Obispo denuncia “calamidad" en condiciones laborales de migrantes

 

María Estela Monterrosa S.

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Las precarias condiciones de trabajo de muchas personas en la Zona Norte golpean más fuertemente a inmigrantes ilegales, ellos son más vulnerables por estar en el país de forma irregular y esto se agrava  para las mujeres; esas son parte de las reflexiones que ofrece Mons. José Manuel Garita, obispo de Ciudad Quesada, en su reciente Carta Pastoral “Y serán mis testigos”.

Según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) del Ministerio de Agricultura, citadas por AMPrensa, este sector requiere de 73.000 trabajadores migrantes para cubrir las cosechas en todo el país.

De acuerdo con el obispo, en las zonas periféricas de la Región Huetar Norte, en que habitan muchas personas migrantes, particularmente nicaragüenses, “las condiciones de trabajo se han recrudecido, llegando a niveles de calamidad, por las constantes violaciones a los derechos laborales”.

El prelado cita como ejemplos los salarios incompatibles con la legislación costarricense, requerimientos laborales con diversos grados de exposición al riesgo por el uso de sustancias peligrosas, jornadas laborales extensas, exposición de personas a trabajo extenuante sin espacios protectores y sin lugares para realizar sus necesidades fisiológicas, y en ocasiones cuando los trabajadores hacen uso del derecho al reclamo son sancionados con el despido.

 

Artimañas legales

Otra de las preocupaciones de Mons. Garita es que se mantiene la política de contratación temporal (3 meses), que permite evadir las responsabilidades patronales, y se recurre a la figura “legal” del intermediario, que es permitido por el Código de Trabajo, y que según expresan los mismos trabajadores, establecen relaciones laborales en las que no se les reconocen muchos de los derechos tutelados por nuestra legislación laboral.

“No obstante las iniciativas del Estado, y de diferentes agrupaciones defensoras de los derechos de los migrantes, en busca de resolver legalmente el status migratorio de estas personas, ya sea con la concesión de la cédula de residencia, o por medio del permiso formal para trabajar; existen en la zona, un significativo grupo de inmigrantes en condición de irregularidad migratoria, que quedan al margen de una auténtica integración local en el ejercicio de sus derechos elementales, como la salud, la educación, o el ser sujetos de beneficios que pueden mejorar su calidad de vida”, agregó. 

Además, llamó la atención en el sentido de que en esta problemática existe también un factor de género. “Las mujeres son las que en gran mayoría son afectadas por las realidades antes descritas, al ser víctimas del privilegio que se hace de los hombres o de los hijos en edad productiva en los procesos legales de calificación”.

Ante el drama de tantos “hermanos nuestros inmigrantes”, el obispo recordó las palabras del Papa Francisco en Ciudad Juárez cuando habló del movimiento migratorio entre México y EUA: “Que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias”. Así como los Obispos en América Latina y el Caribe que claman por lo mismo: “Es expresión de caridad, también eclesial, el acompañamiento pastoral de los migrantes” (DA 411), “tarea urgente que no podemos evadir”, añadió Mons. Garita.

 

Reto: promover la integración

Algunas de las preocupaciones del prelado ya han sido alertadas, por ejemplo, en el informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2015.

En este documento se afirma que la población migrante que vive en el país, en promedio, tiene un perfil de alta vulnerabilidad en comparación con los residentes nacidos en Costa Rica: baja escolaridad, menor aseguramiento, problemas de empleo (subempleo, bajos ingresos, incumplimiento de garantías laborales y del salario mínimo) y alta incidencia de problemas de vivienda. “En general, el país muestra dificultades para garantizar la integración social de este grupo”, afirma.

 

Los investigadores también reconocen los esfuerzos para atender estos desafíos. Y explica que “se ha planteado la regularización migratoria, como un mecanismo para ordenar la situación laboral de estas personas, proteger sus derechos y promover su inserción en el régimen de seguridad social”. En este sentido, destaca la aprobación de la Ley General de Migración (no 8764), de 2010, como el principal avance en la materia. “Sin embargo, a seis años de su promulgación, no se han alcanzado los objetivos esperados y han empezado a manifestarse debilidades en su diseño, especialmente en los asuntos relacionados con el aseguramiento y las sanciones por incumplimiento”, indica.

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