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Iglesia pide entendimiento ante conflicto social

Laura Ávila Chacón
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Grupos de sindicalistas, taxistas y ciudadanos se manifestaron en contra del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, expediente 20.580, que actualmente estudian los diputados en la Asamblea Legislativa.

Lo hicieron a partir del lunes 10 de setiembre tal y como lo anunciaron días atrás los dirigentes en respuesta a la negativa del gobierno de retirar dicho proyecto de la corriente legislativa.

Ocuparon calles y vías del tren, interrumpieron servicios médicos y escolares, aunque el nivel de afectación fue minimizado por el gobierno, que anunció que pedirá a los tribunales la declaratoria de ilegalidad de la huelga. En cadena nacional de televisión, el Presidente Carlos Alvarado dijo que a pesar de ello, las puertas del diálogo se mantenían abiertas.

Ante esta situación, el vocero de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Pbro. Mauricio Granados recordó que la huelga es un derecho constitucional y un derecho humano, pero que debe ser regulado de acuerdo con la normativa de cada país. 

En ese sentido, dijo, la Iglesia “llama a todas las partes para que este movimiento de huelga pueda ser llevado de la mejor forma, sin violencia, sin bloqueo de caminos y carreteras para garantizar el libre tránsito por el país, así mismo llamar a un diálogo por el cual se pueda llevar a los mejores caminos de entendimiento y siempre con un espíritu constructivo que  busque el bien común y el respeto al otro”. 

Sin estos elementos, agregó el sacerdote, cualquier diálogo carece de sentido. “Ojalá que tanto las autoridades de gobierno como los sindicatos y demás grupos que protestan puedan llegar a una conversación directa o a través de mediadores calificados”, dijo.

Los sindicalistas reclaman que el proyecto del gobierno no incluye aspectos contemplados en su propia propuesta para atender la crisis fiscal, en aspectos como no aumentar el Impuesto de Ventas, subir el impuesto sobre la renta a salarios de lujo, aumentar el impuesto sobre las grandes utilidades de las empresas, subir cargas a los casinos y salas de juego, crear una contribución temporal de parte de las empresas de Zonas Francas y mayor lucha contra el fraude fiscal.

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