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“El arma de fuego es un catalizador de violencia”

el . Publicado en Entrevista

El país mantiene un debate abierto sobre el número de armas que debe permitirse registrar a cada persona. Un proyecto de ley del gobierno propone que sea solo una, como forma de luchar contra la delincuencia. Sus detractores se defienden asegurando que el problema no son las armas registradas, sino aquellas que se mueven en el lucrativo mercado negro.  

El viceministro de seguridad Eduardo Solano cree que detrás de dicha oposición en realidad hay intereses comerciales que pujan más bien para disminuir las restricciones del Estado a la compra y tenencia de armas.

Laura Ávila
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La Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobó una serie de mociones que según ustedes hacen imposible la reducción de homicidios en el país, concretamente ¿Cuáles son sus objeciones?

Nosotros hemos planteado que para reducir los homicidios hay que utilizar todas las vías posibles para atacar los factores de riesgo. Las armas de fuego tienen un ligamen directo con los homicidios. El año pasado el 68% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego, al igual que la mitad de los delitos contra la propiedad. El arma de fuego es un catalizador de violencia y un catalizador para la generación de otros delitos, ante el cual nuestra actual legislación deja muchos portillos abiertos que dificultan su control. 

¿Cuáles son los puntos medulares de los proyectos de ley que presentaron?

Uno tiene por objetivo crear penas para la tenencia ilegal de armas de fuego que hoy no existen. Lo que sucede es que las personas a quienes día con día les quitamos armas en la calle quedan en la impunidad. Los otros tratan de cerrar los portillos mediante los cuales el mercado lícito está abasteciendo de armas al mercado ilícito, que es la forma en que todos los criminales llegan a tener un arma de fuego. Dentro de ciertas perpectivas que nosotros tenemos, lo que buscamos es reducir la mayor cantidad de armas de fuego circulando. No estamos prohibiendo la portación de armas de fuego a civiles, lo que estamos haciendo es otorgando la cantidad necesaria para  su defensa y es allí donde consideramos que un arma de fuego es suficiente para que una persona pueda ejercer su defensa y esa es la diferencia de criterio que tenemos con los diputados.

Ante este panorama ¿Vale la pena seguir adelante con el proyecto 20.509 que apoya el Ministerio de Seguridad Pública?

Totalmente vale la pena. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con las diferentes fracciones legislativas y soy optimista de que vamos a poder tener el mejor proyecto posible. Ahora, recordemos que el proyecto va más allá de cuántas armas deben otorgarse por persona, pues establece otro tipo de controles y restricciones que también son importantes y que por eso es necesario se conviertan en leyes de la República y nos den más herramientas para nuestro trabajo diario.

¿Existe alguna afectación para los que ya tienen armas o para quienes las comercializan, como se ha afirmado?

No hay ninguna afectación. Las personas que hoy en día tienen dos o tres armas van a poder seguir teniendo la posibilidad de mantenerlas. Estamos estableciendo un transitorio con el cual se les va a respetar la portación que ellos tienen hoy. Lo que queremos es que las personas que hoy no tienen un arma pero quieran en el futuro tener una, tengan la posiblidad de adquirir solo un arma de fuego, esa es nuestra posición, como ve, no afecta a los que ya hoy son portadores de armas de fuego, nada más limita la posibilidad de adquirirla para el futuro para las personas que hoy en día no la poseen. 

En el debate alrededor de la tenencia de armas ¿Qué principios hay que considerar anteponiendo  la paz social y la lucha contra la delincuencia y el crimen?

Consideramos firmemente que Costa Rica tiene una vocación pacifista, dentro de la cual decidimos que la forma en la que deseamos resolver nuestros conflictos es por la vía de la negociación y del diálogo. Consideramos que entre menos armas de fuego existan en el país hay más posiblidad de una convivencia pacífica, porque el arma de fuego no se emplea nada más para la defensa de un ataque criminal, de hecho esa es la menor de las veces en las que se utiliza, hay incluso estudios que determinan que una persona con un arma de fuego tiene mayor riesgo de que esa arma se utilice contra sí mismo o contra algún familiar que contra un criminal, es ahí donde vemos sucesos de niños que manipulan un arma y tienen un accidente, es decir, se convierte en un factor de riesgo enorme.

¿Tener un arma es un derecho?

No, no existe algún derecho ratificado por la Sala Constitucional. Lo que existe es una concesión del Estado que da la posibilidad de que la persona, si quiere y lo considera así, pueda tener un arma para su defensa y precisamente por eso el Estado tiene toda la potestad de establecer controles y limitaciones para que la adquisión de armas de fuego no sea a la libre, sino de una forma regulada y responsable.

Quienes adversan la propuesta, ¿responden a intereses económicos o políticos?

Sin duda alguna hay una relación directa con el interés económico. El mercado de armas es muy lucrativo a nivel mundial, entonces evidentemente se busca que no existan restricciones porque van a verse afectados sus ingresos. Por el contrario, el criterio del Ministerio de Seguridad no está mediado ni por intereses económicos ni políticos, nosotros no vendemos armas, buscamos una reducción de armas de fuego porque las consecuencias impactan socialmente. Hemos visto por ejemplo que del 2013 al 2016 hubo 43 femicidios con armas de fuego y que del 2010 a la fecha, se dieron 300 intervenciones de la Fuerza Pública por casos de violencia doméstica donde se decomisó un arma de fuego, es decir, el arma de fuego también está siendo un factor vulnerable para las mujeres. Nuestro único interés es fortalecer una cultura de paz mediante una regulación responsable de la tenencia de las armas de fuego.

¿A mayor cantidad de armas, mayor cantidad de homicidios y asaltos?

Existe una correlación directa entre la presencia de armas de fuego y los homicidios, por ejemplo, nosotros realizamos el estudio “El estado de la violencia armada”, que es una recopilación de mucha información que tenemos y que nunca se había realizado y uno de los hallazgos es que en los cinco cantones donde hay más homicidios es donde se decomisan más armas de fuego: San José, Limón, Pococí, Alajuelita y Desamparados. Otra correlación directa es que el 68% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego y que de 495 armas que el OIJ decomisó que estaban relacionadas con un homicidio, el 37% estuvo en algún momento inscrito legalmente. Entonces, hay suficiente evidencia que nos determina que hay una correlación entre  las armas de fuego y los homicidios.

¿Los delitos se cometen mayormente con armas matriculadas o ilegales?

De un estudio que hizo la Dirección General de Armamento, que es la que tiene la custodia de las armas de fuego en el país, determinamos que de 9.800 armas registradas con las que se cometieron un delito, 2.023 eran legales y estuvieron inscritas en algún momento. Del resto hay que restar 1.995 porque tienen la serie limada, es decir, no sabemos si fueron inscritas o no y no podemos llegar a una conclusión de si fueron legales o ilegales, aunque tenemos la hipótesis de que eran legales porque si el arma era ilegal, pues no tienen razón para limarle la serie.

¿Qué mensaje le da usted a usted a quienes consideran que a mayor cantidad de armas más seguridad para la población ante el aumento de la delincuencia?

Podría decir que tenemos suficiente evidencia científica en Costa Rica y en el plano internacional que nos demuestra que es falso afirmar que entre más armas de fuego se tengan más seguridad hay en un país. Hay una vasta investigación que demuestra todo lo contrario, es decir, que a mayor proliferación de armas de fuego, mayor violencia tiene una sociedad y eso lo hemos expresado de muchas formas, por ejemplo en los homicidios, en el decomiso de armas de fuego en situaciones de violencia doméstica, en los suicidios, es decir a mayor proliferación de armas de fuego, mayor es la proliferación de la violencia en una sociedad.

En cuanto a las armas sustraídas a los propios cuerpos de seguridad del país ¿Qué se hace para recuperarlas o por lo menos aclarar cómo salieron del control del Estado y sentar responsabilidades?

Hay armas que se le han robado al Estado, es una realidad que no hemos ocultado, por eso hace unos meses aprobamos la última versión del Manual de Armerías, que son reglas mínimas que debe tener cualquier institución pública que quiera tener armas de fuego. Ese es el principal mecanismo para dar seguridad y evitar que esas armas sean robadas. Evidentemente el tema de la prevención es básico. Es un esfuerzo que debemos realizar para evitar que armas legales sigan cayendo en manos del crimen organizado y ese también es un objetivo de los proyectos de ley presentados. 

¿Qué falta en Costa Rica para que se cree una cultura de paz?

Esa es una de las preguntas más complejas. Hay que ver el asunto en dos formas: entender que la violencia tiene causas, causas que son comunes en muchas personas, tenemos que ir a esas causas, a nivel estructural implica asegurar las necesidades básicas de una familia, porque si una familia no tiene aseguradas las oportunidades de educación, salud y empleabilidad, se convierte en una familia que está condenada a la desigualdad, a la pobreza y a la exclusión, eso es un aspecto a trabajar y entender que tenemos que ser solidarios en construir un país que dé oportunidades por igual, que las personas que nacen en exclusión tengan la oportunidad de seguir adelante, porque no es cierto que hoy todas las personas tengan esa oportunidad. Y hay mucho que se debe trabajar también desde los hogares, porque muchas situaciones también se dan por el mal ejercicio de la maternidad y la paternidad. El hogar es la primera escuela que cualquier persona tiene y es ahí donde se debe enseñar la convivencia, los valores, el respeto, la disciplina y el amor, y si los padres de familia fallan en ese esquema de valores, evidentemente vamos a fallar como sociedad. Es un llamado en dos vías entonces, primero construir entornos y sociedades más justas y desde nuestro hogares construir cómo queremos se vea reflejado nuestro país. 

 

 

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