Objeción de conciencia: derecho humano y deber moral

 

Ante la inminencia de una norma técnica que regulará los abortos no punibles en el país, que entraría en vigor mediante decreto, los médicos pueden apelar a sus convicciones filosóficas, morales y religiosas para no practicarlos.


María Estela Monterrosa S.

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El Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica hizo público un histórico pronunciamiento acerca de la realización de abortos no punibles, ante su inminente regulación por parte del Ministerio de Salud; los galenos se adelantan al debate exigiendo que se respete su objeción de conciencia.

El gremio hizo pública su posición el 16 de agosto indicando: “El aborto sólo puede permitirse cuando exista un real peligro para la salud y la vida de una mujer embarazada. Esta es la posición sobre la interrupción terapéutica del embarazo del Colegio de Médicos y Cirujanos elaborada a través de su Comité de Bioética, en virtud de la demanda que enfrenta el Estado Costarricense ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”.

Según las autoridades del Colegio, si durante el ejercicio de su profesión, el médico se encuentra ante una situación excepcional donde una grave y seria amenaza pone en riesgo la integridad física o la vida de una mujer embarazada, debe actuar de conformidad con el marco legal y ético correspondiente y conforme al estado actual de la ciencia, lo que significa proceder cumpliendo los protocolos clínicos adecuados y ajustados a la condición médica presentada. 

“El Colegio de Médicos y sus agremiados siempre deben privilegiar la vida y por eso, se rigen por los principios éticos y jurídicos que la protegen en todos sus extremos, junto a otros valores como la salud y la dignidad de los seres humanos”, manifestó el Dr. Andrés Castillo Saborío, su actual presidente.

 

Preservar la vida

Los profesionales consideran que en los casos excepcionales que obligan al aborto, tal y como lo establece el artículo 121 del Código Penal, se debe recurrir únicamente a través de un acto médico en conjunto con varios profesionales que indiquen que es la única opción posible, luego de ver agotadas las otras opciones terapéuticas.

“La institución reconoce el derecho a la vida, la salud y la dignidad de los seres humanos por ello, tomando en cuenta que el aborto debe practicarse cuando hay un riesgo extremo en la salud y la vida de la mujer, el médico debe poner a disposición de la paciente todos sus conocimientos y los recursos del arte, buscando preservar la integridad física y la vida de la madre y de la gestación hasta donde ello sea posible”, añadió el Dr. Castillo.

Dicho acto médico debe estar orientado a preservar la vida y la salud de los pacientes en todos sus extremos, por lo que ningún médico deberá ir en contra de los preceptos del Código Ético adoptado por el Colegio ni en contra de las leyes del Estado.

En su pronunciamiento, también se reconoce el derecho de los médicos de abstenerse de realizar abortos apelando a la cláusula de conciencia.

“La objeción de conciencia es un derecho humano por el cual el médico puede negarse a acciones que choquen con sus convicciones morales, filosóficas o religiosas y su decisión debe ser plenamente respetada”, aseguró el Dr. Castillo.

Norma técnica en proceso de revisión

El pronunciamiento del Colegio de Médicos se da ante la inminente publicación de una norma técnica para realizar abortos impunes en Costa Rica, que están permitidos en la ley desde 1970, y que hasta ahora se aplican solo cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la madre.

El Código Penal, en el artículo 121, dice: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

La norma es uno de los compromisos adquiridos por el Estado ante la CIDH, como salida a una demanda planteada por dos mujeres costarricenses ante esa instancia internacional.

La norma técnica, coordinada por el Ministerio de Salud, es el primer paso, luego se crearán protocolos de atención en el sistema de hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

En la propuesta de la norma enviada a la CIDH se incluyó una cláusula de conciencia para que los médicos no se vean obligados a practicar abortos si no lo desean, confirmó el Dr. Allan Varela, de la Dirección de Garantía de Acceso de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y coordinador de la comisión que redactó la norma. Lo dijo el 23 de junio pasado ante la consulta de este Semanario sobre el estado del proceso.

 

Cristianismo y objeción de conciencia

El profesor José T. Martín De Agar, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz explica que “el conflicto de conciencia que da lugar a la objeción se plantea no ante una ley que simplemente se considera injusta, sino ante un precepto que impone cometer la injusticia”.

En este sentido, el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae afirma que “el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no sólo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia” (73).

“El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no sólo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental. Si no fuera así, se obligaría a la persona humana a realizar una acción intrínsecamente incompatible con su dignidad y, de este modo, su misma libertad” (74).

En el documento, agrega que este derecho “debería estar previsto y protegido por la misma ley civil (…) Quien recurre a la objeción de conciencia debe estar a salvo no sólo de sanciones penales, sino también de cualquier daño en el plano legal, disciplinar, económico y profesional”.

Los sucesores de San Juan Pablo II también han defendido el derecho a la objeción de conciencia. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI lo calificó como “una cooperación a la paz” en el Mensaje para la XLVI Jornada Mundial de la Paz del 2013.

“Constituye también una importante cooperación a la paz el reconocimiento del derecho al uso del principio de la objeción de conciencia con respecto a leyes y medidas gubernativas que atentan contra la dignidad humana, como el aborto y la eutanasia, por parte de los ordenamientos jurídicos y la administración de la justicia”, afirmó el Papa emérito.

Por su parte, el Papa Francisco también se refirió al tema en setiembre de 2015. “En cada estructura judicial debe entrar objeción de conciencia porque es un derecho, un derecho humano. En caso contrario, terminamos en la selección de los derechos: este es un derecho de calidad, este es un derecho de no calidad, este... Es un derecho humano”.

 

¿Cuándo apelar a la objeción de conciencia?

Mons. José Manuel Garita, Obispo de Ciudad Quesada y experto canonista, explicó que un cristiano puede acogerse a la objeción de conciencia cuando una ley es injusta, intrínsecamente mala o implica intrínsecamente algún mal. También cuando una ley, mandato o norma va contra sus principios religiosos.

“La Iglesia valora la objeción de conciencia, no solamente como un deber moral de seguir lo que la conciencia me dicta desde la razón y la Palabra de Dios que, para el creyente, es normativa; sino también como un derecho humano fundamental, un derecho subjetivo que tengo para resistir una ley cuando contradice mis principios morales y religiosos”.

“En el fondo también es que yo creyente, descubriendo el valor normativo de la Palabra de Dios, debo seguir y cumplir en primer lugar la voluntad de Dios antes que la voluntad humana de los hombres”, dijo.

El Pbro. Jorge Pacheco, especialista en Teología Moral, coincidió con esos argumentos y agregó que los Comités de Bioética deben garantizar el derecho a la objeción de conciencia de todo el personal hospitalario.

Explicó que la Iglesia no reconoce el aborto terapéutico, pero en el caso de que a una mujer embarazada se le diagnostique una enfermedad grave y se le da la opción de un tratamiento con dos efectos, uno bueno, la curación, y otro malo, el riesgo del aborto, la teología moral lo resuelve con el “principio del doble efecto”, que supone la licitud de realizarlo si cumplen las siguientes condiciones:

“Que la acción en sí misma sea buena o al menos indiferente (el tratamiento médico), que el fin sea obtener el efecto bueno y se limite a permitir el malo (el tratamiento busca acabar con la enfermedad), que el efecto primero e inmediato sea el bueno (la curación) y que exista una causa proporcionalmente grave para actuar (la urgencia de la intervención es causa proporcionada al efecto malo: el riesgo del aborto)”.

 

“De darse las cuatro condiciones la persona puede actuar con total libertad y saber que por ello no se le puede imputar ese efecto malo, ya que, el efecto bueno justifica tomar la decisión”, aseveró.