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Pescadores artesanales luchan por su dignidad

el . Publicado en Gran Tema

Laura Ávila Chacón
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Doña Socorro Vega tiene 55 años. Vive en Punta Morales, Puntarenas, donde lidera la Asociación de Molusqueros de su comunidad. Todos los días, desde hace 30 años, recorre los manglares en busca del sustento para su familia.

Con el barro a la cintura, se expone a muchos peligros para obtener las pianguas y almejas que más tarde se disfrutarán en el Paseo de los Turistas y en las pescaderías de San José.

Lo que obtiene por su actividad, 70 mil colones por mes, ni se compara con lo que el intermediario y el vendedor final ganan por comercializar el producto.

Consciente de esta situación, está convencida de que solo con organización y con el apoyo de personas e instituciones se puede sacar al sector de la pesca artesanal del abandono en que ha estado por décadas.

“Yo veo la miseria a diario. Muchas veces solo tenemos pianguas y arroz blanco para comer y darle a nuestros hijos”, relata, sentada con el mar de fondo, en el hotel donde hace dos semanas se realizó el I Congreso Nacional de Pescadores Artesanales, actividad en la cual se expuso con toda claridad la urgencia de un marco legal que reconozca, regule e incentive la actividad en nuestro país.

El evento, como la realidad misma de los pescadores artesanales, fue acompañado por la Iglesia Católica en la persona del Obispo de Puntarenas Monseñor Oscar Fernández, el Obispo Auxiliar de San José y responsable nacional de Pastoral Social Mons. Daniel Blanco, y los sacerdotes Luis Carlos Aguilar, vicario general y Gustavo Meneses, expresidente de Incopesca.

Una ley que sea el marco legal

En concreto, los pescadores artesanales abogan por la aprobación del proyecto de ley 20.750: “Ley general para la sostenibilidad del sector de pesca artesanal de pequeña escala, en el contexto de la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y la gobernanza compartida”.

Igualmente demandan una distribución justa de las licencias de pesca y aprovechamiento de moluscos, pues a su juicio, “es inadmisible que personas que no son pescadoras posean una o más licencias, en detrimento de aquellos que durante toda nuestra vida hemos tenido la pesca como medio de subsistencia”.

En su declaración, dada a conocer en el marco del Congreso Nacional, se pide además la regulación de la pesca artesanal turística y el turismo en manglares, para dar opciones de trabajo decente y formal a los pescadores, de modo que se dignifique su actividad.

Entre otras solicitudes, piden que se instaure un fondo similar al “Pago por Servicios Ambientales”, con el que se le ayude a los pescadores artesanales a seguir desarrollando su actividad bajo parámetros de conservación de los recursos naturales.

Estas medidades deben, a su juicio, estar acomopañadas de líneas de crédito y apoyos financieros para sacar adelante su actividad productiva, así como la inclusion del sector de pesca artesanal como sujeto de ayuda para los decretos de emergencia, cuando sus áreas y formas de vida son afectadas por fenómenos naturales y el cambio climático.

“Mis hijos son molusqueros, pero me gustaría que se superaran. Ser pianguero se trae en la sangre, esa es mi vida, pero ocupamos un permiso que nos permita tener legalidad, y quiza así podríamos tener una mejor calidad de vida”, resume doña Socorro el clamor del sector.

Pobres entre los pobres de nuestro país

Las comunidades de pesca artesanal reúnen trabajadores del mar a lo largo de la costa pacífica y caribe de nuestro país. El sector incluye poblaciones costero-marítimas, isleñas, poblaciones indígenas y afrodescenedientes que viven de la actividad productiva que se deriva del aprovechamiento sostenible del mar.

A lo largo de los años, han logrado un nivel de organización gracias al acompañamiento de instituciones del Estado y de la sociedad civil, incluida la Iglesia Católica, y han emprendido la lucha para salir de la marginación sufrida históricamente.

De hecho, las comunidades de las zonas costeras de Puntarenas, Limón y Guanacaste son, de acuerdo con todos los indicadores socioeconómicos, las que presentan el menor grado de desarrollo en nuestro país.

Según datos del Informe Estado de la Nación 2018, la actividad pesquera y acuícola tiene un peso relativamente bajo en la estructura económica nacional. Sin embargo, “es vital para las comunidades costeras, que por lo general se localizan en zonas vulnerables, donde prevalecen altos niveles de pobreza y pocas fuentes de ingresos adicionales”. 

En el 2017, consigna dicho Informe, se contabilizaron 4.563 trabajadores del mar asegurados (ICT, 2018). Por otra parte, según Incopesca, entre 2003 y 2016 el número de licencias de pesca válidas se redujo, de 3.268 a 1.949. Esto implica que un elevado porcentaje de quienes laboran en este sector, en efecto, opera de forma ilegal. 

Esta realidad la comparte doña Gloria Mayorga, del 59 años, indígena bribri de baja Talamanca, quien cuenta que ante la imposibilidad de hacer de la pesca una actividad que permita subsistir, muchos en su comunidad han cambiado de trabajo y ahora se dedican a labores de campo.

Añadió el hecho de que la pesca artesanal ha disminuido como efecto de la contaminación de los ríos y del mar, principalmente por la actividad bananera.

Iglesia comprometida con su realidad

Monseñor Óscar Fernández Guillén, Obispo de Puntarenas, dijo que para la Iglesia la situación de los pescadores artesanales y sus comunidades no pasa inadvertida, “lo que no podría ser de otra manera, pues tenemos tres diócesis en los territorios de Puntarenas, Guanacaste y la Zona Sur, en los que una gran parte de sus pobladores son pescadores y pescadoras de pequeña escala”.

El obispo se unió a la denuncia por la ausencia de políticas nacionales para desarrollar al sector pesquero y superar los aspectos que llevan a que esta actividad productiva esté marcada por la marginalidad y la improvisación “tales como el asistencialismo, las deficiencias en la organización, la proliferación de intermediarios, las relaciones laborales y comerciales marcadas por la explotación y la discriminación así como la ausencia de financiamiento”. 

Agregó a ello la sobreexplotación del recurso marino, “producto de la ausencia de políticas claras, precisas y eficaces por parte de las instituciones responsables del desarrollo de las comunidades pesqueras”.

Dicha precariedad jurídica se extiende, a su criterio, al derecho a la tierra, pues la ley de la Zona Marítima Terrestre “fue formulada sin considerar la realidad de los pobladores originarios de esta franja de terreno, lo que ha provacado que las gentes del mar vivan como extranjeros en su propia tierra”. 

“El modelo de desarrollo turístico e inmobiliario desmedido, que ha provocado no sólo el desplazamiento de familias de pescadores y hasta de comunidades enteras, sino que, incluyendo el aumento de las concesiones de agua, está provocando serios problemas para el abastecimiento de las comunidades”, aseguró Monseñor.

Ejemplificó con el caso de la comunidad de Dominicalito, en la Zona Sur, donde “la imposición de una cultura que no es compatible con la nuestra desencadena acciones que atentan contra la dignidad de la mujer y de nuestros jóvenes y lleva a nuestras familias a su desintegración, producto de la proliferación de la droga, la promiscuidad y la prostitución, entre los vicios que se apoderan de nuestro entorno costero”.

“Es muy alta la deuda que tienen las ciudades del interior del país: las cuencas de los ríos depositan en el mar toda la basura producida en ellas. Más aún, la proliferación de monocultivos en áreas altamente sensibles por su cercanía a nuestras costas provoca que muchas sustancias tóxicas contaminen nuestros mares”, concluyó.

Colaboró Olman Suárez

Proyecto de ley: fruto de un esfuerzo combinado

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 50% de las capturas de pescado a nivel mundial provienen de la pesca en pequeña escala.

La importancia de este sector es una realidad de la que no escapa Costa Rica, por cuanto estudios demográficos indican que el 60% de la población de las zonas costeras se ve directamente beneficiada por los recursos marino-costeros, siendo que un elevado porcentaje de esta población la constituyen pescadores artesanales.

Por esta razón, el expediente 20.750 que el sector de pesca artesanal demanda que sea convertido en ley de la República, es fruto de un largo trabajo combinado que incluyó la participación de pescadores y pescadoras mediente diferentes talleres de trabajo. 

De marzo a abril del 2017 se llevaron a cabo 5 talleres, uno en Limón, dos en Putarenas, uno en Golfito y uno en Guanacaste. Luego entre mayo y agosto del 2017 se realizaron otros 5 talleres más, uno con pescadores artesanales en Incopesca (Puntarenas), cuatro con pescadores artesanales de Costa de Pájaros, Isla Caballo, Isla Venado (Cigaro y La Florida), y finalmente otro más con la Mesa Indígena y representantes de los pueblos indígenas.

El proyecto reconoce y releva el papel de la mujer en la cadena de valor de las pesquerías de pequeña escala, promoviendo su participación en el desarrollo costero, la organización y el emprendedurismo local y fortaleciendo las capacidades de este sector, que constituye el 50% de las personas pescadoras en nuestras costas y mares.

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