Diputados piden a ONU y OEA dejar de imponer ideología de género en el país

 

Declaración americana sobre la independencia y autodeterminación de los pueblos en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa.


Danny Solano Gómez

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Más de 700 congresistas de 18 países de América firmaron un documento en el cual denuncian que se han dado situaciones donde la OEA (Organización de Estados Americanos) y la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobrepasaron sus competencias y han obligado a los países a aprobar leyes a favor del aborto y de la ideología de género. 

El pasado viernes 29 de setiembre, en conferencia de prensa, 14 diputados costarricenses (12 firmantes en ese momento) dieron su apoyo a la “Declaración americana sobre la independencia y autodeterminación de los pueblos en asuntos relacionados a la vida, la familia y la libertad religiosa”, conocida también como Declaración de México.

“(Esto) tiene que ver con la preocupación que nos genera, la intromisión en la soberanía de los países de organizaciones como la OEA, la Comisión y Corte Internacional de Derechos Humanos y la ONU por supuesto, que más recientemente prácticamente nos dijo que Costa Rica debía aprobar el aborto”, manifestó Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional.

Alvarado mencionó que buscan sumar más diputados, de hecho Nidia Jiménez y Marvin Atencio del Partido Acción Ciudadana se sumaron a este pronunciamiento e iban a firmar el documento.

La senadora de Colombia, Paola Holguín manifestó que si bien considera el papel de esas organizaciones como muy importante estas “han violentado la democracia, la división de poderes y el papel que tenemos que jugar los congresistas al interior de nuestros países”. 

 “Vemos como han presionado y desbordado decisiones en temas que no son competencia ni de la Corte ni de la Comisión ni de la OEA y que están obligando a nuestros países a generar una jurisprudencia basados en documentos que ni siquiera han sido ractificados por nuestros países”, añadió.

 

Puntos en el documento

La Declaración de México consta de 10 puntos. Los firmantes se fundamentan en el artículo 1 de la Carta de la OEA, donde se establece que esta organización “no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.

Agrega que la Convención Americana en su artículo 4 consagra el derecho a la vida “a partir del momento de la concepción”; en su artículo 17 establece que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. 

Asimismo el convenio reconoce “el derecho de hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia; y en su artículo 12 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión”.

Los firmantes rechazan cualquier interpretación que busque, en contravención del Articulo 29 de la Convención Americana y del Articulo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la limitación o exclusión del derecho a la vida y a la libertad religiosa”.

Así como “la distorsión del derecho a formar una familia a través de la creación y promoción de supuestos nuevos derechos no contemplados en la Convención Americana y contrarios a los derechos fundamentales reconocidos por la mayoría de Estados miembros en su legislación nacional”, añade el texto.

La Declaración de México también muestra el rechazo a “cualquier interpretación que promueva la creación de una supuesta obligación internacional de autorizar o subsidiar el aborto voluntario o de ampliar supuestos de aborto no punible.

También los firmantes se muestran contrarios a que se “limite el derecho de objeción de conciencia de aquellos que por razones serias se niegan a cooperar con el aborto voluntario”.

Por otro lado, los congresistas muestran su oposición a “cualquier interpretación  que busque alterar la definición del matrimonio como la unión entre el hombre y la mujer (…) o que busque crear una supuesta obligación estatal de autorizar la adopción de niños por parejas del mismo sexo.

 

También se oponen a cualquier interpretación que califique como discriminación la oposición moral o religiosa al reconocimiento o protección legal de las uniones entre personas del mismo sexo.

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