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¿Abolición de la patria potestad?

Un show decadente escenificaron varias instituciones del Gobierno defendiendo con virulencia que las niñas y adolescentes embarazadas puedan comprar nada menos que la llamada Pastilla del Día Después en cualquier farmacia de nuestro país sin el conocimiento ni la presencia de sus padres o encargados.

Hablamos del Levonorgestrel, compuesto químico del que hasta la saciedad se han señalado efectos en el cuerpo de las mujeres que lo ingieren después de una relación sexual, uno de ellos, el más grave, es el llamado efecto antiimplantatorio del óvulo fecundado en el endometrio, con lo cual se causa un aborto.

Pero para algunos jerarcas en temas de la mujer y la salud de este país, este efecto, como los demás efectos secundarios de la pastilla no son relevantes y no es necesario que los padres se enteren de que sus hijas se exponen a ellos al consumirla.

Argumentan la mal llamada salud reproductiva y sexual de las personas menores de edad, y que normas locales avaladas por el Poder Ejecutivo permiten a las personas menores de edad a partir de los 10 años no tener el consentimiento de ninguna persona adulta para obtener métodos de anticoncepción ni información sobre salud sexual y reproductiva. 

En esta actitud irresponsable, inconsciente e incoherente con el deber de proteger a los niños y las niñas lo que no se menciona es que en Costa Rica existe legalmente la patria potestad debidamente consagrada en el Código Civil y en las leyes de Familia.

La patria potestad es una potestad familiar, irrenunciable, intransferible e imprescriptible, temporal, porque se ejerce normalmente hasta la mayoría de edad, relativa, pues no se trata de un derecho absoluto, sino un poder rector en beneficio de las personas menores de edad, no transable, en donde sólo una autoridad judicial competente o la misma muerte del niño o la niña pueden dar fin al mismo.

Se denomina también como “autoridad parental”, que es más acorde con el principio de igualdad de derechos y deberes (situaciones jurídicas en general) de las y los cónyuges, los padres y las madres.

El padre y la madre ejercen la patria potestad, la cual comprende, además de la representación legal y la administración de los bienes de las personas menores de edad, el derecho y el deber de guardarles. 

La patria potestad emana de la situación familiar, es decir, de la relación paterno y materno filial. En otras palabras, para entendernos, los hijos son de los padres, no del Estado, un principio fundamental que parecen desconocer ciertos sectores ideologizados de la función pública del Gobierno de turno al mejor estilo de regímenes totalitarios en otras latitudes.

Nos preguntamos, frente a estas posiciones, ¿por qué calla el Patronato Nacional de la Infancia, como ente rector de la niñez en nuestro país?, ¿el Colegio de Médicos y de Farmacéuticos dejará a su suerte a los regentes y encargados de las farmacias para exponerse a las seguras demandas judiciales que vendrán por vender estos químicos a menores de edad? ¿Saldrán entonces en su defensa las instituciones de gobierno que lo promovieron?

Valga la coyuntura para recordar el papel de los padres de familia en la educación sexual de sus hijos e hijas, especialmente en cuanto a la valoración de su propia autoestima y la capacidad de abstenerse de las relaciones sexuales como una forma responsable y realmente segura de comportamiento.

Y para recordarle a ciertos funcionarios y funcionarias que sus competencias tienen límites, que con los recursos públicos están obligados a observar las leyes, y que cuando cruzan la línea del activismo ideológico desnaturalizan el sentido del servicio público y les llega la hora de renunciar.

 

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