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El diálogo es el único camino para la paz

Escrito por Super User el . Publicado en Gran Tema

  • La Iglesia Católica promueve el diálogo, la justicia y la verdad entre el gobierno y los sindicatos para superar la grave crisis social que enfrenta el país.

Martín Rodríguez González
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La Iglesia Católica alienta el diálogo, la justicia y la verdad para superar la grave crisis social que enfrenta el país, tras los efectos de la huelga declarada por los gremios sindicales desde el lunes 10 de setiembre.

Los manifestantes reclaman retirar de la corriente legislativa el expediente 20.580, proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, más conocido como el paquete o plan fiscal, acusando falta de justicia, afectaciones y omisiones graves.

Por su parte el gobierno insiste en la urgencia de aprobarlo dada la inminente crisis fiscal en que podría caer el país, y aduce que a lo largo del proceso se han abierto espacios de diálogo y propuestas con los diferentes sectores.

Para presionar, los sindicalistas se lanzaron a las calles obstruyendo carreteras, autopistas, puertos y el acceso al Aeropuerto Juan Santamaría, marcharon a la Asamblea Legislativa, Casa Presidencial, e impidieron la expedita distribución de combustible en los planteles de Recope. Entre los sectores más golpeados está el turismo, que reporta pérdidas millonarias diarias por cancelaciones y retrasos.

Como respuesta, la policía ha intervenido para reabrir el paso y restablecer el orden. En Limón los agentes lanzaron gases lacrimógenos para reabrir el puerto de Moín, y los manifestantes respondieron con piedras.

También se interrumpieron las lecciones en escuelas y colegios del país, y los servicios de salud en clínicas y hospitales sufrieron contratiempos importantes. La Caja del Seguro Social reportó al 15 de setiembre 39 mil citas canceladas y más de 1.200 cirugías no realizadas. Las mayores afectaciones estuvieron en las regiones Brunca y Pacífico Central con un grado de 89.7% en citas u un 100% en cirugías.

El gobierno por su parte, pidió la declaratoria de ilegalidad de la huelga por medio de 24 instituciones, que podría concluir incluso con el despido de los funcionarios que no se hayan presentado a laborar.

Al mismo tiempo, se han dado brotes de violencia como el atropello de manifestantes, el sabotaje en varios puntos del oleoducto de Recope, la interrupción del traslado terrestre de la antorcha de la independencia, la quema de camiones, el robo a supermercados e incluso la muerte de un joven de 17 años llamado Antuán, en medio de una balacera en la entrada del Barrio Santa Eduviges en Limón.

Estos hechos han sido repudiados tanto por el gobierno como por los sindicatos, acusándose mutuamente de provocarlos.

Al cierre de esta edición el martes 18 de setiembre, algunos centros de servicio ya presentaban desabastecimiento de combustibles, escuelas y colegios seguían sin recibir estudiantes y crecía el número de pacientes sin recibir atención. 

Urgente diálogo social

Ante la incomunicación de las partes y el aumento de las tensiones, el 13 de setiembre la Conferencia Episcopal de Costa Rica hizo público un comunicado en el que calificó el diálogo social como urgente.

En respuesta, representantes del Poder Ejecutivo como de los sindicatos avalaron la gestión de los obispos, quienes recordaron que “el interés común en torno al problema del déficit fiscal debió generar, desde el principio, un diálogo urgente, transparente, efectivo y sin condiciones”.

Su exhortación a las partes en conflicto fue que sobre una mesa de diálogo se fortalezca la paz social y el bien común, buscando para ello “soluciones efectivas y alternativas viables”. 

En concreto, los obispos pidieron que se convocara a un encuentro preliminar sin condiciones, para que las partes interesadas acordaran puntos de consenso que dieran origen a la instalación de una mesa formal de diálogo.

Además, que una vez instalada la mesa de diálogo se discutieran  los temas y las propuestas fundamentales que miren al bien común y a resolver las finanzas públicas a partir de principios éticos y no solo economicistas.

Y finalmente, que se proponga la búsqueda de soluciones para el desarrollo integral y solidario de la población más vulnerable y empobrecida.

“Si quieres la paz, trabaja por la justicia”, citaron los prelados recordando al Papa Pablo VI, en cuyo mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 1972 planteaba ya la necesidad de que cada país fomente fraternal y solidariamente “las condiciones de promover su propio desarrollo dentro del marco de una cooperación inmune de cualquier intención o cálculo de dominio, tanto económico como político”.

Individualmente, varios obispos llamaron a la calma y han reiterado el diálogo como única vía para restaurar la paz. Así, Mons. José Rafael Quirós, Arzobispo Metropolitano, expresó que ante el conflicto, el camino es el diálogo sincero, transparente y patriótico. “Sin dejar de lado, la justicia, la solidaridad, el desarrollo integral y la verdad”.

Mons. José Manuel Garita, Obispo de Ciudad Quesada, rogó a los manifestantes igualmente buscar las vías del diálogo, “sin el uso de medidas de presión que afectan a toda la familia de nuestro territorio diocesano”, e igualmente, llamó a las autoridades a escuchar, a no agotar la vía del diálogo. “Busquemos soluciones pacíficas”, escribió.

Por su parte, el Obispo de Limón Mons. Javier Román, expresó su repudio por los actos de violencia y pidió cordura y sensatez para buscar la paz, “reconociendo en el otro siempre a un hermano al que hay que respetar y acoger”.

“En estos momentos de conflicto social es cuando lo mejor del costarricense debe relucir, insto a las partes para que con humildad y responsabilidad busquen dialogar”, insistió.

Obispos si, rectores no

Mediante un documento dirigido al Arzobispo de San José y Presidente de la Conferencia Episcopal Mons. José Rafael Quirós, y firmado el 14 de setiembre por el ministro de la Presidencia Rodolfo Piza y el titular de trabajo Steven Núñez, el gobierno agradeció tanto a los obispos como al Consejo Nacional de Rectores, Conare, su invitación al diálogo.

El Presidente Carlos Alvarado dijo que el Poder Ejecutivo mantenía su disposición al diálogo, instrumento que históricamente ha servido a los costarricenses para lograr grandes acuerdos nacionales, e informó que igualmente solicitó a la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, servir de puente de acercamiento con el movimiento sindical.

Días antes Mora, del izquierdista Frente Amplio, criticó fuertemente el proyecto fiscal que impulsa el gobierno, asegurando que está sesgado y que prácticamente no toca a los intereses más poderosos del país. “Hay sectores que demandan legítimas demandas en las calles de nuestro país”, dijo.

En la acera del frente, los representantes sindicales respondieron sacando del juego a los rectores de las universidades públicas. Marcelo Prieto, presidente del Conare, confirmó la decisión de la cúpula sindical, con lo cual se retiraban del proceso.

Otro rector, Henning Jensen, de la Universidad de Costa Rica, encabezó una marcha hacia Casa Presidencial el mismo 13 de setiembre, luego de que la noche anterior la policía levantara un cierre de vías en San Pedro de Montes Oca, y persiguiera a los manifestantes hasta la Escuela de Arquitectura de dicha casa de estudios superiores.

Jensen levantó la voz contra la supuesta violación de la autonomía universitaria, exigió una disculpa pública y junto a cientos de estudiantes logró que el mandatario Alvarado firmara un documento en el que tácitamente desacreditó la actuación de los efectivos policiales.

En medio del conflicto, trascendió que Jensen es un funcionario público con un sueldo que supera los 8 millones de colones al mes, de acuerdo con la copia de una constancia salarial que circuló en redes sociales y que describe la serie de pluses salariales que conforman su remuneración.

El diario La Nación informó pasadas las 9 de la noche del sábado 15 de setiembre que junto con los rectores, también la Iglesia había sido desestimada por los sindicatos como mediadora, información que luego se vio obligada a rectificar.

Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), confirmó a Diario Extra la noche de ese mismo día que el aporte de la Iglesia en la lucha por los derechos de los costarricenses es “fundamental”.

Arzobispo de San José Mons. José Rafael Quirós

“Hay que escuchar, proponer y estar dispuestos a ceder por el bien común”

Nuestra democracia está marcada por el sendero de la escucha y la propuesta, así como por la disponibilidad de ceder ante un bien superior como es la paz social y el bien común.

Son palabras del Arzobispo de San José Mons. José Rafael Quirós, quien explicó en entrevista con Radio Fides que en esta lógica el diálogo no puede obviarse.

“El llamado es a unos y a otros a un auténtico dialogo, con capacidad de escucha, de propuesta y de ceder en aquello que se vea oportuno para el bien del país”, reiteró.

Lo primero, dijo, es escucharse mutuamente para ver que no hay enemigos, sino personas que buscan el bien, y que si es cierto que hay discrepancias, es necesario manifestar la buena voluntad de dialogar y la disponibilidad de llegar a acuerdos.

Una vez superado este paso, hay que discutir propuestas que miren al bien común, siguiendo principios éticos, no solo técnicos, es decir, que coloquen a la persona siempre en el centro.

“Debe tomar en cuenta al ser humano concreto, que necesita trabajar, comer, que tiene problemas con las necesidades básicas, y han de llevarse a cabo las conversaciones dejando de lado intereses personales o de grupo”, dijo Monseñor.

Finalmente, y contando con el concurso de los diputados, debe de llegarse a acuerdos que enriquezcan el proyecto de ley, que tiendan al desarrollo integral y a la globalidad, traducida en otros proyectos que miren a la postergada reforma del Estado.

“La disposición debe ser llegar a acuerdos y saber que la violencia engendra violencia, no es el camino que la mayor parte de la población quiere, sino la paz y el bienestar para todos”, concluyó Monseñor. 

El bien común, ¿qué es?

De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección».

El bien común no consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas al futuro. Como el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. El bien común se puede considerar como la dimensión social y comunitaria del bien moral.

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 164.

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