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Especialistas rechazan norma técnica del aborto

Danny Solano Gómez
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A raíz de la pretensión del gobierno de la República de establecer una Norma Técnica del Aborto Impune en Costa Rica diversos grupos sociales han denunciado que detrás lo que se busca es abrir la puerta para la despenalización en el país.

Con argumentos científicos, técnicos y legales, tres especialistas argumentaron en contra del borrador de la norma y de las intenciones de los grupos a favor del aborto. Esto durante un conversatorio realizado en la Universidad Católica el pasado 26 de febrero. 

Los médicos saben qué hacer

“La norma no procede del gremio médico, los médicos siempre han sabido qué hacer en un aborto, en un embarazo en crisis, por ejemplo, un embarazo ectópico”, así de contundente fue el Dr. Alejandro Leal, especialista en genética humana.

Leal precisó que en el Código Penal se habla de Aborto Impune, no de aborto terapéutico. Un aborto –explicó- no puede ser terapéutico ya que no cura, sino que consiste en matar. 

El catedrático de la Universidad de Costa Rica habló sobre cómo las organizaciones proaborto ante la falta de apoyo en la Asamblea Legislativa para lograr sus cometidos buscaron otras opciones.

Según señaló han utilizado dos vías, demandas a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y buscar portillos a través de la interpretación del artículo 121 del Código Procesal Penal.  

De acuerdo con Leal, estas organizaciones proaborto vieron en el término “salud”, incluido en el artículo 121, la puerta que necesitaban. Se apoyarían entonces en el término dado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que entiende salud como “todo bienestar psicosocial de la persona”. 

“Bajo ese término yo podría referirme a situaciones de tipo psicológico, de incomodidad e inclusive se podría asumir situaciones sociales para buscar un aborto”, expuso.

A esto, se le unió el caso de dos mujeres, Ana y Aurora, quienes tuvieron complicaciones en su embarazo y se les negó realizarse un aborto porque los médicos determinaron que sus vidas no estaban en peligro. 

“Son casos lamentables de dos señoras que quizá no se les dio una atención como necesitaban para asumir la situación tan crítica”, aludió Leal, sin embargo fue enfático en que la vida de la ambas no estuvo en peligro y que la idea siempre fue proteger las dos vidas. 

Las mujeres recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se comenzó a estudiar llevar a cabo una demanda. El Gobierno decidió negociar con ellas, “aunque en realidad en el fondo es con el Colectivo por el Derecho a Decidir”, subrayó el expositor. 

Se acordó una indemnización, pero además convinieron como requisito incluir una norma de interpretación del artículo 121 para no continuar con un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Objeciones legales

Manrique Jiménez, doctor en derecho y ex Magistrado Suplente de la Sala Constitucional, hizo un análisis legal del borrador. 

De entrada, el especialista observa que el reglamento choca con el Principio de Reserva de Ley en materia penal, donde “no cabe la reglamentación interpretativa ni mucho menos inventarse a través de conductas administrativas supuestos aplicativos en materia penal, ya sea para crear, modificar o extinguir penas”.

“El Artículo 19 de la Ley General de Administración Pública, dice que el Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales se rige por el principio de Reserva de Ley,  o sea nunca puede ser sustituida una Ley por un reglamento”, aseveró Jiménez. 

Esto -mencionó- se vuelve más delicado cuando se trata de derechos fundamentales “¡Y qué más derecho fundamental que el de la vida”. 

También Jiménez criticó que se pretenda regular la objeción de conciencia, un derecho de todo ser humano, y más alarmante que se intente hacerlo a través de un reglamento. 

“Si un médico en un hospital o clínica pública, si no quiere hacer el aborto el reglamento dice que está en obligación de hacerlo ¿¡Cómo va a decir eso un reglamento por Dios!? Eso es material penal, de legalidad, de tipificidad”, reprochó Jiménez.

También expuso que este borrador “está lleno de conceptos jurídicos indeterminados”, como “racionabilidad y proporcionalidad” o “causa social”. “¿Qué quieren decir con eso?” “¿dónde está eso en el Código Penal?”, cuestionó el abogado.

Otro señalamiento que hizo fue acerca de las comisiones ad hoc que se conformarían en los centros médicos para determinar si se procede con un aborto, pues en principio se dice que estaría conformado por tres y la decisión se tomaría por mayoría, pero se menciona que podría sumarse un cuarto participante si la mujer padece trastornos psiquiátricos, en este caso, “¿quién desempata? ¿quién tiene el voto de calificación?” interrogó. 

“No se puede reglamentar un delito”

La Dra. Sadie Morgan, docente de doctorado de la Universidad de Costa Rica y presidente de la Asociación de Médicos por la Vida inició su exposición hablando de las campañas de desinformación para promover el aborto en el país. 

Mencionó publicaciones donde se asegura que el aborto en Costa Rica es legal desde 1970 pero no se aplica a falta de una norma, un dato falso pues está incluido en el Código Penal en el capítulo de Delitos contra la Vida, únicamente no se castiga cuando se lleva a cabo para salvar la vida de la madre.

Brindó estadísticas que mencionan que hasta un 75% de los abortos se relacionan con causales sociales, razones que pueden ir desde por falta de recursos económicos hasta “afectación del proyecto de vida”.

Informó que en España un 95% de los bebés diagnosticados con Síndrome de Down son abortados y en Estados Unidos se realizan abortos por diagnóstico de labio leporino.

“Inicialmente nos van a decir que es por causas graves, posteriormente cuando nos hemos acostumbrado a los abortos entonces vamos a ampliarlo hasta eliminar a todas aquellas personas que consideremos que no tienen las condiciones para vivir”, sentenció. 

Morgan aseguró que desde Médicos por la Vida proponen mejor acompañamiento integral a las madres con un embarazo de crisis, el fortalecimiento de la medicina prenatal, perinatal y de los servicios de atención, así como denunciar la desinformación sobre el aborto.

 

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