Gobierno festeja pronunciamiento a favor de “matrimonio homosexual”

 

Danny Solano Gómez

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En un conocido bar de ambiente LGTBI con mucha algarabía, la vicepresidente de la República, Ana Helena Chacón, celebró la respuesta a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obliga a Costa Rica a aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

La funcionaria también festejó que los transexuales podrán registrar el nombre que decidan ponerse en su cédula, de acuerdo al sexo con el que se identifiquen. Estas personas además no tendrán necesidad de presentar documentos médicos que acrediten operaciones quirúrgicas u hormonales de sus cambios físicos.

El día de la noticia, martes 9 de enero, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, estaba de gira en Pococí, pero envió un mensaje a través de un video, en el cual dijo que cumplió con una promesa de campaña y que como sociedad “debemos sentir satisfacción”.

“Debemos acatar integralmente la opinión emitida por la Corte Interamericana respetando los tiempos procesales y espacios jurisdiccionales y administrativos de cada país. La implementación integral del criterio de la corte requerirá, por lo tanto, de un proceso paulatino en constante y respetuoso diálogo entre los poderes de la República, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos”, agregó el mandatario.

Aparte, en conferencia de prensa, Chacón reafirmó que el gobierno acatará y reconocerá lo resuelto por la Corte Interamericana. En esa actividad participó la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano, quien calificó la noticia como “histórica”.

Otros sectores políticos y sociales del país también recibieron con agrado la noticia. El Frente Amplio emitió un comunicado donde el partido celebra la decisión de la CIDH, así como el candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, quien también celebró lo dicho por los jueces.

 

Voces en contra

Por su parte, otras voces se mostraron en contra de la resolución, algunos la consideraron arbitraria y opinaron que la CIDH se extralimitó en sus funciones. Uno de ellos fue el diputado y candidato por el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), Óscar López, quien incluso puso en duda el carácter vinculante de la resolución, por lo que espera un nuevo voto de la Sala Constitucional al respecto.

Fabricio Alvarado, candidato por el Partido Restauración Nacional (RN) fue más allá, acusó al gobierno de pedir una opinión a la CIDH motivada por sus propios intereses, y cree que si resulta vinculante lo señalado por la Corte Interamericana él pediría, en un eventual gobierno suyo, la salida de Costa Rica de este organismo.

Mario Redondo del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC) y Rodolfo Hernández del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) también mostraron su oposición a lo dicho por los jueces.

 

Pronunciamiento de la Iglesia

La Conferencia Episcopal de Costa Rica emitió un mensaje a los fieles católicos y a la opinión pública (ver página 2) sobre la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para la Iglesia Católica la posibilidad del cambio de nombre y la rectificación a la mención del sexo o género, en los registros y en los documentos de identidad, es una interpretación que “subvalora elementos como la seguridad en la acreditación de la filiación, la seguridad al contraer matrimonio y la misma seguridad ciudadana, privilegiando los intereses particulares”.

En la misma línea, sobre el cambio de nombre, establecido en el artículo 54 del Código Civil, la Iglesia defiende que esto ya se venía realizando por parte del Estado costarricense, para todos los ciudadanos de Costa Rica, y no solamente para quienes optan por variar de nombre por razones de identidad sexual.

Sobre el reconocimiento de derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo, “los jueces de la CIDH realizando una “interpretación progresiva” de la CADH, que deviene en abusiva, concluye en nuevas nociones de matrimonio y de familia”, dice el documento firmado por los obispos.

Según se menciona, “al establecer por este medio la interpretación de dos formas de vínculo entre las personas, uno “natural” (la unión de hecho) y otra “solemne” (el matrimonio) tanto para personas heterosexuales como para personas homosexuales, la CIDH, opta por un camino diferente al de otros tribunales de Derechos Humanos continentales e impone una solución jurídica a los estados nacionales, en claro menoscabo de la soberanía de los pueblos para establecer las bases de la convivencia social”.

 

Al final del documento, los obispos hacen un llamado a toda la ciudadanía a estar vigilantes de las decisiones de nuestros gobernantes en los próximos días y semanas, con el fin de que se actúe siempre en beneficio de todos los habitantes y no solo en atención a un grupo de personas”.

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