Y los pobres… ¿cuándo descansarán?

 

Danny Solano Gómez

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Nuevamente, la Municipalidad de San José busca la manera de utilizar los terrenos del Cementerio Calvo para otros fines. Recientemente, el alcalde josefino, Johnny Araya, ha impulsado construir allí una ciudad tecnológica, aunque hasta el momento se desconocen los planos y otros detalles de este proyecto.

Para lograrlo, esta vez la estrategia del municipio es que se apruebe un Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa (expediente 20037) para que un sector del camposanto deje de ser un bien demanial y pase a ser patrimonial.

Los bienes demaniales son aquellos de dominio público que solo se pueden utilizar para el fin con el que fueron creados. En el caso del cementerio, según se dice, los terrenos fueron donados por el Padre Francisco Calvo tras la Campaña Nacional de 1856, para que se utilizaran para dar sepultura a aquellos que, por razones económicas, no tuvieran un lugar digno donde yacer, por eso fue conocido desde entonces, como “El cementerio de los pobres”.

De hecho, en la actualidad, este es el camposanto donde se sepultan a personas de escasos recursos económicos o cuyos restos nadie reclama en la Morgue Judicial, los hospitales y asilos de ancianos.

 

Trasfondo de la situación

Si los terrenos pasan a ser de dominio patrimonial, tal y como lo propone el proyecto de ley, la municipalidad puede disponer de ellos para otros fines. Esto a pesar de que la Sala Constitucional detuvo el intento de la alcaldía municipal.

Ya en 2011, con la intención de construir supuestamente unos “apartamentos, villas y estacionamientos”, el ayuntamiento aprobó “la venta directa”,  bajo el argumento de que “desde hace ocho años no se sepulta en esa área (parte norte) ningún cuerpo, por lo que es un terreno sin uso”, según menciona el Voto 15654-11 de la Sala Constitucional.

El Alcalde Johnny Araya manifestó su deseo de construir una villa olímpica para los Juegos Deportivos Centroamericanos que se realizaron en Costa Rica en 2013. 

El Municipio logró obtener la autorización del Ministerio de Salud para el cambio de uso de suelo de 16,710 metros cuadrados, pero la Sala Constitucional señaló que esta “decisión unilateral de las autoridades de la Municipalidad de San José”, por determinar que se trataba de un bien demanial.

“El proceder de las autoridades de la Municipalidad de San José y del Ministerio de Salud es inaceptable, pues no tienen la potestad legal de cambiar el destino de ninguna área del Cementerio Calvo”, señaló la Sala Constitucional en el 2011. 

Además, el argumento de la Municipalidad sobre que se había dejado de utilizar el terreno para sepultar cuerpos en esa área y que según el Ministerio de Salud se habían trasladado los allí enterrados, según la Sala IV, se trata  de al que “bajo ningún contexto, es aceptable”. 

Además, “se tramitó la correspondiente segregación de esa porción de terreno, mediante una escritura que el Alcalde firmó cuando ya tenía pleno conocimiento de la existencia del presente amparo y con ello, el cuestionamiento a ese proceder, para finalmente, el Registro Público proceder, así sin más, a inscribir esa área como finca independiente, lo que es absolutamente improcedente”, según señala el voto.

Incluso, se ordenó al ayuntamiento a la “restitución de las cosas a su estado original”, sin embargo aun es posible ver restos de escombros en esa parte norte del terreno, asimismo hay un notable descuido del terreno. Eco Católico constató la semana pasada que hay montes de basura, tierra, y el pasto crecido. 

Asimismo, los magistrados advirtieron al alcalde Araya Monge que se exponía a una pena de cárcel de tres meses a dos años si no cumplía con la orden. En esa ocasión el municipio y el Estado fueron obligados a pagar por daños y perjuicios causados.

En 2015 también, Vilma Isabel Sánchez de Barrio Córdoba, presentó Recurso de Amparo en enero de ese año y la Sala Constitucional recordó en ese entonces a la alcaldesa, Sandra García que no podía utilizar el Cementerio Calvo para otro fin que no fuera el original, por lo que parece que toda iniciativa de este tipo estuvo congelada hasta que Johnny Araya volvió al frente de la municipalidad josefina.

 

Ambientalista denuncia

Freddy Pacheco, asesor ambiental y profesor universitario que lleva años luchando en contra de este proyecto, comentó: “(Johnny Araya) pidió a los panteoneros que quitaran lápidas y todas las cruces, todo lo de cemento que había ahí. No dejaron nada. Yo tomé fotos de los escombros con las cruces. Después mandó a quitar flores, zacate, hasta metió una niveladora y removió toda la tierra por encima y les dijo: “No corten el zacate”. Se armó un charral”.

Pacheco argumenta que el Cementerio tiene más de 100 años, por lo que si se enterró a una persona por mes se obtiene la suma 1200 cadáveres. “Lo que pasa es que no hay tumbas, todo eso está a metro y noventa de profundidad”, dijo.

“En setiembre del 2011, el panteonero me dijo que había entrado un tractor al Cementerio, el operador le dijo que lo habían mandado a hacer unos huecos para ver si había muertos (…) le dijeron que podía hacerlos en cualquier lado, hizo seis huecos y salieron cuatro cadáveres al azar”, añadió el ciudadano.

Según Pacheco, quien es biólogo, al inicio la Municipalidad quiso hacer ver que se trataba de un lote colindante con el Cementerio Calvo y no un terreno que es parte del mismo.

 

Proyecto aprobado en comisión

El proyecto de Ley donde se autoriza a la Municipalidad para que cambie el uso de bien demanial a patrimonial establece que en dicho espacio solo se podría construir un Parque Tecnológico y un centro de estudios universitario para formación tecnológica. 

El texto ya dio el primer paso al ser aprobado por votación en comisión legislativa con dictamen afirmativo de mayoría, del 7 de marzo de 2017, con seis votos a favor y dos en contra. Ahora pasará a ser discutido en el plenario legislativo.

El proyecto contó con el voto de Marcela Guerrero (PAC), Jorge Rodríguez (PUSC), Silvia Sánchez (PLN), Maureen Clarke (PLN y ex vicealcaldesa de la Municipalidad de San José en periodo de Johnny Araya), Martha Aráuz (PLN) y Fabricio Alvarado (PRN). 

Marcela Guerrero dijo que votó en Comisión a favor del proyecto pues confía en el criterio técnico de las instituciones de que no había restos de personas. Asimismo, dijo que había solicitado a la Municipalidad a través de una carta detalles sobre el proyecto pero la respuesta que recibió no desarrollaba ampliamente cómo se iba a hacer.

Cuando se le cuestionó a la congresista por el Voto de la Sala Constitucional y, sobre el hecho de que aunque efectivamente el Ministerio de Salud señale que no hay restos de personas desde hace ocho años, el Cementerio tiene más de 100 de existir, dijo que desconocía el fallo de los magistrados y “ante estos nuevos elementos” habría que buscar “un tercero para que nos haga una valoración in situ”.

Ligia Fallas por su parte, expuso que votó en contra por una cuestión de dignidad humana, pues “no puede ser posible que en un lugar donde existen restos humanos la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Salud hayan dicho que no importa, sáquenlos”.

“La Municipalidad ahora usa de argumento que ahí no se entierra a nadie, es cierto, no se entierra a nadie desde hace ocho años para acá, pero ¿desde hace cien años para atrás a cuántas no se  han enterrado?”. 

Por su parte, Fabricio Alvarado, declaró: “En el caso mío yo no puedo irme con una pala al Cementerio a verificar si hay cuerpos o no, si no que dependemos de los criterios técnicos de los profesionales y las instituciones que tienen el conocimiento, en el caso de la Municipalidad y el Ministerio de Salud nos indicaron que no había de qué preocuparse, pues el sector donde iba a realizarse este centro no es uno donde hay cuerpos”.

El diputado Javier Cambronero del PAC calificó de “absoluta irresponsabilidad” el actuar de la Alcaldía de San José al “plantear la utilización de  esos terrenos para un proyecto que nadie conoce en lo más mínimo”. Dice tener “serios temores y dudas” respecto a esta iniciativa.

Se intentó obtener declaraciones de la diputada Maureen Clarke, sin embargo,  sus asesores dijeron que por el momento no iba a referirse al tema. También se buscó contactar con el diputado Jorge Rodríguez, pero tampoco hubo una respuesta afirmativa, más bien una de las asesoras del PUSC insinuó que Eco Católico tenía interés en que el proyecto no pasara, sin dar ningún argumento al respecto.

 

Municipalidad guarda silencio

Se trató por diversos medios y a lo largo de más de dos meses obtener una reacción de la Municipalidad de San José, pero a pesar de las llamadas, correos y semanas de tiempo que se otorgaron, nunca hubo respuesta de su parte. 

En el Dictamen Afirmativo de Mayoría, en las declaraciones de Johnny Araya él expone que “la municipalidad tiene que pensar en un mecanismo transparente, de cómo se le puede adjudicar a las empresas que quieran instalarse en ese lugar pagando el canon que les corresponda”.

Y agrega: “No se trata de querer ni donarlo ni venderlo, pero sí poder llegar a un modelo, en donde por la vía de un canon puedan ahí establecerse empresas”

En ese mismo dictamen, el Ministerio de Salud recomienda que después de promulgarse esta ley debería asegurarse que la Municipalidad de San José, presente un estudio de impacto ambiental del terreno donde se levantará el proyecto y cuando se estén realizando (…) indicar a los trabajadores el procedimiento a seguir en caso de encontrarse restos humos que no estaban certificados en el estudio levantado, con el fin de que las autoridades correspondientes procedan al levantamiento de los restos”.

También se contó con la aprobación de la Defensoría de los Habitantes, que “no encuentra  objeción con la eventual aprobación del proyecto de Ley en los términos consultados”.

 

Para tomar las fotografías que acompañan este reportaje hubo que pedir un permiso al municipio, inclusive un funcionario acompañó al fotógrafo y vigiló cada toma, un par de ocasiones hasta preguntó cuál era el objetivo de algunas imágenes.