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Intención del Presidente aviva discusión sobre aborto impune

  • Norma técnica podría ser firmada por el mandatario este año
  • Protocolo propuesto establece que aplicación del aborto impune “debe basarse en una concepción amplia de salud, entendiendo esta como un estado de bienestar biosicosocial”.

La discusión acerca del aborto impune (conocido como aborto terapéutico) se encendió en los últimos días debido a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien afirmó que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmará este año la norma técnica para regular la aplicación del artículo 121 del Código Penal.

Como reacción, en la Asamblea Legislativa los diputados alzaron la voz y el lunes 21 de enero aprobaron una moción para solicitarle al mandatario que no la firme.

Según informó el departamento de prensa de la Asamblea Legislativa, 27 diputados de Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, el bloque de diputados independiente, el Partido Republicano Socialcristiano y dos de Integración Nacional votaron a favor de la moción y 26 legisladores de Liberación Nacional, Acción Ciudadana, el Frente Amplio y una de Integración Nacional votaron en contra de la moción.

El Ministerio de Salud creó la propuesta para la norma técnica como parte de las negociaciones del gobierno de Costa Rica con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como salida a una demanda interpuesta por dos mujeres costarricenses. Sin embargo, el borrador de la norma se ha intentado mantener lejos de la discusión pública.

En octubre del 2017, ante una consulta realizada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por parte del entonces diputado Mario Redondo, se le indicó que “mientras las negociaciones se encuentren abiertas, las partes han acordado mantener un acuerdo de confidencialidad para resguardar la privacidad de las peticionarias así como mantener la una estabilidad en el proceso”.

Ese año, tras varias gestiones, el legislador Redondo logró que le entregaran el borrador de la norma técnica.

Por su parte, el mismo 21 de enero la bancada de Liberación Nacional exigió al mandatario Carlos Alvarado que dé a conocer el borrador de la norma técnica que ha venido trabajando para transparentar la discusión sobre el aborto.

Eco Católico tuvo acceso al borrador de la norma

La propuesta del Ministerio de Salud parte de que el aborto impune constituye una herramienta para la protección de la vida y la salud de la mujer y, por tanto, “su aplicación debe basarse en una concepción amplia de salud, entendiendo esta como un estado de bienestar biosicosocial, tal y como fuera establecido por la organización Mundial de la Salud”, indica el documento del cual Eco Católico tiene una copia.

En el marco de definiciones, especifica lo que se entiende por “situación de peligro para la vida o la salud” (puede provocar la muerte de la mujer o un mal grave a causa de patologías médicas o mentales), pero agrega que quedan “excluidas de esta norma aquellas situaciones derivadas de aspectos emocionales o sociales de la mujer”.

Además, cuando se refiere al acceso al procedimiento indica: “Cuando la afectación de la salud o la vida de la mujer responda a una causa social, el médico tratante deberá emitir una referencia detallada a aquellas entidades estatales con competencia para brindarle la asistencia necesaria en casos de esa naturaleza”.

Según la propuesta, al recomendar el procedimiento deberá realizarse una certificación en el expediente de la mujer considerando aspectos de razonabilidad y proporcionalidad. Esa certificación la emitiría una comisión ad hoc creada para tales efectos por la Dirección Médica, pero si el peligro es inminente, la certificación puede ser emitida por el médico tratante.

La solicitud para el aborto impune puede surgir del médico tratante o de la propia mujer que considere que su vida o su salud está en peligro.

La propuesta indica que cuando se certifique que el producto (el bebé) es inviable (que no sobrevivirá fuera del útero) se permitirá la extracción, pero si es viable “se garantizará la mejor atención posible para conseguir ese fin”.

La propuesta establece plazos para que la comisión resuelva el caso, pero da la posibilidad a la mujer o el médico tratante de solicitar una nueva valoración en caso de una negativa.

“Si usted puede pedir una certificación para ir a un centro hospitalario a que se convoque una comisión para decidir si le pueden hacer un aborto y, si le dicen que no, puede apelar, ya eso no es una emergencia”, opinó la Dra. Sadie Morgan Asch, representante del Colegio de Médicos en el comité técnico que redactó la norma en entrevista con Eco Católico el año anterior.

La médica expresó su preocupación de que la norma se convierta en el primer paso para la legalización del aborto, para ampliar las causales permitidas y que no se tome en cuenta “la evidencia científica sobre la humanidad de la persona en gestación, que hablan, por ejemplo, del dolor fetal”.

Obispos llaman a proteger la vida

Los obispos de la Conferencia Episcopal publicaron un comunicado (página 15 en esta edición) en el que opinan que la decisión a tomar debe estar basada en “el marco normativo constitucional y legal que promueve y protege el derecho a la vida humana desde su concepción hasta su desenlace natural, todo ello en armonía con las más estrictas normas y criterios médicos y científicos”.

Además, piden fortalecer los programas de atención y acompañamiento a las mujeres y familias gestantes. Así como promover programas sociales y educativos que concienticen sobre el valor de la vida humana (artículo 21 Constitución Política) y promuevan el rescate de la familia y el matrimonio (artículos 51 y 52 Constitución Política), en especial dirigidos a las mujeres y a las familias gestantes.

Al tiempo que se asegure la mejor atención médica y social a todas las personas desde su concepción hasta su muerte natural.

 

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