de aprobar los proyectos fiscales, para evitar un mayor deterioro de las finanzas públicas y por ende, los daños que eso conlleva en lo económico y lo social.

 

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