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Control de la natalidad pasa la factura

 

  • Costa Rica envejece y las consecuencias del cambio demográfico plantean graves escenarios en educación, salud y pensiones. Lo advierte la Contraloría General de la República en su informe más reciente sobre el tema.

Laura Ávila Chacón
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Fruto de las políticas de control de la natalidad en las últimas décadas, nuestro país experimenta una transformación demográfica que tiene impacto en toda la vida en sociedad.

Cada año nacen menos niños y hay más adultos mayores. Mientras en el año 2000, la tasa de natalidad era de 20,2 nacimientos por cada mil habitantes, en el 2007 fue de 13.9. La esperanza de vida, por su parte, aumentó en el mismo periodo 2,2 años para los hombres (77,6 años) y 2,5 años para las mujeres (82,7 años).

Este paulatino envejecimiento de la población impacta de diversos modos la demanda de servicios públicos críticos como la salud, la educación y las pensiones.

Lo advierte la Contraloría General de la República (CGR) en su informe: “Impacto fiscal del cambio demográfico: retos para una Costa Rica que envejece” (abril, 2019).

Como agravante, Costa Rica enfrenta el envejecimiento de su población en un contexto de alto nivel de endeudamiento público (70,6% del PIB para el sector público no financiero y 53,6% del PIB para el Gobierno Central en 2018) y estrechez fiscal, que se refleja en un elevado déficit financiero (5,9% del PIB para 2018), pese a que la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de protección social requiere de un Gobierno financieramente sólido. 

Este panorama, insiste la CGR, exige que los gestores públicos identifiquen con claridad el impacto del cambio demográfico para así adecuar las decisiones en el campo presupuestario, normativo y de capacidad institucional y de gestión, de modo que el país pueda hacer frente al envejecimiento en forma exitosa. 

Si bien el estudio se centra en el impacto que dicho cambio tiene para la Hacienda Pública en un contexto fiscal vulnerable, se exhorta a la discusión y la toma de decisiones en materia de envejecimiento y finanzas públicas por parte de las autoridades competentes, a quienes también se señalan vacíos en su gestión.

Educación: menos niños y muchos rezagos 

Del 2011 al 2018, el Ministerio de Educación Pública cerró 62 centros educativos por falta de nuevos estudiantes, mientras la caída en la matrícula inicial de primaria en las escuelas públicas pasó de 500.979 estudiantes en el año 2000 a 400.423 en el 2017.

Para la Contraloría, esta situación significa que, de mantenerse constantes la cobertura y el costo por estudiante, en el 2030 el gasto en educación estimado será del 5,2% del Producto Interno Bruto (PIB), 2,8% menos que el 8% asignado constitucionalmente.

El reportaje completo en nuestra edición impresa de Eco Católico del próximo 26 de mayo.

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