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El carácter moral de la regla fiscal

Tras años de inacción, nuestro país corría el riesgo de caer en una profunda crisis fiscal, por el aumento en los gastos y el estancamiento en la recaudación.

Surgió entonces el deber nacional, entendido así por amplios sectores de la población, de crear un nuevo ordenamiento legal para darle al Estado los recursos suficientes a fin de que pudiera cumplir con sus objetivos, orientados a la solidaridad y el bien común.

Hasta aquí todo bien. El proyecto de ley siguió un largo trámite legislativo en el que todos los actores sociales tuvieron la oportunidad de expresarse. Hubo negociaciones y acuerdos, se modificaron aspectos técnicos y porcentajes, hubo exclusiones, inclusiones y mejores definiciones para una mayor claridad.

A todos se pidió sacrificio y esfuerzo, a todos se pidió ceder, de todos se pidió patriotismo y compromiso con el futuro de Costa Rica.

Cuando se tuvo el proyecto posible, no el ideal ni el mejor, los diputados lo aprobaron. El Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se convirtió en ley de la República junto con la famosa regla fiscal, por medio de la cual el gobierno se obliga a sí mismo a controlar el gasto hasta el límite razonable dentro de la deteriorada situación económica nacional.

Entre otros aspectos, la regla fiscal trajo nuevas condiciones para frenar el crecimiento de los beneficios desmedidos que alguna clase de empleados públicos ha tenido históricamente en nuestro país, exagerados, desproporcionados y no correspondientes con la situación que vive el resto de los ciudadanos.

Esta élite de servidores públicos ha recibido beneficios y remuneraciones por encima del promedio de los trabajadores y se han beneficiado de acuerdos y convenciones negociadas en otros contextos históricos, ensanchando la desigualdad que separa en nuestro país cada vez más a las clases privilegiadas de los pobres y aquellos que subsisten en condiciones de miseria.

Son los mismos que hoy enseñan uñas y dientes para aferrarse a esos odiosos privilegios y no apegarse a la regla fiscal, que a la luz del trasfondo humano y social que está en juego, se convierte en un imperativo moral incluso más que legal, de cara al presente y al futuro de nuestra vida en sociedad.

Ahora resulta que ni las universidades públicas, ni los servidores de la salud, ni las altas esferas de la administración de justicia, por citar solo tres grupos, se sienten obligados a ajustarse un poco por el bien de todos, y como si fuera su decisión, rechazan cualquier intento de ordenar la casa.

Lo grave, lo realmente delicado y censurable, es que para lograr sus objetivos se juegue con el bienestar de personas inocentes que necesitan ayuda en su dolor. No es posible que se desatienda un derecho humano básico y fundamental como es la salud para defender beneficios y privilegios privados.

Como tampoco se vale cerrar colegios, botar portones o bloquear las carreteras para doblar el brazo y conseguir exigencias por la vía de la violencia y el irrespeto a los derechos de los demás.

No hay argumentos válidos cuando el bien común está en juego. No hay justificación o berrinche que pueda opacar principios como la solidaridad, el desarrollo y la igualdad social. Nada ni nadie está por encima de la ley.

Ante situaciones como las que hemos vividos las últimas semanas, se desmorona el espíritu sobre el que se construyó la reforma fiscal. Y no solo está en riesgo su aplicación y efectividad, sino que en el fondo se está poniendo en juego la institucionalidad democrática, el ordenamiento legal y la paz social de nuestro país.

Es deber del Estado encontrar la forma para hacer que la regla fiscal sea eso, una regla, y no una medida antojadiza que se toma o se deja dependiendo del capricho y el egoísmo de los jerarcas o dirigentes de turno.

Pero se necesita firmeza, determinación, liderazgo y estricto apego a la legalidad para lograrlo.

 

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