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El derecho de huelga en la Doctrina Social de la Iglesia

El pasado martes 3 de setiembre, los diputados aprobaron en primer debate la ley para dar seguridad jurídica a las huelgas en nuestro país. Con 40 votos a favor y 15 en contra, los legisladores cerraron una larga jornada que como se esperaba, reflejó la multiplicidad de posiciones alrededor del tema.

Entre los aspectos que contiene el texto aprobado se incluyen límites de tiempo para las huelgas contra políticas públicas (48 horas) y en el campo educativo (21 días consecutivos máximo o 10 de forma intermitente).

También, quedó plasmado que desde el primer día del movimiento quedan suspendidos los salarios de los huelguistas, a la espera de que un juez de la República determine la legalidad del movimiento. De ser así el patrono está en la obligación de pagar lo adeudado.

Otro aspecto relevante es que aquellos trabajadores de servicios púbicos que decidan ir a huelga deben de hacer antes un aviso a su patrono.

Como era de esperar, la propuesta no cayó bien en el gremio sindical, que amenazó con ir nuevamente a las calles a defender lo que considera es su derecho a la libre manifestación. Hay que recordar que esta ley llega después de convulsos episodios marcados por extensos periodos de huelga (la de los docentes del año pasado duró 89 días) y con serias afectaciones a poblaciones vulnerables, como las produjo el reciente movimiento en la Caja del Seguro Social.

Actualmente, dicho texto de ley se encuentra en consulta de constitucionalidad en la Sala IV, lo cual ha abierto una ventana de tiempo para que sus defensores y sus detractores afinen sus puntos de vista.

En esta coyuntura, es importante no perder de vista el aporte que la enseñanza social de la Iglesia hace en relación al derecho de huelga, pues en buena medida, esta doctrina anima el contenido de la legislación laboral en nuestro país.

En primer lugar, la Iglesia reconoce la legitimidad de la huelga “cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio proporcionado” (CDSI, 663), después de haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades para superar los conflictos.

La huelga es considerada en alta estima por la enseñanza de la Iglesia, que la llama incluso “una de las conquistas más costosas del movimiento sindical”. Eso sí, se recuerda que la huelga, aun cuando aparezca “como una especie de ultimátum” (CDSI, 665), debe ser siempre un método pacífico de reivindicación y de lucha por los propios derechos; por lo que resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común” (CDSI, 666).

Fue San Juan Pablo II, quien en su encíclica Laborem exercens (1981) trató el tema detalladamente reiterando en primer lugar la importancia de la existencia de los sindicatos:

“La defensa de los intereses existenciales de los trabajadores en todos los sectores, en que entran en juego sus derechos, constituye el cometido de los sindicatos. La experiencia histórica enseña que las organizaciones de este tipo son un elemento indispensable de la vida social, especialmente en las sociedades modernas industrializadas” (LE, 20).

Junto a ello, el Papa santo recuerda que “actuando en favor de los justos derechos de sus miembros, los sindicatos se sirven también del método de la huelga, es decir, del bloqueo del trabajo, como de una especie de ultimátum dirigido a los órganos competentes y sobre todo a los empresarios”.

Este es un método legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites. En relación con esto, sostiene la encíclica, los trabajadores deberían tener asegurado el derecho a la huelga, sin sufrir sanciones penales personales por participar en ella: “Admitiendo que es un medio legítimo, se debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo, en cierto sentido, un medio extremo. No se puede abusar de él; no se puede abusar de él especialmente en función de los «juegos políticos». Por lo demás, no se puede jamás olvidar que cuando se trata de servicios esenciales para la convivencia civil, éstos han de asegurarse en todo caso mediante medidas legales apropiadas, si es necesario”, aclara. 

El abuso de la huelga, concluye San Juan Pablo II “puede conducir a la paralización de toda la vida socio-económica, y esto es contrario a las exigencias del bien común de la sociedad, que corresponde también a la naturaleza bien entendida del trabajo mismo” (LE, 20).

Se trata de una iluminación prudente y necesaria, en la que prevalece el legítimo interés social y el bien común. Que su lectura y observación por parte de los actores involucrados, fructifiquen en una actitud sensata en orden al diálogo, la armonía y la paz en nuestro país.

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