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Desarrollo con justicia social

Los magistrados de la Sala Constitucional no encontraron vicios de fondo ni de procedimiento al proyecto de ley 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, más conocido como el Plan Fiscal.

Allanaron de este modo el camino para su aprobación en la Asamblea Legislativa, confirmando además que solo se necesita mayoría simple para convertirlo en ley de la República.

Como es de esperar, hay sectores que alaban y agradecen la decisión, mientras que otros la rechazan y critican, cada cual con sus argumentos y explicaciones. El tema es que el Estado de Derecho, al que unos y otros se adhieren para defender sus propias posiciones, debe de ser reconocido y respetado.

Así las cosas, el Plan Fiscal transformará de un modo importante algunas facetas de la vida económica nacional y permitirá acceder a recursos que el Ejecutivo necesita para cumplir sus obligaciones inmediatas.

Hay coincidencia de que se trata de un paso que evita, al menos por un tiempo, una crisis económica de gran magnitud, que hubiera disparado el desempleo y la pobreza. Tampoco es la panacea para todos los problemas del país, eso está claro.

Ciertamente el país frenó en seco al borde del abismo, pero está lejos de tener las condiciones necesarias para garantizar una vida digna para todos, y mucho más lejos aún de ser un modelo de desarrollo inclusivo y solidario. Las asimetrías sociales están creciendo, el descontento y el pesimismo son generalizados y la pobreza lejos de disminuir, aumenta sin que nada parezca que pueda frenarla.

Por eso ahora, junto a la Reforma Fiscal, debe de impulsarse con la misma energía y liderazgo una agenda de reactivación económica y debe de mantenerse una estricta vigilancia sobre el gasto del sector público, de modo que haya contraparte con las nuevas medidas e impuestos.

Debe de evitarse a toda costa el despilfarro y una mayor estratificación de la sociedad costarricense a base de privilegios y prebendas que elevan desproporcionalmente el ingreso de unos costarricenses a espaldas de otros. Vendría muy bien una revisión profunda de la estructura del Estado, así como la adopción de métricas que permitan evaluar el desempeño de los servidores públicos.

Evidentemente hay que rechazar también, con determinación, que en momentos en que el sector sindical pasa por una crisis de liderazgo por el fuerte desgaste de la huelga, se pretenda aplastar el movimiento social sin reconocer su relevancia en el ámbito de la justicia social y la lucha por las conquistas laborales históricas.

Es decir, estamos en un momento de la vida nacional en el que se impone la serenidad, el balance y una visión integral de desarrollo y la dignidad humana. No se pueden abandonar los principios de solidaridad sobre los que se sustenta el pacto social costarricense, más bien, es momento para abonar al encuentro y acercamiento entre todos los grupos sociales. Seguir abriendo heridas, remarcando las diferencias y ensanchando la distancia entre unos y otros solo traerá más conflictos.

¿Cómo hacerlo? Renunciando unos y otros a buscar el propio interés en favor del bien de todos, aportando de modo proporcional a la vida en común, rechazando la corrupción, el desperdicio de recursos, la pérdida de tiempo, la evasión de las obligaciones, el lucro desbocado y la violación de los derechos laborales.

Cada quien, desde su realidad y posibilidades, está llamado a aportar para construir la Costa Rica que todos merecemos, un país en paz, con desarrollo, justicia y muy atento a la promoción humana de los pobres y otros grupos en las periferias de la exclusión.

Y con mucha más razón los creyentes, que al inicio del Adviento proclamamos la grandeza del Dios que viene y que se nos ha revelado en Jesucristo su Hijo nuestro Señor. 

Que el reino de bondad, esperanza, alegría y paz que nos vino a traer, encuentre en nosotros cumplimiento y plenitud. Amén.

 

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