Regulación de aborto impune preocupa a sectores pro vida

 

Hay dudas sobre el concepto de salud del que partirá la norma, mientras el Ministerio de Salud no da detalles.


María Estela Monterrosa S.

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Expectativa y preocupación ha generado la creación de una norma técnica para realizar abortos impunes o terapéuticos en Costa Rica, que están permitidos en la ley desde 1970, y que hasta ahora se aplican solo cuando el embarazo representa un peligro para la vida de la madre.

Las inquietudes han surgido porque el Código Penal, en el artículo 121 dice: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

En este sentido, sectores pro vida están preocupados acerca del concepto de salud que se utilizará en la regulación; ya que, de aplicarse la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud, casi cualquier argumento sería válido para un solicitar un aborto: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Y es que con ese argumento se plantearon dos denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el año 2013. Los casos fueron conocidos como A.N. y Aurora. En ambos, las mujeres embarazadas solicitaron la aplicación de aborto terapéutico porque los bebés tenían condiciones que no les permitirían sobrevivir fuera del útero. Las madres y la CIDH consideraron que se violó su derecho a la salud integral al negárseles los abortos.

El 5 de enero de 2015, el Estado costarricense fue notificado de las peticiones y en mayo del mismo año el Estado respondió a la CIDH manifestando su interés de entrar en un procedimiento de solución amistosa.

Uno de los compromisos fue generar regulaciones concretas para la figura del aborto impune o terapéutico previsto en el artículo 121 del Código Penal. En este proceso se incluyó la elaboración de la norma técnica, coordinada por el Ministerio de Salud, como un primer paso, y la generación posterior de protocolos de atención en el sistema de hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conforme la norma técnica. 

La CIDH y las denunciantes querían ser parte del proceso; por eso la norma elaborada por el Ministerio de Salud fue enviada a consulta a esta instancia hace dos meses, aproximadamente.

“Se elaboró una propuesta de norma. La intención es parar la demanda. El Ministerio de Salud ya cumplió con ese borrador en ese proceso de solución amistosa”, explicó el Dr. Allan Varela, de la Dirección de Garantía de Acceso de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y coordinador de la comisión que redactó la norma.

 

“Norma no puede ir más allá de la ley”

Aunque indicó que no podía entrar en detalles sobre la norma, el Dr. Varela afirmó que no hay razón para las expectativas, ya que está dentro marco legal: “El Código Penal establece bien en qué momentos puede aplicarse el aborto impune. Una norma del Ministerio de Salud saldría como decreto. Con menor peso que una ley. La norma viene a estandarizar los procesos mediante los cuales se aplicaría la ley. Eso para quitar la inquietud de mucha gente de que una norma puede abrir al aborto. No se puede. La ley ya lo define”, afirmó.

Agregó que la norma reglamenta un artículo del Código Penal, por eso debe respetar la intención de esa ley. “El documento es un borrador que está sometido a variaciones. Medicamente sabemos cuándo se aplica. Los médicos siempre tratan de salvar las dos vidas. Queremos una norma simple, tendiente a homogenizar los procesos que ya se aplican y no dar lugar a expectativas que provienen de interpretaciones personales”.

Varela indicó que la discusión en torno al tema la provoca “gente que se pone a filosofar. En la práctica médica eso no tiene discusión. El asunto es que una norma no puede ir más allá del Código Penal. En el momento en que alguien cuestione a un médico por un procedimiento, de nada le servirá decir que se basó en la norma, porque se le aplicaría el Código Penal”.

Reiteró que la norma busca estandarizar lo que ya se aplica. Por ejemplo, se establece quien va a decidir y el plazo para aplicarlo. “Vimos que en algunos lugares se decidía cuando ya era inminente el peligro de muerte de la madre”.

Asimismo, indicó que en la propuesta se incluyó una cláusula de conciencia para que los médicos no se vean obligados a practicar abortos si no lo desean.

 

Estrategia para ampliar aborto

El abogado Fernando Zamora, doctor en derecho constitucional, fue contundente y afirmó: “La estrategia de quienes promueven el aborto en Latinoamérica, es la de acudir a organismos supranacionales cuya agenda pro aborto es clara. Las demandas para promover sus intenciones se argumentan con eufemismos escondidos tras conceptos como la defensa del “derecho sexual reproductivo” o del “derecho a la salud integral”. De esta forma se disfrazan los intentos por imponer la ejecución de abortos en nuestros países”. 

Agregó que al ser la vida un derecho humano, la ofensiva por devaluar tal derecho se hace corrompiendo el lenguaje y los conceptos. Así entonces, le llaman “derechos” a ciertas pretensiones que “simplemente son mecanismos para maquillar conductas delictivas contra el derecho constitucional más sagrado del menor, como es su derecho a existir”. 

“Si esta tendencia continúa, se están socavando las bases que aquí se cimentaron en el 26 de abril de 1882, cuando en Costa Rica se garantizó el derecho a la vida de forma contundente, incluso aboliendo la pena de muerte”, aseveró. 

El experto lamentó que, ante la supuesta demanda, “en lugar de defender al país y sus valores, el gobierno del Presidente Solís “negocia” aprobar un decreto reglamentando un “aborto terapéutico”, el cual no contempla nuestra legislación, pues nuestra legislación solo contempla el aborto impune, que es la posibilidad de abortar cuando es la salud física de la madre la que está en riesgo”. 

Agregó que “bajo el hermoso disfraz conceptual de “aborto terapéutico”, se esconde la posibilidad de practicar abortos con pretextos nimios. Por ejemplo, un psicólogo anota en un documento que la madre está deprimida a raíz del embarazo, y con dicho papelito, después de un trámite legal, se practica el aborto sin pena ni gloria. ¡Listo! Así este gobierno logrará aprobar la realización legal de abortos, simplemente observando algunos requisitos burocráticos”, afirmó.

 

“Nos preocupa el concepto de salud”

Luis Fernando Calvo es director de Opciones Heroicas, una institución dedicada a ayudar a las mujeres embarazadas que han pensado en abortar, para que superen las situaciones difíciles y tengan a sus hijos. Calvo también manifestó su preocupación por los portillos que pueda abrir la norma técnica.

En su opinión, esta situación se da por el lobby de los grupos pro aborto y compromisos políticos del actual gobierno. “Hay un esfuerzo de abogadas que favorecen el aborto de entrar en contacto con AN y Aurora (nombres ficticios) para utilizarlas, para demandar en la Comisión de Derechos Humanos. Es el mismo proceso que con la FIV. Pero con la diferencia de un gobierno que cree que en esto y allana el camino para que sea factible, pasando por encima de la Asamblea Legislativa”, dijo. 

Añadió que en Costa Rica el tema de la vida humana es reserva de ley y no puede ser regulada vía protocolo o decreto. “Debería llamar la atención de los diputados, el gobierno se está tomando atribuciones que no le competen”, afirmó.

Asimismo, manifestó su preocupación porque según el concepto de salud que su utilice, podría incluir aspectos psicológicos y no solo para salvar la vida de la madre. “El embarazo, según algunas visiones, podría truncar el proyecto de vida o traer complejidades adicionales y generar presiones psicológicas, y podría dar pie a que se practiquen abortos legales, no solo por cuestiones en que haya que salvar la vida de madre. Eso sería la expansión más grande que haya tenido el aborto en el país”. 

Desde su experiencia trabajando con madres, comentó que “ninguna mujer que piensa abortar lo hace con una sonrisa. Vienen obligadas, solas, tristes, sintiendo que no hay otra salida”.

“Lo natural en la madre es que quiera proteger a su hijo. El aborto tiene una perspectiva ideológica. Después de tener a sus hijos, se dan cuenta que el aborto no era la solución. No es fácil darle acompañamiento a la mujer que piensa en abortar, son situaciones complejas y nuestra intención no es juzgarlas. La mujer es una víctima más del poco interés de la sociedad”, comentó.

 

En su opinión, “los católicos debemos entender que un gobierno que piensa que hay vidas humanas menos valiosas que otras, nunca podrá ser un buen gobierno, ni merecerá la confianza de los votantes. Tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de votar. Entender que la vida humana siempre debe ser protegida”.