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Iglesia pide soluciones ante crisis de pescadores 

  • Recuerda la importancia del diálogo y de un abordaje integral

Laura Ávila Chacón
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Ante la problemática que enfrentan más de doscientas familias de pescadores en Puntarenas, por la no renovación de licencias de pesca y el cierre de sus pesquerías, la Iglesia en esa diócesis pide que, a partir de la cercanía con los afectados, se encuentren soluciones comprometidas de parte de todos los interesados en la paz social, la seguridad del trabajo digno y la conservación del mar.

Así lo afirmó el vicario general Pbro. Luis Carlos Aguilar, quien mediante un comunicado recordó además que “el diálogo es la herramienta eficaz y digna para la resolución de este y de todos los conflictos que enfrentamos con los temas de alta complejidad como la actividad pesquera”. 

“La Iglesia en su acción pastoral camina al lado de las gentes del mar, conoce de sus necesidades y apoya sus luchas justas relacionadas a la dignidad del trabajo, la regulación y administración de las pesquerías y su reclamo para un compromiso de parte del gobierno para hacer un abordaje integral de la situación que se vive en nuestras comunidades costeras”, afirmó el sacerdote, aclarando que la Iglesia no está de acuerdo con el cierre de ninguna pesquería.

Por lo tanto, agregó, la Iglesia le solicita al gobierno conversaciones permanentes, que busquen resolver las dificultades que exponen los pescadores, y apela al sentido común y la fraternidad de los líderes del sector pesquero, para que sin dejar de lado sus convicciones, muestren apertura.

Dicho comunicado se dio a conocer el 28 de agosto, cuando decenas de pescadores puntarenenses se manifestaron para reclamar una salida a su situación, que según dijeron, los tiene en la ruina y está generando graves afectaciones sociales en la provincia. 

Al filo de la media noche, las conversaciones con el Ejecutivo llegaron a una serie de acuerdos que depusieron los movimientos de protesta. (Ver módulo)

El origen del conflicto

Entre las quejas de los pescadores, concretamente de los camaroneros, está la carencia de apoyo gubernamental, escasez de fuentes de trabajo y lo que denominan es un nulo entendimiento sobre la pesca sostenible amigable con el ambiente.

“Pedimos que este gobierno vuelva sus ojos al mar y no permita que se siga jugando con el sustento de miles de costarricenses que quieren un trabajo digno, nos sentimos marginados e incomprendidos, engañados por el nulo avance en solucionar la crisis del sector pesquero”, afirmó Mauricio González, uno de los dirigentes de los pescadores.

González explicó que la comisión técnica conformada desde el 28 de mayo para analizar sus demandas no tuvo resultados: “Este gobierno nos ha visto la cara, una sola reunión y no hay avances ni respuestas”, dijo, criticando el argumento de que no hay recursos para pagar el estudio de la pesca sostenible de camarón.

Todo inició en el 2013, cuando la Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas contra la pesca de arrastre, por los daños a la ecología que dicha técnica implicaba, pues “barre” el fondo marino para capturar camarones, con lo cual se obtienen una serie de especies sin valor comercial, muchas de las cuales son descartadas.

Johnny Quirós, también dirigente de los pescadores, afirmó que esta situación derivó en la no renovación de licencias y en el cierre de pesquerías, con el consecuente daño al empleo y el sustento de las familias. De los 44 barcos camaroneros que había en Puntarenas, actualmente solo están funcionando tres.

Dicha sentencia de la Sala incluía la orden de atender la situación social de las personas que serían afectadas, cosa que a su juicio no se ha hecho bien, pues lo que se ofrece es un subsidio de 80 mil colones por mes y capacitaciones en actividades alejadas de la realidad de las familias porteñas.

Afirma que el sector está en la total disposición de adaptar los artes y equipos para reanudar una pesca responsable y certificada, tal y como sucede en casi todos los países de la región, que no han prohibido la pesca de camarón, sino que la han regulado.

Criticó que no exista un estudio local serio sobre la situación de pesca sobre el cual se puedan tomar decisiones, a pesar de que los mismos magistrados ordenaron realizarlo.

Quirós aceptó que la pesca de arrastre causaba graves daños al ecosistema, pero dijo que se han venido haciendo cambios para mitigar ese efecto, y actualmente con la tecnología disponible, los tiempos de veda y las áreas protegidas que se han establecido, es posible realizar pesca de camarón con un mínimo impacto.

“No puede haber desarrollo sostenible si no se involucra a las personas. Y lo peor del caso es que el gobierno permite que se importe camarón pescado de la misma forma que viene de Nicaragua, es una doble moral”, dijo.

De forma concomitante, se conoció la posición de la Cámara de Pescadores y Armadores de Guanacaste, llamando al gobierno a prohibir la pesca de arrastre, por los efectos que ello tendría en la actividad de sus afiliados en el pacífico norte del país, pero pidiendo que se busquen alternativas de trabajo para las familias de Puntarenas.

Melvin Núñez, diputado de Restauración Nacional por Puntarenas, dijo estar a favor de los pescadores, y en contra de que se eliminen empleos de forma directa o indirecta. “Podemos ser un país que conserve pero que no empuje a las personas a pasar hambre y a delinquir”, dijo.

Ello porque, según afirmó, hay narcotraficantes aprovechándose de la necesidad de las personas de llevar sustento a sus familias. “El impacto ha sido devastador, hay familias que se acuestan sin comer, como las madres de familia que pelaban camarón”, puntualizó.

El diputado criticó los recursos que entran al país por el puerto de Caldera y lo poco que queda en Puntarenas, así como decisiones de este tipo que le dan la espalda al costarricense. “Tenemos mucha riqueza, pero el pueblo la ve de lejos”, concluyó.

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