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Conflicto por tierras indígenas está lejos de una solución

  • Pueblos indígenas de la Zona Sur del país exigen al Estado la autonomía y defensa de sus territorios, así como el cumplimiento de sus derechos humanos. Denuncian que la inacción de las autoridades ha provocado la creciente ola de conflictos que ya cobra dos vidas. 

Sofía Solano Gómez
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Rosmireidy Ortiz es vecina del Poblado La Capri, en el territorio indígena Cabagra, cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas. El pasado 25 de febrero tuvo que desalojar su casa porque según dijo, se siente amenazada e intimidada por los grupos indígenas que reclaman el cumplimiento de la Ley de Territorios Indígenas (N. 6172), aprobada desde 1977. 

El artículo 3 de dicha ley establece: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”. 

Aunque Rosmireidy se considera a sí misma indígena, asegura que su vida corre peligro porque sus dos hijos son mestizos, es decir, de padre blanco.

Ella, junto con otras 150 personas más viven desde hace casi un mes en un albergue que la Asociación de Desarrollo Indígena puso a disposición en el Salón Comunal La Lucha de Potrero Grande, territorio que eclesialmente pertenece a la Diócesis de San Isidro.

Ortiz dio a conocer la realidad que viven las 38 familias ahí albergadas, entre las que sobresalen cinco adultos mayores, cerca de 30 niños y tres embarazadas.

Asegura que por su condición, el Consejo de Mayores de Cabagra los está perjudicando. El Consejo de Mayores está conformado de indígenas adultos mayores, quienes legitiman quién es indígena y quién no. 

“Que el blanco maltrata al indio, eso son historias, son indios contra los mismos indios y el gobierno tiene que darnos una solución”, exclamó Ortiz.

Fanny Kiel, otra de las afectadas dice que a la gente de La Palmira (comunidad indígena Bribri), los mismos indígenas les quitaron la casa y a otros el agua. Y que ella ya tenía la tierra lista para sembrar arroz, frijoles y maíz y ahora no sabe qué hacer. 

Expone que, aunque en el albergue están bien, hay poco espacio para tanta gente, solo hay un baño y los niños reciben clases sin uniforme ni cuadernos.

“La población que está aquí, está refugiada por miedo y protección a sus familias ante amenazas, diversos medios de intimidación y hasta presión psicológica”, dijo por su parte Wilson Garbanzo, miembro de la asociación, en razón -según expuso- del “aprovechamiento de las leyes que tienen los pueblos indígenas para usurpar territorios que les pertenecen hasta a mismos indígenas”. 

Se trata de una problemática social que describe como racista, en la que además, afirma, se han utilizado métodos poco válidos e ilegítimos, al margen de la ley. Reconoce que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) realiza trabajos, pero que no se han concluido y por ende no hay cumplimiento de la ley en el lugar.

“Queremos alzar la voz para dar a conocer y pedir una mirada del gobierno y de las instituciones que tienen que ver con esta problemática, y sean conscientes, porque no vale más la vida de un indígena que la de un blanco, o que la de otro indígena, estamos en un país de derecho, adónde está la paz”, agregó. Wilson. 

Llamado al gobierno

Franklin Elizondo, síndico del distrito de Potrero Grande se cuestiona por qué el Estado no protege a las personas que viven en armonía con los supuestos no indígenas. Dice: “El problema no es del no indígena, es que hay unos cuatro líderes comunales gobernados por gente que, para mí, es internacional y que viene a molestar”. 

“La Universidad de Costa Rica es una de las que apoya esos problemas, es una de las que usted encuentra gente extranjera que nada tiene que venir a hacer aquí y vienen dizque a proteger a los indígenas y es una mentira, los indígenas no necesitan protección, necesitan el amor del Gobierno que desenrede esto”.

Prosigue, “el único culpable son las leyes que el Gobierno hizo, que han hecho posible que estemos sufriendo todos. Nosotros no queremos la violencia, la violencia la quieren las Organizaciones No Gubernamentales extranjeras que vienen a manipular a los indígenas diciéndoles que tienen que recibir el territorio”.

“Todos sabemos que para vivir tranquilos no se necesita más de cinco hectáreas de terreno. Si una finca de mil hectáreas se divide en parcelitas de cinco hectáreas tendría a muchos indígenas de los que dicen que no tienen territorio, pero qué pasa, los líderes comunales tienen otros intereses para protección de ellos mismos”, dijo Elizondo.

¿Qué tipo de intereses?, a criterio de Elizondo entes internacionales como las ONG “tienen presionados a los líderes comunales con el fin de que el Estado venda oxígeno a otros países, lo que se logra según ellos recuperando algunas tierras y dejándolas perder, porque la mayoría de indígenas no trabaja y las organizaciones los tienen manipulados en la recuperación de terrenos, pero en realidad no es eso… hay intereses transnacionales de lo que está pasando”, concluyó.

Lo anterior fue constatado por Radio Sinaí y el Eco Católico, los dos medios de comunicación estuvieron de gira los días 3 y 4 de marzo en las zonas indígenas de Cabagra, Térraba y China Kichá para visibilizar la pérdida de la paz que se vive en el cantón de Buenos Aires.

Este día, Wilson llevó a los medios hasta La Capri y nos acercó hasta La Palmira, terrenos a los que se referían las familias mencionas, y que les pertenecen, según ellos mismos lo afirman.

En La Palmira, Wilson explicó cuál es la forma de hecho de recuperar las tierras: “Se corre el portón y se hace el ingreso cuando no hay nadie, a partir de ese momento la tierra les pertenece”, dijo. Este es el método usado por los indígenas para recuperar las tierras, una forma de proceder que ya cobró dos vidas: la de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jerhy Rivera, cuyas causas siguen en investigación.

¿Quiénes son los recuperadores de tierras?

Los indígenas se amparan en la Ley Nº 6172, pero nadie puede determinar con claridad quién realmente es indígena. Para ello está el Consejo y un grupo de mayores, quienes lo deciden. 

A unos cuantos kilómetros de La Lucha de Potrero Grande, sobre la carretera principal de Santa Cruz, hay un asentamiento indígena, se trata de los recuperadores Crun D`Bon (Tierra de Tigres) que pertenecen al pueblo indígena Térraba. 

Desde lejos se denotan las condiciones infrahumanas en que viven las 22 familias, habitantes ahora de la finca de 1200 hectáreas, recuperadas recientemente. 

Carecen de agua potable, hay una tubería que ellos mismos hicieron tras acarrearla desde una distancia de tres kilómetros y electricidad por medio de una batería. Sus viviendas son ranchos a base de palos y plásticos tipo carpas.

A un lado de la entrada principal del terreno humeaba un fogón, en este un par de cafeteras y muy cerca, un racimo de plátanos. Una de las recuperadoras, quien no se identificó, dijo que comen lo que hay, ya que no pueden salir de la finca porque de lo contrario la perderían.

¿Quiénes son los recuperadores?, en palabras de Antonio González, uno de ellos, son los que rescatan la herencia de sus ancestros, porque por ley -dice- así les corresponde: recuperar la tierra que fue de sus antepasados.

“Nosotros estamos aquí por la tierra, no por las pertenencias de los finqueros o del no indígena”, dijo González, quien pertenece a los Crun D`Bon.

Sobre cómo los supuestos no indígenas adquirieron las tierras, González explicó que antes eran cambiadas por ganado, hasta por 10 vacas. “Hoy nos damos cuenta que el no indígena adquiría estas tierras hasta por un televisor, un cerdo o 10, 15 mil colones”, dijo.

¿Hay violencia para recuperar las tierras?, González sostiene que es prohibido usar armas, “nos defendemos con un palo, una piedra, pero no vamos a atacar antes de que nos ataquen, dijo”. Agrega: “no queremos agredir ni verbal ni físicamente al no indígena finquero. Eso de que los indígenas son agresivos, disparan y machetean, solamente cuando hay que defenderse, pero en otras comunidades, no es nuestro caso”.    

Este grupo de recuperadores sustenta que para volver a tener la tierra se reunieron hace unos ocho meses con las personas que se consideraban dueñas del terreno. El 28 de noviembre del año anterior tomaron el acuerdo de ingresar a las cuatro de la mañana, de manera pacífica, según indicó. 

Desde ese día, hasta el martes por la mañana en que estos medios estuvieron presentes, González manifestó que no han tenido ningún encuentro con el finquero. Su objetivo es dividirse en partes iguales la finca entre las 22 familias, para ello hicieron un documento que así lo estipula.

El relato de otro recuperador, Cruz Ángel Pérez, es que el día en que ingresaron estaba de invierno, hicieron los fogones, buscaron agua y construyeron los ranchos, con la opción de que cada uno pudiera estar allí, aunque fuera incómodos.

“Queremos la tierrita para sembrar nuestra agricultura, yuca, arroz, maíz, tener un chanchito, unas gallinitas”, expresó. 

Territorio Indígena Cabécar China Kichá 

En el segundo día de la gira, la visita fue al territorio Cabécar China Kichá, ubicado en el distrito de Pejibaye, en Pérez Zeledón. El ambiente en esta reserva, a diferencia de Cabagra, se percibe más tenso. Tras avanzar unos metros en un largo camino de piedra había un grupo de al menos 15 policías de la Fuerza Pública. No permiten que sus rostros se vean en las fotografías, solo accedieron a hacer tomas de manera panorámica.

No hay libre tránsito al ingreso a las fincas. Para ello los oficiales pidieron las cédulas de identidad de los periodistas, anotaron sus nombres y número de identificación. Además, reportaron nuestra presencia a otros policías que estaban más adelante frente a una de las fincas recuperadas por los indígenas.

En una de las fincas, uno de sus habitantes salió y mientras avanzó hacia el vehículo en que los medios circulaban, se pudo observar que traía consigo un machete, mismo que hizo a un lado cuando se percató que buscábamos la propiedad que el finquero Minor Badilla comentó previamente que había sido recuperada por los indígenas.

Desde su casa en San Antonio de Buenos Aires, Minor aseguró que la finca de 130 hectáreas es suya por medio de documentos como planos y escritura.

Él y su familia se mostraron visiblemente consternados e indignados, Minor cuenta que parte del ganado no lo ha podido sacar porque no le permiten el ingreso. De los 150 animales, 21 están desaparecidos (equivalentes a cerca de 10 millones de colones) y uno está muerto. De los que logró sacar, subastó 15 toros, ya que no tiene un lugar donde puedan permanecer. 

Los recuperadores, por su parte, niegan este hecho. Ellos dicen haber tomado la finca el 26 de febrero y haber dado un plazo de 24 horas para que Badilla sacara el ganado, ese tiempo obedece según ellos, a sus leyes indígenas.

Actualmente hay 10 familias en la finca, viven en una casa de madera que a su vez prohibieron fotografiar, solo dejaron tomar fotos en dos de los dormitorios. Esperan mantenerse hasta donde Sibú (Dios) -dijeron- les preste la vida. 

“Nosotros no somos usurpadores, somos recuperadores haciendo valer nuestros derechos y nuestra autonomía, estamos recuperando las tierras que en otro tiempo nos robaron”, comentó Efraín Fernández, recuperador. “Si el gobierno quiere que ningún territorio siga recuperándose, tiene que poner de su parte”, agregó.

Jason Ríos, otro de los recuperadores dijo que el territorio indígena se estableció como tal “en 1957 y en 1982 fue derogado, durante ese proceso se le dieron papeles legales a los no indígenas “usurpadores”, una derogación ilegal porque violentó muchos derechos”.

Agregó: “en 2001 un grupo de mayores inició un proceso y se vuelve a reivindicar el territorio Cabécar de China Kichá, en ese momento las escrituras y los derechos que tienen los no indígenas se anularon porque aquí regimos bajo el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas, son convenios internacionales que se han firmado y en donde se establece que en Costa Rica los territorios indígenas solo pueden ser habitados por indígenas”.

Mons. Gabriel Enrique Montero, Obispo de San Isidro
“Que se abra una mesa de diálogo”

Mons. Fray Gabriel Enrique Montero, obispo de la Diócesis de San Isidro, reconoce que sobre esta problemática, la Iglesia “debe pedir y hasta exigir que se abra una gran mesa de diálogo entre quienes tienen mayores posibilidades y hasta el deber de encontrar vías de solución al conflicto: gobierno, algunos legisladores, altos dirigentes indígenas, una buena representación de las varias facciones enfrentadas, Iglesia Católica y otras Iglesias cristianas”.

Lo anterior -señaló- “lo he propuesto varias veces a los últimos gobiernos, pero sigue muerto”. De ahí su llamado de Iglesia de “denunciar con valentía profética aquellas fuerzas o personas que están en contra de una solución al conflicto por defender beneficios personales, con los cuales han lucrado por mucho tiempo”, expuso.

El Prelado considera que la Iglesia debe ser muy crítica con respecto a la ley 1977 y pedir que se revise y modifique, pues opina que “hay elementos ahí que no pueden llevar sino a este tipo de conflictos.”

De este modo -dijo- para buscar la paz se debe buscar “una unidad de visión y de acción entre quienes queremos ayudar a encontrar una solución”. Para ello, dijo, “la Iglesia no puede olvidar los medios propios de nuestra fe como son la Palabra, la oración, los sacramentos, la Reconciliación, los cuales juegan también un rol fundamental en la transformación de la realidad, sobre todo en esta tan compleja que estamos enfrentando”.

Gobierno asegura tener acuerdo

El 28 de febrero se emitió un comunicado desde Casa Presidencial con una serie de acuerdos que según el Gobierno se definieron para el ordenamiento de tierras en los territorios indígenas. “Como principal acuerdo destaca el cese de movimiento de recuperaciones en Térraba para optar por el trabajo vía administrativo con el Gobierno. Estas acciones apegadas a la legalidad permitirán que las propiedades ingresen al régimen de derecho colectivo que rige en los territorios indígenas”, se consigna. 

“Dicha regularización permite que legalmente las comunidades de cada territorio puedan disponer plenamente de las fincas, condición que se garantiza mediante los procedimientos administrativos del Estado y no así mediante las recuperaciones de hecho. Una vez que una propiedad es puesta en manos de la Asociación, ninguna persona no indígena podrá reclamar posesión e inmediatamente se pone al servicio del pueblo”, señala.

Agrega que el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) continuará con sus trabajos en Térraba, territorio que en este momento se encuentra en la etapa de levantamiento topográfico.

Otro de los acuerdos es que el Viceministerio de la Presidencia junto con la Alcaldía de Pérez Zeledón acordaron la creación de una comisión con participación del Viceministerio, la alcaldía del cantón, un representante del Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Seguridad Pública y personas afectadas por las recuperaciones de hecho con el fin de atender los desplazamientos involuntarios en el territorio indígena de China Kichá.

A pesar de ello, el domingo 8 de marzo se informó de un nuevo disturbio en este territorio, cuando un grupo de personas mantenían una barricada con palos y piedras que obstaculizaban la vía hacia la propiedad donde ingresaron indígenas días atrás. Según el reporte oficial, prendieron fuego a una casa ubicada dentro del terreno, y que al llegar a controlar la escena, la Fuerza Pública fue recibida con piedras.

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